Con el fin de evaluar la calidad de vida de niños y niñas y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1991, el Observatorio Niñez y Adolescencia integrado por el antropólogo de FACSO, Dimas Santibáñez, quien coordina el Diplomado de Niñez y Políticas, además de organizaciones civiles, entre otros miembros, presentó este miércoles el Segundo Informe “Infancia Cuenta en Chile 2014” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.
Entorno familiar y social, Autonomía y ejercicio progresivo, Salud, Educación, Actividades culturales y de recreación y Derechos y libertades civiles fueron las dimensiones analizadas. Sus resultados demuestran que coexisten dos paradigmas en nuestro país: el desarrollo económico y el desarrollo humano relacionado a su bienestar. “Sin duda en Chile ha predominado la primera visión, cuestión que ha impregnado tanto el diseño de políticas públicas como a sus sistemas de evaluación y, de igual manera, a sus instrumentos para levantar información”, señala el informe.
Al respecto, las condiciones de vida de niños y niñas distan diametralmente entre clases sociales y regiones. Uno de los datos relevantes es que 71% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen ingresos inferiores al promedio nacional, mientras la pobreza de los menores de entre 6 y 13 años es de un 14, 4 en el país, en la región de la Araucanía afecta a un 38,3%.
Dentro de las principales conclusiones que destaca el académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, es que se corrobora la situación de inequidad que vive una importante población de niños y niñas en el país quienes, en consecuencia, son víctimas de vulneración de derechos.
“Uno de cada cuatro niños vive en situación de pobreza. Además, cerca del 65 % de niños y niñas está en el curso que le corresponde a su edad, es decir hay un 35 % restante que va desfasado, lo que implica que han reprobado o retirado de la escuela durante el último año”, detalla Dimas Santibáñez. Por otra parte, el informe “presenta con especificidad algunas expresiones radicales de las inequidades que hay dentro del país, como el caso de un mayor nivel de pobreza en la Región de la Araucanía o la violencia en la región de Aysén”, añade.
Si bien el país ha avanzado en la producción de datos, aún persiste un déficit de información confiable para desarrollar un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones que el Estado estableció al ratificar la convención. “Particularmente en este caso, requerimos contar con información desagregada a nivel comunal y es que solo podemos acceder a datos regionales, permitiendo una mirada global. Las diferencias comunales en una misma región son considerables”, explica el académico de FACSO.
Frente a este escenario, el desafío que la sociedad chilena debe enfrentar, según Santibáñez, es ¿generar las condiciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas y, junto con ello, permitirles convertirse en sujetos protagonistas en el ejercicio de ellos. El propósito del informe es “precisamente, identificar ese conjunto de factores que pueden estar directamente transgrediendo los derechos de los niños y niñas”.
Entre los asistentes a la ceremonia, destacó la presencia de la representante de UNICEF en Chile, Hai Kyung Jun, quien subrayó la importancia de los resultados para el debate actual sobre la reforma educacional y puso énfasis también en que éstos arrojan una brecha territorial y comunal sobre la situación de la infancia.
Un trabajo interdisciplinario y multisectorial
Hace dos años se creó el Observatorio Niñez y Adolescencia, que cuenta con el patrocinio y participación de la UNICEF. Desde su creación, se ha propuesto diseñar e implementar un sistema integral de recopilación y sistematización de datos para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el país. A través de la elaboración de informes anuales también se publican recomendaciones orientadas a indicar cuáles son los principales desafíos que el Estado de Chile debe resolver para producir datos de calidad, confiables y longitudinales.
Un primer informe se hizo el año pasado con datos relativos a la violencia que sufren niños y niñas en el país, a partir de las denuncias derivadas a Carabineros. Cada investigación se basa en la recolección de datos públicos , que luego son sistematizados y analizados por el equipo del observatorio desde la perspectiva del enfoque de derechos. La iniciativa convoca a organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Participan el Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.