Una serie de desastres han afectado a ciudades chilenas de diverso tamaño los años recientes, comenzando con las inundaciones de 2006 que dañaron severamente a Concepción. Luego, en 2008, la erupción del Volcán Chaitén obligó a la evacuación masiva de los habitantes de la localidad del mismo nombre. El 27 de febrero de 2010, el terremoto y tsunami que devastó a Chile Central se constituyó en una de las mayores tragedias que haya enfrentado el país, especialmente por el número de víctimas, los costos de los daños y las confrontaciones políticas que han acompañado el proceso de reconstrucción.
En marzo de 2012 numerosos asentamientos rurales de la región de Tarapacá registraron lluvias abundantes que produjeron crecidas de los ríos, activación de las quebradas y procesos erosivos de los interfluvios y como consecuencia, aluviones que destruyeron cientos de viviendas. El 01 de abril de 2014, el Norte de Chile fue afectado por un terremoto de magnitud 8,2 que no sólo produjo importantes daños sobre viviendas e infraestructuras, sino que además obligó a evacuar reiteradamente a la población de las ciudades costeras ante anunciadas amenazas de ocurrencia de tsunamis. Por último y cerrando esta seguidilla de sucesos trágicos, el incendio de la interfase rural-urbana que caracteriza la parte alta de los cerros habitados de Valparaíso, ha marcado la culminación de una serie de eventos que han manifestado las difíciles relaciones en que se desenvuelve el medio ambiente de nuestras ciudades, después de años de abandono de la planificación urbana y de inexistencia de una efectiva planificación medioambiental y de planes de gestión de riesgos.
Es relevante examinar las características de estos sucesos en aras de establecer algunos rasgos de semejanza y diferencias entre ellos, fijando especialmente la atención en las relaciones naturaleza-sociedad, Estado y comunidades, ciencia y tomadores de decisiones, que pueden ilustrar sobre algunas falencias no resueltas que deberían formar parte de las agendas de investigación científica de las universidades públicas, como parte de sus particulares misiones, discutidas en estos días como consecuencia de las reformas educacionales propuestas, en especial en el ámbito de la Educación Superior. Entonces, resulta fácil percibir que, como una condición propia del subdesarrollo, las amenazas naturales que provocan los riesgos, son escasamente conocidas.
Se tiene el caso del terremoto y tsunami de 2010, que había sido anunciado en publicaciones científicas especializadas, cuyo contenido, que advertía sobre la localización, inminencia y efectos de un gran sismo, acompañado de un maremoto, nunca fueron conocidos por las autoridades públicas ni mucho menos por las comunidades potencialmente afectadas. La desinformación, falta de conocimientos precisos sobre el origen de los terremotos e inadecuada estimación de los efectos y alcances del tsunami que lo acompañó el 27 de febrero de 2010 constituye sin duda uno de los hechos más vergonzosos de la administración pública del país, que necesariamente debe marcar uno de los puntos de inflexión más significativos sobre la imposibilidad de entregar al mercado la adopción de decisiones, como la ocupación urbana de sitios peligrosos, que tienen que ver con la subsistencia misma de nuestras sociedades.
Asimismo, el terremoto del Norte de Chile, anticipado con fuerza por un verdadero enjambre sísmico y por temblores que obligaron a evacuar las zonas costeras con una semana de anticipación, representó su culminación con el evento registrado el 01 de abril de 2014. Las limitaciones de la capacidad de predicción que caracteriza a las ciencias geofísicas, generó, ante la incertidumbre sobre el alcance del tsunami que lo acompañaría, una gigantesca evacuación de toda la población que habita las zonas litorales desde la frontera norte del país hasta Punta Arenas, es decir a más de 4.000 Km. de distancia del epicentro, en lo que puede ser clasificado como una evidente sobrereacción cuyos orígenes deben ser investigados. Como la población de las ciudades de Arica, Iquique y otras menores situadas sobre la costa fue nuevamente forzada a evacuar sus hogares al día siguiente, es pertinente examinar hasta donde se ha considerado debidamente el efecto demoledor de estas falsas alarmas sobre el estado emocional y tranquilidad sicológica de los habitantes de estas ciudades.
Por último, el gigantesco incendio de Valparaíso ha sido también la culminación de una serie de desacuerdos entre la naturaleza y la sociedad. No es posible negar que los fundamentos topoclimáticos, ecológicos y vegetacionales que explican el origen y difusión de las llamas a lo largo de quebradas- constituidas en verdaderos túneles de viento- no han sido nunca tenidos en cuenta por los procesos de ocupación urbana de dichos paisajes, ni tampoco constituyen insumos significativos en la formulación y operación de los modelos que deberían orientar el accionar de los combatientes del fuego, o la existencia de medidas de prevención tales como la ubicación precisa de los sitios más amenazantes o la simulación de las ondas de difusión de las llamas.
No obstante, el desconocimiento del comportamiento de la naturaleza o más bien la imposibilidad de llegar a conocer con precisión la actuación compleja de miríadas de procesos –lo que implica siempre trabajar con la incertidumbre-, genera en sí mismo una importante fuente de vulnerabilidad, que, sin embargo, puede resultar claramente opacada ante el mucho mayor desconocimiento de los comportamientos sociales, de los cuáles depende esta última, además de los mecanismos y procedimientos de resiliencia, o capacidad de recuperación que puedan exhibir las comunidades locales ante estas perturbaciones estructurales que afectan la normalidad de la vida urbana.
Desconociendo una parte significativa de los procesos ecológicos, meteorológicos, geológicos, sismológicos, hidrológicos o topoclimáticos, ¿Cómo podría ser posible seleccionar las variables y umbrales críticos que debe considerar la planificación ambiental, territorial y urbana de nuestras ciudades antes de autorizar la instalación de la población? ¿Es posible esperar la existencia de respuestas sobre el comportamiento de eventos extremos de la naturaleza si no se ha invertido suficientemente en disponer de los instrumentos, equipamientos y recursos humanos que son requeridos, especialmente en el caso de Chile, un país identificado con la extrema variabilidad de sus paisajes, como consecuencia de su extraordinaria complejidad orográfica, geográfica y ambiental? ¿Es posible exigir a sus autoridades y comunidades un conocimiento mínimo de los riesgos que se enfrentan en la vida cotidiana si éstos no forman parte de la educación obligatoria ni preocupación de sus medios de comunicación? ¿Cuál es la importancia que se le otorga a las amenazas naturales en la formación de los profesionales en las universidades chilenas?
La sucesión de desastres que han afectado a las ciudades del país coloca a las instituciones y a la sociedad en general en un punto de quiebre. No es posible seguir aceptando ocupaciones inadecuadas impulsadas por las urgencias sociales insatisfechas o por especuladores urbanos. Las autoridades públicas deben recuperar el control efectivo de los territorios bajo su salvaguarda. Sin embargo, ello no basta para asegurar que estos sucesos no volverán a suceder. La propia experiencia internacional demuestra que se trata de situaciones complejas y cambiantes, que cada vez generan nuevas amenazas y vulnerabilidades. Los organismos de toma de decisiones deben trabajar mancomunadamente con los centros de investigación científica para encontrar soluciones a los nuevos desafíos que plantea la sustentabilidad del desarrollo urbano, ampliando la resiliencia de las comunidades locales.
La investigación científica es una tarea fundamental para disponer de los conocimientos, originales y comparados, que posibiliten la adopción de soluciones adecuadas a los múltiples problemas que enfrentan las ciudades. Dichas soluciones deben constituir respuestas sólidas y permanentes ante las urgencias, inequidades y frustraciones sociales en que sobrevive una parte significativa de nuestra sociedad urbana. Sin dichos conocimientos, las explicaciones ante los desastres seguirán siendo improvisaciones efímeras, que justifican la falta de responsabilidades políticas e institucionales, haciendo que sirva muy poco el aprendizaje social que se acumula como valioso capital tras cada desastre, que como se ha indicado, poco tienen también de “naturales”.