Pueblos indígenas, inmigrantes, mujeres y minorías sexuales son grupos que históricamente han sufrido discriminación en Chile. Considerados minorías (aunque en realidad, no todos lo son) hoy tienen la oportunidad de aportar para que una eventual nueva constitución no perpetúe la desigualdad. Sobre ello dialogaron tres representantes en la Mesa redonda “Una nueva constitución para un Chile diverso”, organizada por
Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, señaló que los pueblos indígenas que han habitado el territorio de manera ancestral y previa a la formación del llamado Estado chileno, han sido “reconocidos de manera bien precaria”. Asegurando que el Estado se instaló por la fuerza y con la idea de formar una sola nación, donde la igualdad está sustentada en la homogeneidad, “vino a invisibilizar a todos aquellos que formamos parte de estos pueblos, que fuimos considerados salvajes, que no aportábamos a los ideales de la construcción de esa nación nacida de esta lógica moderna, racionalista, del pensamiento occidental, sino más bien fuimos obligados a formar parte de este proyecto, teniendo que abandonar nuestras formas de vida, nuestros sistemas de representación política, nuestras formas de relación económica, nuestros valores, formas, saberes, cosmovisiones”.
De acuerdo al Censo, los pueblos indígenas en Chile representan el 13% de la población y, señaló Figueroa, comparten gran parte de las demandas que hoy han aparecido en el movimiento social, entre ellas la desigualdad, inequidad, la oposición a un modelo basado en la acumulación de capital, y la pobreza. “Somos de los sectores más pobres de la población, tenemos peores indicadores de salud, educación, y por lo tanto, en esta lógica de compartir las mismas demandas hoy aparece un elemento diferenciador para nosotros, las nuestras tienen un añadido: que nunca se han reconocido nuestros derechos colectivos, sino que por derecho internacional hemos podido avanzar en ciertos reconocimientos”, dijo.
“Al igual que para nosotros, para el pueblo de Chile (el proceso para una nueva constitución) es un proceso nuevo también. Es la primera constitución que sería discutida de manera participativa”, sostuvo la académica. “En ninguna constitución anterior ha habido un reconocimiento de pueblos indígenas, nunca ha habido una constitución que siquiera establezca la existencia de una diversidad, por último cultural, mucho menos desde el concepto de distintas naciones. Eso lleva a que tengamos distintas expectativas de cómo se va a definir en la constitución y cómo va a ser nuestra participación ahí”, agregó.
La idea de los pueblos indígenas es que el nuevo pacto se base en la plurinacionalidad. “Para nosotros el Estado de Chile, si nos vamos a la Constitución, capítulo 5, establece que la soberanía recae en la nación chilena, en esta idea homogénea de nación donde tenemos determinados símbolos, lengua, modelos, formas y valores. Pero nosotros decimos que llegó el momento de que el Estado reconozca que en este territorio habitamos múltiples naciones”, señaló.
El acuerdo actual por una nueva constitución no establece cuota de género ni para pueblos indígenas, lo que aún está en discusión. Figueroa señala que debería asegurarse entre un 10 y 15% de representantes para pueblos indígenas, “deberíamos poder establecer cómo hacerlo”, dijo.
Mujeres y migrantes
Sobre la posición de los inmigrantes, Jorge Martínez, investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) de Cepal, señaló que la condición de sujetos de derecho tiene que ser transversal en la Constitución. “Bajo ninguna condición se puede negociar si las comunidades son o no sujetos de derecho”, enfatizó.
El investigador de Celade destacó un estudio realizado por Cepal que concluyó que la abrumadora mayoría de la población latinoamericana tiene ingresos bajos y que ello, de alguna manera, condiciona factores estructurales para la emigración. “Lo que tenemos en estos países es un verdadero cóctel para la emigración”, dijo. Agregó que Chile no forma parte del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de la ONU y que las iniciativas de la actual gobierno sobre migración, implementadas a partir de abril de 2018, “tenían gravemente una especie de intención desviadora de la atención”.
Asimismo, señaló que una nueva constitución con foco en DDHH es la oportunidad para poner a todos como sujetos de derecho y para que Chile esté obligadamente a cumplir los pactos internacionales. “Las exigencias que el Estado chileno tiene que cumplir son las del siglo XXI. En Chile se ha tendido a homologar la inclusión con personas en situación de discapacidad, cuando el tema de la inclusión es mucho más amplio, en el mercado laboral, en la salud, las pensiones, y eso es una discusión que debe llevarse adelante, va a ser una tarea titánica”, indicó Martínez.
Finalmente, la egresada de Derecho de la Universidad de Chile y activista feminista, Sofía Brito, señaló que es importante darse cuenta que hoy las identidades disidentes, los pueblos indígenas, las mujeres y quienes no se identifican como parte de una clase privilegiada, son la mayoría en el país, “que sale a las calles, a desbordar las instituciones, los partidos políticos, el sistema político y lo que se consideraba ‘democrático’, y que en las últimas semanas está demandando una nueva constitución que acabe con el pacto dictatorial”.
Para Brito, el acuerdo actual para una nueva constitución tampoco se constituye con las organizaciones sociales que están demandando mejoras en su calidad de vida. “Corre el riesgo de ser un nuevo pacto social que mantenga subyugado el contrato sexual, que es un acuerdo que mantiene la situación de subyugación o categoría inferior a mujeres e identidades disidentes. Principalmente lo que hemos abordado las feministas es la posibilidad de una participación realmente democrática en las instituciones de gobierno, sin embargo, eso no se menciona en ninguna parte de este acuerdo, no hay una real posibilidad de que exista paridad de género todavía, no hay nada acordado respecto a eso. Que la paridad no sea solo en la postulación al cargo, sino en el resultado de la elección, así como tampoco existe una real mención a pueblos indígenas o identidades disidentes que puedan tener cuotas de participación, cuestión que se ha hecho en todas partes del mundo y que tiene una tendencia a validarse”, aseguró.
Si no hay representatividad, dijo Brito, “se corre el riesgo de que la nueva constitución sea hecha nuevamente por quienes han construido las constituciones en Chile toda la historia, al final de cuentas una clase privilegiada, que asegura sus propios privilegios”. Advirtió también que los ⅔ de quórum pueden llevar a la creación de una constitución mínima, lo que es retroceder a estados constitucionales del siglo XIX, en los cuales había solo derechos civiles y políticos. “La tendencia internacional hoy es avanzar hacia derechos económicos, sociales y culturales, incluso colectivos y, aón más, derechos del agua, de la tierra, incorporando las cosmovisiones indígenas que justamente son parte de esos territorios”, subrayó.