La prof. de la Facultad de Derecho, Nancy Yáñez, junto al investigador Matías Meza participaron del Seminario Internacional "Los desafíos de la implementación del Convenio 169 en Chile" con ponencias en distintos paneles de discusión. Ambos son integrantes del Observatorio Ciudadano (la prof. Yáñez es co-directora), entidad que participó de la organización de este evento.
El Seminario se realizó el 5 y el 6 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales -UDP- y estuvo organizado además por el Centro de Derechos Humanos de la misma entidad, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche y la Oficina Regional para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Entre los presentes al evento se encontraban organizaciones sociales del país, invitados nacionales e internacionales -entre ellos Víctor Abramovich, Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para Pueblos Indígenas y académicos, investigadores y estudiantes de distintas universidades.
Ponencias
El día 5 de octubre la prof. Yánez expuso la ponencia "Participación, consulta y consentimiento en el marco de proyectos de inversiones en territorios indígenas", inscrita en el panel "Los contenidos del convenio 169 de la OIT: perspectivas".
Igualmente, el día 6 de octubre la prof. Yáñez presentó el trabajo "Aplicación del Convenio 169 en la jurisprudencia internacional", en el panel "El Convenio 169 y el derecho internacional de los derechos humanos", ocasión en la que la académica se refirió al contexto en el que se han generado nuevas normativas a favor de los derechos indígenas.
"Observamos por una parte una globalización económica y por la otra una globalización de los derechos humanos que se sigue dando por la adopción de una serie de instrumentos internacionales que han hecho un reconocimiento progresivo sobre el derecho de los pueblos indígenas, en distintos ámbitos, pero en particular en el ámbito del ejercicio de derechos colectivos", aseguró la prof. Nancy Yáñez.
Por su parte el investigador Matías Meza presentó el día 6 de octubre el trabajo "El estatus jurídico del Convenio 169 de la OIT en el sistema normativo chileno" en el panel "Implicancias del convenio 169 en el ordenamiento jurídico interno". En el evento, el investigador se refirió al desafío que implica esta ratificación tanto para el Estado de Chile y para los pueblos indígenas, como para la sociedad chilena, de "replantear su relación con los pueblos originarios que habitan el territorio de manera de avanzar en la construcción de una democracia plural e intercultural, que permita el ejercicio de los derechos de todos sus miembros".
Además, el investigador se refirió a la trayectoria que ha tenido el derecho de los pueblos indígenas en instancias de derecho internacional. Junto a esto, Matías Meza habló sobre los pasos a la tramitación que el Convenio 169 tuvo en nuestro país antes de su ratificación. En relación a esto, el integrante del perfil de investigación señaló que es de esperar "que tanto las autoridades políticas como la sociedad civil chilena se tomen en serio el desafío y avancemos a paso decidido hacia la democratización y pacificación de nuestra sociedad".
Convenio 169
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), nacida en 1919, comenzó a trabajar sobre el tema en 1921, año en que la entidad realizó un estudio sobre la realidad laboral de los indígenas, concebidos en ese tiempo como "poblaciones" no como "pueblos". Luego, tras varias acciones como la creación de comisiones de expertos y convenios previos relacionados sobre los indígenas, en 1989 es aprobado el Convenio 169, entrando en vigencia en 1991.
En Chile el Convenio 169 fue ratificado tras 17 años de tramitación legislativa, convirtiendo a nuestro país en el veinteavo Estado en revalidarlo en el mundo y el treceavo en América Latina. Este acuerdo es el único tratado internacional dedicado específicamente a los pueblos indígenas, por ello es de gran importancia para el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales, sociales y culturales.