El Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile rechaza y condena la acción que puso en peligro la vida de un joven arrojado al río Mapocho constituyéndose como un evento traumático que dejará secuelas en el adolescente, su familia y la sociedad que ha sido testigo.
Este hecho se suma a una serie de situaciones de violencia sistemática ejercidas contra niños, niñas y adolescentes desde el comienzo del estallido social de octubre de 2019 y que, pese a las observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, no se han adoptado medidas que reestructuren en profundidad la institucionalidad de la policía con un enfoque de Derechos Humanos.
Observamos con preocupación la delicada situación en la que encuentra la protección y el ejercicio de los derechos de la niñez, particularmente aquellos que establecen el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de reunión pacífica, donde a la luz de los hechos acontecidos no existen garantías claras de que las instituciones públicas encargadas de velar por la prevención, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes estén cumpliendo a cabalidad con el rol que les compete, toda vez que no se observan señales que condenen lo sucedido o se propongan medidas de reparación para las víctimas.
La violencia ejercida sistemáticamente contra niños y jóvenes, en contextos de manifestaciones, es una situación inaceptable que no puede seguir sosteniéndose sin transformar a las instituciones encargadas de velar por los derechos de la niñez. Es imperativo recodar que en la historia de las políticas públicas de protección a la infancia de nuestro país ha prevalecido un enfoque basado en el control, la exclusión y el disciplinamiento alejado de los principios de un enfoque integral de derechos.
Al cumplirse en Chile 30 años de la ratificación de la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, el Estado de Chile mantiene una deuda histórica con el cuidado y la protección de la infancia que se manifiesta en la ausencia de una Ley de Garantías y la falta de reconocimiento constitucional de niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de sus derechos.
Instamos al Estado de Chile y a la sociedad en su conjunto a comprometerse en el resguardo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, sin relativismos o formas de justificación de la violencia proveniente de agentes del Estado. Sin un respeto irrestricto por los derechos de la niñez no sólo no será posible avanzar en la construcción de una sociedad democrática y justa, también ponemos en riesgo los vínculos sociales y el sentido de comunidad tan necesarios en un momento de transformación social.