Se reconoce que el actual sistema de acreditación ha logrado introducir y consensuar la necesidad y conveniencia de que la acreditación sea parte del quehacer propio de un sistema transparente y exigente en calidad. Sin embargo, el actual sistema dista mucho de cumplir con las expectativas originales. Se le critica que la única diferenciación del sistema de acreditación sea por tiempo (periodo de acreditación), llegándose al absurdo de acreditar por tan solo un año, lo que probablemente explica por qué no han logrado resultados suficientes; además existen serias dudas sobre conflictos de interés por parte de los entes acreditadores. Por otra parte se evidencia un uso confuso de la información sobre acreditación por parte de las instituciones universitarias en su publicidad. Por esto se estima necesario cambiar la actual Ley de Acreditación para perfeccionar el sistema actual en base a los ejes siguientes:
1) Instituciones acreditadoras: La acreditación de la calidad debe ser una función que cumpla una institución del Estado, su delegación a instituciones privadas ha generado cuestionamientos al sistema actual, como conflictos de interés y valores elevados por le servicio, que no aportan a la confianza del propio sistema.
2) Obligatoriedad: Toda institución de educación, y en particular la educación superior, debe estar acreditada al menos en los niveles mínimos de las escalas que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) defina, de manera de asegurar estándares básicos de calidad a todos los estudiantes que cursan una carrera profesional o un grado académico.
3) Niveles de calidad: El sistema actual no establece una escala adecuada de calidad de la educación y de la institución que se acredita. Se requiere una escala, por ejemplo de cuatro niveles: insuficiente (no acredita), suficiente, buena, excelente, de manera que informe más adecuadamente los niveles de calidad de cada institución y carrera, tanto para una mejor información a la sociedad como para una más focalizada aplicación de la política pública.
4) Fiscalización: Se requiere que el sistema de acreditación sea fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior, de manera de controlar conflictos de interés y garantizar que los procesos se atengan a las normas.