En el marco de las actividades que el Doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, Ricard Vinyes está desarrollando en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile en su calidad de Profesor Visitante y del proyecto sobre construcción de memoria pública que está realizando junto a la académica del Departamento, Prof. Isabel Piper, el lunes 11 de junio se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales el coloquio internacional "Memoria Política y Cultura".
La actividad tuvo como invitados a la Doctora en Antropología y Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Ludmila Da Silva Catela, y a la Doctora en Historia de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil, Caroline Silveira, y tuvo como objetivo dar a conocer la forma en que esos países han elaborado la memoria colectiva respecto a casos de violaciones a los Derechos Humanos.
España
El prof. Vinyes explicó que en su país, si bien ha habido reparaciones a los afectados y/o sus familias, el Estado no ha establecido ningún tipo de política pública que gestione esos temas.
"En 2007, el Gobierno de Zapatero aprobó una ley sobre memoria histórica pero es más bien una ampliación de las reparaciones hechas hasta entonces, que ha mantenido el modelo español de impunidad y ha expresado el miedo de las elites políticas a tratar de tema", sostuvo.
El historiador planteó, incluso, que la mencionada ley ha producido una suerte de privatización de la memoria, toda vez que la somete a la esfera privada y le niega la posibilidad de crear un espacio público de diálogo. "Las trayectorias individuales se vuelven incomprensibles porque la persona no logra situar la historia de su vida en la historia de su país", aseguró, agregando que un reflejo de ello es el hecho de que muchas personas no han contado -ni a sus familias- lo que sucedió en el país, estando incluso en democracia.
"Y eso no era olvido, sino silencio. Es decir, estamos frente a un escenario que rompe los lazos entre individuo e historia, y entre responsabilidad y política, lo cual es grave, pues reduce los ciudadanos a clientes y, por tanto, a meros electores, siendo que la memoria debiera ser un derecho civil".
Argentina
El caso del país trasandino, según Ludimila Da Silva, podría resumirse en la vivencia de tres etapas que han marcado la construcción de memoria.
"La primera fue el retorno de la democracia, que se caracterizó por la búsqueda de los rastros del horror y la demanda de juicio y castigo; la segunda se relaciona con los 20 años del inicio de la dictadura, caracterizada por el surgimiento de pequeñas memorias y sus marcas y por una política oficial de borradura; y, la tercera, se da a partir de 2003, con el Gobierno de Kichner. Ahí llega el periodo de las memorias monumentales y la creación de instituciones de memorias como archivos, memoriales, centros culturales. Las memorias que por años fueron subterráneas pasaron a ser reconocidas y tomadas como ejes de políticas públicas", resumió.
"Esto, sin embargo, no puede llevarse adelante si no es con el compromiso de la sociedad civil y con la validación de los grupos afectados por el terrorismo de Estado. Se debe considerar el uso que hacemos de las políticas públicas. Ahora, el desafío de los lugares de memoria es no tornarse brazos burocráticos del Estado sino más bien en instituciones que no pierdan su autonomía, que militen críticamente, que puedan discutir y oponerse a la indiferencia con la cual se gestan muchas políticas, que sean espacios que no pierdan la humanidad y que incorporen demandas de otros grupos sociales", añadió la experta argentina.
Brasil
Caroline Silveira, en tanto, planteó los problemas que ha creado en su país el largo proceso de transición marcado por "los dos demonios", vale decir, la búsqueda de reparaciones de parte de las víctima del Golpe de Estado y los intentos de los militares por olvidar parte del pasado y condenar solo las muertes que ellos sufrieron.
"Por muchos años no hubo política pero luego surgió una ley en la que el Estado asumía la responsabilidad por los crímenes y promovía la reparación monetaria a las víctimas", explicó, añadiendo que si bien esa ley pudo haber sido buena, tenía varias ambigüedades y fallas respecto a la condena de los crímenes y la reparación a los afectados.
"Solo se consideraba muerte o desaparición con responsabilidad de Estado si el crimen era cometido en alguna institución del Estado...si el crimen había sucedido en la calle, no era responsabilidad del Estado", comentó como ejemplo.
Silveira añadió que aún, hoy en día, pese a los avances que se están haciendo en el país, el desarrollo de políticas de memoria están afectadas por una sumisión de gobierno civil al poder militar.