1. Reiterar nuestro apoyo al Proyecto Bicentenario JGM.
2. Precisar que la aprobación e implementación de dicho Proyecto no afecta ni compromete otras acciones orientadas al fortalecimiento de la Universidad de Chile, o del Campus JGM en particular. Así, por ejemplo, ni se contrapone, ni entra en conflicto con iniciativas relativas al AFD o al 'nuevo trato' que busca nuestra Universidad de parte del Estado con todas las Universidades Estatales.
3. Precisar que el Proyecto Bicentenario JGM representa una oportunidad para la necesaria realización de inversiones, que permitan implementar los diversos proyectos de desarrollo institucional ya existentes,
destinados a beneficiar y potenciar tanto las Carreras como los Departamentos y Facultades del campus JGM. Por tal razón, los académicos compartimos la idea que el aporte financiero institucional debe ser el menor posible, y que la inversión que involucra debe orientarse a dotar al campus de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de nuestras disciplinas. Por lo que consideramos que tal aporte constituye realmente una inversión, que acrecienta el patrimonio de la universidad, y no necesariamente una deuda.
4. Manifestar que el cuestionamiento de determinados aspectos de dicho Proyecto de ninguna manera constituye argumento suficiente para medidas de fuerza que suponen la ocupación de espacios universitarios públicos por parte de un sector de la comunidad universitaria.
5. Compartimos la necesidad de solicitar con urgencia al Consejo Universitario y al Senado Universitario el aumentar el presupuesto basal anual de nuestra Facultad; revisando los criterios de distribución históricos aplicados en la Universidad y solicitando al Ministerio de Educación un aumento del Aporte Fiscal Directo a las Universidades del Estado. Ambas medidas son imprescindibles para que la revitalización de nuestras disciplinas sea realmente sustentable, y para que el Convenio Bicentenario no pueda ser malinterpretado.
6. Al mismo tiempo nos llamamos a nosotros mismos, como comunidad, a asumir el desafío de responsabilidad que requiere el realizar una gestión adecuada, eficiente y transparente de los recursos públicos que administramos, para responder de forma más comprometida a la solución de los problemas nacionales que nos convocan desde nuestra disciplina.
7. Por último, asumimos la tarea de reflexionar y pronunciarnos sobre las temáticas que involucra la actual crisis del sistema educativo chileno, especialmente de las escuelas y universidades públicas, y el debate sobre la Ley General de Educación.
28 de mayo/ 2 de junio 2008