El pasado 4 de Julio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, se realizó el seminario de formación “Desafíos Actuales de la Convivencia Escolar: en el marco de la Ley Aula Segura”, organizado por el Programa Equipos de Psicología Educación y Sociedad.
En este ocasión expuso Pablo Valdivieso, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, el cual desde su formación de Psicólogo nos habló acerca de la acción de convivir como acto intrínseco a los seres humanos, reflexionando acerca del rol que posee la escuela como institución en donde conviven y confluyen distintos actores sociales -estudiantes, docentes, directivos, padres, apoderados-.
El otro expositor fue el profesor a Erick Carafi, académico de la Universidad de Santiago de Chile, el cual desde su experiencia de trabajo en escuelas nos interpeló a pensar sobre el sentido pedagógico del conflicto en la escuela, reflexionando sobre la pertinencia y usos de los reglamentos escolares como herramienta punitiva que transciende el sentido pedagógico en la formación de personas y ciudadanos.A este encuentro asistieron distintos trabajadoras/es de la educación -docentes,psicólogas/os, académicas/os, apoderadas/os, entre otras/os- lo que contribuyó a reflexionar y problematizar desde su práctica y cotidianidad la Convivencia Escolar,
y junto con ello, a los mecanismos coercitivos que se están instalando dentro de laeducación chilena; la Ley de Aula Segura.
Es por esto que a modo de síntesis expondremos algunas de las ideas, intervenciones conclusiones y reflexiones que surgieron en el encuentro:
Primero, es necesario precisar que no existe un solo tipo de convivencia, por el contrario, existen diferentes tipos de convivencia escolar como diferentes tipos de establecimientos educacionales. Por lo tanto, es importante que cada establecimiento educacional elabore su propio manual de convivencia en conjunto con la comunidad educativa. Por otro lado, pero siguiendo con lo mismo, es primordial como actores educativos ampliar las nociones de justicia y disciplina para procesar los conflictos que susciten dentro de la escuela, con medidas que vayan más allá de lo sancionatorio y punitivo. Debemos abrirnos a medidas reparatorias, retributivas, compensatorias y restaurativas para procesar los conflictos que se producen dentro de la escuela, es decir, concebir medidas de convivencia que eduquen y no dividan, que permitan recomponer la comunidad y no atomizarla más.
Por otro lado, en relación a la Ley Aula Segura, es importante que como actores educativos a favor de la educación pública tomemos una posición al respecto, ya que medidas como ésta abiertamente coartan la participación política de los/as estudiantes. Esto hace que la ley termine siendo más una herramienta para criminalizar el movimiento estudiantil que para abordar efectivamente el problema de la violencia(s) en la escuela. En consecuencia la Ley Aula Segura universaliza el problema de la violencia escolar, estandarizando las medidas a todas las escuelas chilenas, en donde claro está, todos los establecimientos educacionales se desarrollan en contextos diferentes, heterogéneos, con diversas problemáticas y condicionantes. Siguiendo con esto, no se puede ignorar el hecho de que muchos actos de violencias denunciados ocurren en establecimientos educacionales de precarias condiciones de infraestructura y también pedagógicas; y por más que la intervención psicosocial es necesaria y pertinente, no podemos hacer caso omiso a las problemáticas estructurales que hay detrás.
Por último, En esta coyuntura es fundamental retomar el camino de la democratización de las escuelas. Hoy tanto el consejo escolar, como los consejos de profesores, se encuentran burocratizados y carecen de legitimidad. Es necesario, entonces, recuperar el sentido democrático-pedagógico de las escuelas para esto es fundamental fortalecer la organización de las/os actores educativos, de las/os estudiantes, como las de las y los profesoras /es y apoderadas y apoderados. Sin organización no hay verdadera deliberación. Debemos reconstruir la autoridad del saber pedagógico y la legitimidad de la escuela como un espacio de construcción de derechos.