El Senador Universitario, Prof. Juan Carlos Letelier, fue invitado a conversar en el programa radial Educación en el Aire acerca de la Propuesta del Senado Universitario para la Reforma del Sistema de Educación Superior, elaborado y aprobado por unanimidad el 13 de agosto pasado, por el órgano normativo triestamental, cuando él era su Vicepresidente. El texto fue entregado el pasado 20 de agosto al Ministerio de Educación, frente a la convocatoria que realizó el gobierno a las instituciones de educación superior, para presentar ideas en torno a la reforma.
El Prof. Letelier, uno de los impulsores de este documento, aseguró que el texto es incluso mucho más pertinente hoy que entonces. "Estamos viviendo una época crucial. Interesantemente, sobre la Ley de Educación Superior, que iba a ser ingresada y que se suspendió, el único documento oficial que yo conozco es el documento del Senado. Porque mucha gente habla, pero nadie se ha dado la molestia de hacer algo", dijo el Senador Letelier.
Los fundamentos de la propuesta
Sobre los fundamentos de la propuesta, explicó que el documento plantea la Educación Superior como un derecho social y que un sistema de educación superior tiene que ser de calidad.
"La calidad tiene que ver con algo de seriedad. Estos sistemas de educación superior en todo el mundo movilizan enormes recursos que afectan la vida de millones de personas. Entonces, esto tiene que ser hecho con una seriedad como la que implica las políticas de salud, de gestión de desastres naturales, las de defensa", manifestó el profesor de la Facultad de Ciencias, quien agregó que esa seriedad "en Chile no ha existido en los últimos 40 años".
Como principal cuestionamiento, el Senador Letelier manifestó que las leyes creadas en la época de la dictadura, en 1981, transformaron a las universidades "en una especie de quinto medio", y le quitaron al Estado "el deseo de hacer acciones estratégicas".
"El resultado de esto es que efectivamente nos han querido convertir en fábricas de diplomas. La Universidad de Chile, por su tamaño y tradición, no se ha convertido en eso, pero hay universidades privadas que lo son", indicó.
Cuestionó también el sistema de acreditaciones universitarias que comenzó hace unos años en el país. "El sistema de acreditación hasta hace poco era coludido. De hecho, hay gente en el sistema de acreditación antiguo que está bajo una investigación criminal", dijo el profesor. En relación a ello, sostuvo que existe un área de gran importancia en las universidades y que no es obligatorio acreditar, como es la investigación, por lo que muchas universidades se transformaron en ese "quinto medio", sin realizar investigación.
Por ello, en la propuesta el Senado dice "que el Estado financie todo el sistema, privadas pre 81, post 81, todo. Pero que las universidades sean. Si tiene la palabra universidad en su nombre, tiene que ser algo donde exista la reflexión filosófica, donde exista la creación artística, donde exista la investigación y el desarrollo tecnológico. Si no, no son universidades", afirmó el Senador Letelier.
La propuesta del Senado Universitario
En resumen, la propuesta instala como idea central que sin investigación, una institución no puede considerarse como una universidad propiamente tal. Además, el texto destaca que la Educación Superior es un derecho social, que debe satisfacer requisitos muy exigentes de calidad, que se requiere una verdadera regulación para el sistema, que las comunidades deben participar y, tajantemente, que no debe haber instituciones que tengan fines lucro.
Asimismo, recalcan la labor que debe tener el Estado para con sus instituciones, algo propio de todas las sociedades modernas. Por ello, llaman a que se debe recuperar el sentido e importancia de la educación pública, a la vez que se debe construir una Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Estatales.
Finalmente, al abordar el tema del financiamiento, el documento sostiene que se debe generar un cambio de paradigma, que vaya desde un Estado que compite como proveedor de servicios de Educación Superior a uno que garantice un derecho social a través de sus instituciones, a la vez que establece condiciones precisas para que agentes privados puedan contribuir en esa misma labor.