Conmemorando un año más de la muerte de Daniel Zamudio, asesinado el 27 de marzo de 2012 tras un ataque homofóbico, el Área de Diversidad Sexual y de Género de la OEI, con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, invitó a representantes de la sociedad civil al foro “¿Es efectiva la Ley Antidiscriminación para disidencias sexuales y de género?”.
La conversación contó con la presencia de MatiVal Cortez, activista, asesor jurídico de OTD (Organizando Trans Diversidades Chile) y egresado de derecho de la UChile; Constanza Valdés, activista trans y feminista, integrante de diversas organizaciones sociales y candidata a Constituyente por el Distrito 7; y Matías Marín, miembro de Cevvih (Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH).
Inició la actividad la vicerrectora de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Sonia Pérez Tello, saludando la instancia, reconociendo el deber de nuestra casa de estudios con “una continuidad en la reflexión, en el compromiso y en el trabajo de temas tan importantes como el de género y de disidencias sexuales. Esperamos que estos análisis vayan alimentando la forma que tiene nuestra Universidad de poder visibilizar, evaluar y observar los procesos de relaciones tanto culturales como normativas que permitan que nuestro buen vivir y nuestro buen trato esté basado en un enfoque de derechos tal como corresponde”.
El diálogo fue moderado por Margarita Bustos Castillo, coordinadora del Área de Diversidad Sexual y de Género de la OEI, quien recordó parte de la historia de la Ley 20609, la que fue aprobada en julio de 2012, tras estar 7 años en el Congreso. Hoy, las reformas propuestas por el Ejecutivo se encuentran en primer trámite en el Senado.
La noción de discriminación arbitraria, el enfoque que tiene en Chile, las críticas principales, los avances y retrocesos de las reformas propuestas, y la experiencia comparada en los distintos países, fueron algunos de los tópicos que abordaron les invitades.
Para Matías Marín, miembro del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, lo primero que se debe reconer es la amplitud del conflicto: “Me gustaría mencionar que la discriminación es una problemática social que debemos comprender desde una perspectiva estructural dentro de la sociedad y no como un caso individal, como lo plantea la Ley Antidiscriminación, que se centra todo en el caso de Daniel Zamudio, pero que es una ley que debiera comprenderse como un órgano que viene a resolver una problemática estructural y es claro que se no se ha hecho de esa perspectiva”. Idea que se vio reforzada por lo planteado por MatiVal Cortez, activista y asesor jurídico de Organizando Trans Diversidades: “Desde OTD creemos que el principal problema de la Ley Antidiscriminación es que entiende a ésta como un problema entre privados, como un problema de carácter civil entre privados y no como un problema público que se resuelve con políticas públicas (...) Entonces es necesario transitar hacia una comprensión que entienda que no solamente cuando hablamos de discrimación es crímenes de odio o insultos, sino que es en general la existencia de un sistema, de un régimen político, que promueve una cisheterosexualidad obligatoria. Enfrentar este sistema político sólo se logra con incidencia contracultural, lo que desde el Estado solamente se va a poder generar a través de instituciones que tengan el financiamiento suficiente para poder enfrentar este tipo de discriminaciones”.
Por su parte, la activista trans y feminista, Constanza Valdés, asegura que “no solamente tenemos un concepto de discriminación al que se le agrega la palabra arbitraria”, sino que la ley establece que “me tienen que haber vulnerado, privado o perturbado otro derecho fundamental en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Y no solamente eso, la Ley establece además una suerte de excusa en la realidad, de que si existió una discriminación y fue en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales esa discriminación se va a considerar no arbitraria y por ende una distinción razonable o algo que tiene mucha razonabilidad. Entonces cuando empezamos a analizar esta Ley y también lo que significan las variables de por qué se avanzó de esta manera, al final del día a lo que vamos a llegar es que nunca hubo un interés político, y sobre todo porque tampoco ha habido una comprensión, históricamente, sobre los derechos humanos, respecto a la importancia que tiene avanzar en sancionar la discriminación pero también prevenirla (...) En ese sentido tenemos una ley que no conecta con la realidad, que no conecta con los conceptos correctos de discrimación, pero además no conecta con lo que significa la Ley”.
Entre las principales críticas, Matival Cortez recordó que esta Ley jerarquiza los derechos, establece sólo tres meses para su invocación, exige un nivel altísimo de pruebas y no reconoce distintos tipos de discriminación, “como si lo hace la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación que es un tratado internacional que nace bajo el alero de la Organización de Estados Americanos, que actualmente solamente ha sido ratificada por México y Argentina”, y que Chile sólo ha suscrito.
A estas críticas se sumaron las mencionadas por la candidata constituyente, quien puso énfasis en las cifras existentes desde su promulgación: “Entre las estadísticas que podemos manejar, en general en nuestro país se han presentado cerca de 350 acciones de discriminación en los últimos ocho años y de esa cantidad aproximadamente un tercio llega a la instancia final y de ese tercio muy pocos llegan a una sentencia condenatoria. Y eso ejemplifica que es una ley que tiene muy poca efectividad y que en estadística es una ley mala, especialmente a la acción de no discriminación. Y si nos metemos en el detalle, en materia de disidencias que es el tema de este foro, en materia de orientación sexual solamente se han acogido cuatro acciones de no discriminación. Y en materia de identidad de género hay dos. Entonces viendo esas estadísticas se ve que tiene muy poca efectividad”.
Matías Marín, recordó los problemas que han tenido las personas que viven con VIH durante toda la pandemia, los que por cierto “no resuelve esta ley”. Para esto, puso su caso como ejemplo: “Yo no tengo control médico desde diciembre de 2019 y los controles deberían ser cada seis meses. Y bueno, qué podría hacer yo frente a eso: si me preguntas por qué no haces una denuncia por la ley antidiscriminación diría ”para qué´”. Problemas que se han visto muy expuestos en el actual proceso de vacunación. “Y últimamente lo que ha sucedido con ésta y las personas que viven con VIH lo demuestra. Si revisan redes sociales se podrán enterar que a la mayoría de las personas se les vulneraron sus derechos, se les vulneró por la Ley del Sida en cuanto a la confidencialidad del diagnóstico, porque así lo establece la ley, porque cuando las personas que viven con VIH fueron a vacunarse en la mayoría de los servicios le decían: Ok, pero ¿cuál es tu diagnóstico? Y aún cuando habían personas que mostraban un certificado médico o una receta, les volvían a insistir para que mencionaran su diagnóstico”.
Finalmente la coordinadora del Área Diversidad Sexual y de Género de la OEI, Margarita Bustos Castillo, valoró el nivel de discusión, lo que “generó un espacio formativo relevante para la Comunidad Universitaria y para la sociedad civil, abordando el proceso de los cambios urgentes que requiere esta ley para tornarse efectiva ante casos de discriminación, las barreras que han impedido la mejora/el rediseño de esta, la importancia de la formación de las instituciones del Estado en materia de discriminación y derechos humanos y acciones que propendan a la prevención de las violencias LGBTIfóbicas, serofóbicas, la estigmatización, etc.”