Columna de opinión

Nuevo Código de Aguas: Hacia una modernización en la gestión de los recursos hídricos

Opinión: Hacia una modernización en la gestión de recursos hídricos
Fernando Santibáñez es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura.
Fernando Santibáñez es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura.
La escasez de agua, el cambio climático y la rigidez de nuestro Código de Aguas podrían amenazar la intención de Chile de ser una potencia exportadora de alimentos, señala el académico.
La escasez de agua, el cambio climático y la rigidez de nuestro Código de Aguas podrían amenazar la intención de Chile de ser una potencia exportadora de alimentos, señala el académico.
El profesor Santibáñez propone un Código de Aguas más flexible, que no sólo asigne el agua a quien tiene la capacidad de pago, sino que considere también factores como la equidad y la conservación.
El profesor Santibáñez propone un Código de Aguas más flexible, que no sólo asigne el agua a quien tiene la capacidad de pago, sino que considere también factores como la equidad y la conservación.

Dentro de los grandes problemas que enfrentará la humanidad en este siglo, el agotamiento del agua dulce será el más importante. Su escasez será cada vez mayor, ya que su disponibilidad está ligada a los cambios en el ciclo hidrológico que está produciendo el calentamiento global. Es por esto que la conservación, el acceso y la administración de este recurso han tomado relevancia a escala global.

Este tema ha adquirido especial urgencia a nivel nacional debido a que somos uno de los países donde el cambio climático presionará negativamente el acceso al agua, fenómeno que podría amenazar la intención de Chile de ser una potencia exportadora de alimentos durante este siglo.

En este contexto, el actual Código de Aguas que rige en nuestro país rigidiza y limita la gestión del agua. Le entrega al Estado la facultad de transferir a usuarios el usufructo de un recurso cuya disponibilidad es incierta y cambiante. Esto ha creado crisis insostenibles como las del Valle de Petorca y varias otras análogas, donde no se tomaron debidamente en cuenta las interconexiones que se establecen entre usuarios del agua en las distintas secciones de una cuenca.

Corregir el régimen legal de los derechos ya otorgados, es difícil y podría crear un ambiente de inseguridad incompatible con proyectos de inversión agrícola de largo plazo. De todas formas, la lección tiene que ser aprendida, pues el país deberá hacer grandes inversiones en crear nuevas fuentes de agua, como son los más de 20 embalses que están proyectados, las carreteras hídricas, la inyección de aguas subterráneas, los proyectos de cosecha de agua a microescala e incluso la desalación del agua marina. Todas estas acciones generarán agua cuyo régimen de uso deberá ser regido por un código más flexible, que no sólo asigne el agua a quien tiene la capacidad de pago, sino que incorpore otras consideraciones igualmente importantes como la equidad social, la conservación del patrimonio viviente del país y el debido resguardo al principio de que el ejercicio de unos intereses no afecten al de otros.

Cuando el Estado entrega el derecho de usufructo es a un usuario que da garantías de que hará un uso racional y beneficioso para toda la sociedad, este derecho no puede ser objeto de posteriores transacciones en un mercado, no olvidemos que el agua es constitucionalmente un bien de uso público, de modo que si un usuario proyecta dejar de usarlo, sólo podría transferirlo a otro usuario que garantice la continuidad de su uso en las mismas condiciones que originaron la concesión, o bien, tendría que devolverlo a la entidad que otorgó el derecho para permitir a otros postular a su uso. Ese es el espíritu de toda concesión, tal como se recoge en la mayor parte de las regulaciones en países desarrollados.