En nuestro país, cada año mujeres mueren asesinadas por sus parejas. Como concepto, el femicidio está tipificado en la legislación chilena y se refiere al asesinato de una mujer, cuyo responsable es una persona con la que ha mantenido un vínculo afectivo, siendo la violencia de género un elemento estructural en las relaciones de pareja. Sin embargo, las expresiones de violencia han variado, así como también las relaciones de género, las identidades de hombres y mujeres, la familia, el acceso y el valor del trabajo, la significación de la maternidad, entre otros muchos elementos necesarios a considerar en la sociedad chilena.
A pesar de la “modernidad” en la cual se inserta la sociedad actualmente, la violencia contra las mujeres está lejos de desaparecer, lo que resulta contradictorio con avances declarados en los derechos de las mujeres. Sin ir más lejos, este domingo 21 de Junio se registró el asesinato de Karina Barría, una mujer de 25 años, madre de un niño de 7 años.
Hasta la fecha, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), un total de 21 casos han ocurrido en diversas ciudades de Chile. Cabe recordar que la ley en Chile tipificó como femicidio solo los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, dejando de lado otro tipo de asesinatos o muertes, por razones de género.
Al respecto, la académica del Departamento de Sociología, Prof. Silvia Lamadrid, señala que el término femicidio subraya el hecho de que son mujeres asesinadas “porque de alguna u otra manera no están respondiendo a lo que el orden de género tiene dictado para ellas” y agrega que las razones que los hombres entregan para cometer el delito radican -generalmente- en los celos, es decir, “no estaba siendo fiel o no se estaba comportando como si fuera mi propiedad.
“En la relación amorosa se entiende que el hombre debe administrar los deberes de la mujer. Es una lógica perversa que está instalada”, comenta. Lógica cultural que además genera una serie de dispositivos psicológicos y subjetivos que hacen que los(as) sujetos encuentren en la violencia un medio legítimo de resolución de conflictos, en este caso de pareja, y que refuerzan la desigualdad de las relaciones de poder en las parejas donde uno de los miembros -en este caso los hombres- llegan a considerar que las mujeres les pertenecen, o son responsables de su disciplinamiento cuando estas se han salido de la “norma”.
Falta de empatía y tolerancia hacia el(la) otro(a)
Cuando se desarrolla un espiral creciente de violencia al interior de la vida en pareja, sus causas y consecuencias se pueden explicar desde múltiples teorías como, por ejemplo, la patologización del sujeto, la manipulación de la mujer por parte del hombre, o el tipo de relaciones entre seres humanos. El psicólogo jurídico y académico del Departamento de Psicología, Prof. Elías Escaff, se inclina por esta última ya que al buscar una pareja, se crean expectativas muchas veces poco definidas.
Al comenzar las discusiones, “en vez de sentarse a trabajar sobre ellas y aprender conceptos como la tolerancia y la empatía, simplemente lo que hacen ambas partes es manifestar la rabia, y como no tenemos tolerancia ni empatía, ni claridad respecto de cuáles son nuestros deseos vinculantes -siendo muchas veces incompatibles- se desencadenan relaciones violentas”.
Tras la denuncia, de acuerdo a su experiencia, ocurren numerosas retractaciones ante las cuales el sistema judicial no puede proteger a la víctima de violencia intrafamiliar. En este sentido, el académico enfatiza en la responsabilidad y obligación del sistema en proteger a las víctimas cada vez que denuncian pero también cuando se arrepienten. Lo que no sucede actualmente, es que “el sistema se queda más bien con esta última versión, desestimando la versión original de la denuncia”, afirma.
Hacia un modelo efectivo de intervención terapéutica
Para superar este tipo de casos de violencia, según Elías Escaff, se vuelve indispensable desarrollar un proceso terapéutico para analizar y superar casos de violencia, el psicólogo El académico señala que hay que trabajar sobre cuáles son las percepciones que se tiene el uno del otro, indagar en el concepto de empatía y cuáles son las reacciones que las personas tienen frente a actitudes agresivas.
“Parece que el encarcelamiento o una pena privativa de libertad para los hombres no son la solución”, señala, por lo que se han intentado implementar estrategias de intervención conductual. Escaff ha participado en la elaboración de un modelo en el Ministerio Público, donde en vez de seguir un proceso regular y condenarlo con pena aflictiva, se le realiza una suspensión condicional del procedimiento, “es decir como sanción se establece el tratamiento”.
Durante seis meses o un año se informa al tribunal cómo evoluciona el paciente, considerando que en varias ocasiones –tras el cumplimiento de la condena– el maltrato físico o psicológico persiste sin solucionar efectivamente el problema.
Medidas insuficientes en igualdad de género
Frente a dinámicas de violencia física y psicológica entre miembros de una pareja, el Sernam destaca la aplicación de ley de Violencia Intrafamiliar (ley 20.066) del año 2005 como mecanismo que protege a las “mujeres del maltrato que afecte sus vidas o su integridad física o síquica al interior de la familia o al interior del matrimonio”, y que deberá ampliarse a las distintas formas de violencia, más allá del contexto familiar.
No obstante, la normativa no protege a juicio de Lamadrid, “sólo sanciona, pues proteger implica que haya un aparataje público, además de una cultura distinta”, apela. En los últimos años han aumentado la cantidad de campañas contra la violencia de género, que contribuyen a repudiar y deslegitimar este tipo de acciones.
En la misma línea, según la Prof. María Elena Acuña, académica del Departamento de Antropología y especialista en temas de género, en materia de política pública se ha avanzado poco en protección de las mujeres. Tras la creación de la ley 20.066, no ha habido muchos cambios culturales “y es claro que las leyes de por si no cambian los sentidos y significados que los(as) miembros de una sociedad han construido y legitimado sobre, en este caso, la violencia contra las mujeres”.
Para abordar este tema, añade la investigadora, es necesario “ponerse en todos los lugares y pensar cómo las instituciones sociales contribuyen a crear un dispositivo social que valida las formas de violencia contra las mujeres desde la escuela, el consultorio, los tribunales, etc.”. Además de analizar y proponer una discusión sobre el rol de los medios de comunicación, donde en muchos de sus contenidos las mujeres siguen siendo representadas como objetos para el goce masculino, por tanto se vuelven “apropiables, disciplinables y desechables”.
“Nuestro Estado no ha hecho esfuerzos serios y sistemáticos por generar cambios, que se plasmen a largo plazo, y ha insistido en continuar con medidas cuyo éxito se mide en la tan cuestionable cobertura, más que en su capacidad de transformar las relaciones de género”, apela.
La acción social como estrategia de cambio
Diversos cambios suscitados en la sociedad chilena en materia de igualdad de género se han debido a acciones sociales según Lamadrid. Los cuestionamientos hacia la violencia contra la mujer comenzaron a fines de la dictadura militar y se ha transformado en una lucha constante hasta la actualidad.
El Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo, se creó en 1991 porque “hubo un movimiento de mujeres que demandó la creación de organismos que velaran por una mejora en las condiciones de vida de las mujeres”, recuerda Lamadrid. Por otro lado, las discusiones que hoy se dan a nivel parlamentario sobre el proyecto de ley de aborto terapéutico provienen de consignas también levantadas por las propias mujeres.
El pasado 03 de Junio, un centenar de personas marcharon por el centro de Santiago contra los femicidios. Con el hashtag #niunamuertamas se organizaron movilizaciones a lo largo de todo el país, como Arica, Iquique, Copiapó, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. La iniciativa surgió Argentina por una serie de crímenes de género, y se extendió a Uruguay, Brasil, México y Chile, con el fin de adoptar medidas urgentes que detengan los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.
Tal como lo señalaba el hashtag, según Lamadrid la preocupación gravita no en que aumente o disminuya el número de femicidios sino en el hecho mismo de que sean asesinadas, sumado a que muchos de los agresores son hombres jóvenes, “pues se podría esgrimir que si está cambiando la sociedad, se supondría que los más jóvenes están menos ligados a esta lógica de dominio”.
Lo que hay que hacer, en sus palabras, es ayudar para que las mujeres sean capaces de reaccionar. De hecho, antes las mujeres se demoraban un promedio de siete años en denunciar, lo que actualmente ocurre mucho más rápido.
La discriminación por género se trata de un fenómeno “psico-socio-cultural” donde hay elementos sociales y culturales fuertemente arraigados, por lo que según Escaff se torna necesaria una “formación cultural para difundir conceptos de igualdad, de respeto por los derechos y de poner límites también por parte de las mujeres. En ese sentido, hay una gran tarea preventiva de educar a la gente, cómo se relaciona uno no sólo con sus padres sino que también en la relación de pareja y con sus grupos sociales, con el fin de erradicar la violencia en la resolución de conflictos”.