El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, anunció que junto al Senado Universitario se realizará un seguimiento legislativo a lo que ocurra con la Reforma a la Educación Superior que se tramita en el Congreso, así como para mantener informada a la comunidad universitaria sobre lo que ocurra en este proceso.
"Creemos necesario colaborar activamente en la proyección del trabajo para este año. Una proyección que diga relación con el análisis de la iniciativa legal, seguimiento y eventual apoyo a las instancias superiores de la universidad en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto", dijo Harasic en la ceremonia donde se entregó el informe del Comité Institucional para la Reforma a la Educación Superior (CIRES) al Rector Ennio Vivaldi.
Añadió que "para ello, nos comprometemos a colaborar conjuntamente con el Senado Universitario, en el diseño e implementación de los mecanismos necesarios, tanto para hacer un seguimiento legislativo sobre educación superior como para mantener informada a la comunidad académica y a la ciudadanía al respecto".
Cabe señalar que el seguimiento del proceso legislativo lo realiza el Senado Universitario desde que la reforma ingresó al Congreso, y que ahora se profundizará con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
La ceremonia se realizó el pasado 13 de marzo, ocasión en que el CIRES entregó el informe que elaboró en el marco del proceso “La Chile Piensa la Reforma” al Rector Vivaldi, ocasión en la que estuvieron presentes autoridades, funcionarios y estudiantes que participaron de los debates que se realizaron entre julio de 2016 y enero de 2017.
Entre las autoridades que entregaron el documento están el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés Araya, la Senadora Universitaria Mercedes López y el Decano de Derecho, Prof. Davor Harasic.
La Senadora Universitaria Mercedes López, miembro del CIRES junto al Vicepresidente del Senado Universitario, Juan Carlos Letelier, y los Senadores Claudio Gutiérrez, Daniel Burgos y Ariel Grez, se refirió a la síntesis de resultados del proceso, donde destacó el "el pluralismo, la transparencia y pertinencia fueron los principios que acompañaron las discusiones transversales y locales".
Mercedes López habló acerca de la creación de una Red de Instituciones Estatales que promueva la movilidad, tanto académica como estudiantil y financiera, el trabajo colaborativo de las entidades del Estado, respetando la autonomía de las instituciones.
Asimismo, destacó las principales propuestas para la Reforma que realizó la comunidad universitaria, entre los que se cuentan la "necesaria e imprescindible inclusión de mecanismos que permitan la participación vinculante de todos los actos sociales involucrados en el proceso", "la necesidad de restructurar el sistema de educación superior en todos sus niveles, distinguiendo entre los sistemas público y privado, en términos de su naturaleza y rol" y la "eliminación de cualquier tipo de financiamiento a la demanda, voucher, o créditos bancarios, acabando así́ con el endeudamiento de estudiantes".
Añadió que los recursos del Estado deben dirigirse prioritariamente a fortalecer la educación superior estatal "conformando y financiando, a través de aportes basales, un Sistema Estatal que constituya el pilar básico del Sistema Nacional de Educación Superior".
Una ley para las universidades estatales
El Rector Ennio Vivaldo, a su vez, valoró que hoy "estamos discutiendo y debatiendo, cosa que no se ha hecho en Chile por décadas", al mismo tiempo que planteó que nuestra universidad, "en estos momentos, tiene que entrar en una reflexión profunda en que la comunidad se pronuncie y tenga una actitud de gran unidad y convicción en torno a lo que estamos proyectando".
Además, el Rector se refirió al actual proceso legislativo en materia de Educación Superior. Explicó que si bien "nuestras propuestas tienen que ver con la totalidad del sistema universitario, porque entendemos que el sistema universitario constituye una totalidad, ha surgido recientemente el desafío de que vayamos a generar una ley para la educación pública. Nosotros pensamos que ese es un desafío que no podemos eludir".
"Si hay una voluntad del parlamento, del gobierno, de que se trabaje una ley para las universidades estatales, nosotros vamos a estar ahí sin lugar a dudas. Y gran parte del trabajo de esta comisión que hoy día estamos entregando apunta precisamente a redefinir lo público", dijo el Rector Vivaldi agregando que desde "la U. de Chile con las universidades estatales, vamos a liderar un proceso que termine en un proyecto de ley que podamos defender".
En esa línea, sobre los aportes que la U. de Chile puede hacer en el marco del proceso legislativo, el Decano Davor Harasic planteó que es "necesario colaborar activamente en la proyección del trabajo para este año, una proyección que diga relación con el análisis de la iniciativa legal, seguimiento y eventual apoyo a las instancias superiores de la Universidad en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto", todo esto, partir de mecanismos de seguimiento, organización de más debates, indicaciones, entre otros.
Dentro de estos mecanismos, el Senado Universitario, junto a la Facultad de Derecho, realizará un seguimiento legislativo a la Reforma a la Educación Superior que actualmente se tramita en el Congreso Nacional.
Los resultados del proceso
Los profesores, estudiantes, funcionarios y egresados, que debatieron en las distintas instancias del proceso, se manifestaron en un 62 por ciento de manera total o en su mayoría, en desacuerdo respecto de diversos articulados del proyecto de ley. Así, consultas sobre el proyecto asociadas al financiamiento de la Educación Superior, visión sobre las universidades estatales o gobierno universitario alcanzaron cifras de desacuerdo entre el 71 y 81 por ciento. Mientras que áreas como transparencia, fiscalización, educación técnico profesional o educación universitaria son los que mostraron más apoyo de parte de los participantes con cifras cercanas al 40 por ciento.
El análisis, que ponderó la representación de ideas a partir de un programa estadístico que cruzó datos y transformó opiniones en códigos comparables con el texto del proyecto de ley, dio luces de los caminos que la comunidad propone respecto a los cambios que debiera tener la iniciativa. Así, en términos globales, un 70 por ciento de los participantes manifiestan no estar de acuerdo con la visión de sistema que plantea el proyecto. Igualmente, se plantea como prioridad planificar la matrícula y la oferta educacional "en concordancia con las necesidades del país y los intereses de la Nación".
Entre los datos del informe, que se encuentra disponible en línea, los participantes –que distinguen entre los sistemas público y privado en términos de su naturaleza y rol– solicitan que se incluyan en el articulado herramientas que fortalezcan la educación pública y a las universidades regionales con una mirada de país.
Estos resultados devienen de un proceso inédito en la Casa de Bello que permitió a sus distintos estamentos compartir y debatir opiniones respecto al proyecto de ley que hoy se encuentra en el Congreso. Con la intención de potenciar la participación y generar un espacio de diálogo permanente durante el proceso, se creó una Comisión Asesora especial conformada por los organismos centrales universitarios y los organismos representativos de los estamentos.
El proceso contó con una guía de discusión que dividió el análisis del proyecto en 12 grandes temas, puestas a evaluación por la comunidad a partir de distintas modalidades de encuentros y sus resultados divulgados a través de una plataforma pública y de acceso general.