El jueves 6 de junio la Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados del Simce de Inglés, prueba compuesta por un test auditivo y otro de comprensión lectora que tiene como puntaje máximo 100 puntos. En promedio, los escolares chilenos lograron cumplir solo con 49 puntos, es decir, el 18% de los 185 mil estudiantes de tercero medio que rindieron el test logró el nivel satisfactorio, mientras que el 82% demostró que no posee las habilidades mínimas para comunicarse en el idioma anglosajón.
Fue por esa razón que desde Educación 2020 se preguntaron "¿Hasta cuándo seguiremos midiendo el aprendizaje de los estudiantes únicamente con pruebas estandarizadas? ¿Continuaremos evaluando a todos los colegios con la misma vara siendo que las condiciones son totalmente distintas?
Carlos Figueroa, investigador de políticas educativas de la institución dijo en el programa "Educación en el Aire" del Senado Universitario que "los resultados específicos de la prueba de inglés es algo que se veía venir, ya desde el primer test del año 2010".
Además agregó que "si uno mira los resultados del Simce de lenguaje o de ciencias sucede lo mismo. Entonces ¿en qué idioma van a escuchar que nuestro sistema educacional está pidiendo un cambio a gritos?".
De los tres niveles que se manejan para cumplir con el currículo de inglés A1, A2 y B1 (siendo este último el más alto), 8 de cada mil estudiantes del primer quintil, el más pobre, obtiene el B1, mientras que 840 de cada mil estudiantes del quintil más rico logra la calificación.
"Hoy las condiciones no están para enseñar inglés", expuso Figueroa, "porque los jóvenes más vulnerables tienen peores condiciones de infraestructura, menos acceso de profesores de calidad, escasez de recursos en el sistema municipal, entonces no saber el idioma es un impedimento que se agrava por las condiciones desfavorables en todo sentido", señaló.
Sin embargo, la diferencia entre los colegios del Estado y los particulares subvencionados casi no tienen porcentaje de diferencia en sus resultados.
También subrayó que "es necesario fortalecer una carrera docente que ponga al profesor en el centro del aprendizaje”. “En nuestra hoja de ruta para avanzar en calidad, inclusión y educación pública al 2020, dijo el investigador, hemos propuesto que se realicen pruebas de ingreso y egreso de las carreras de pedagogía y salud, porque éstas trabajan directamente con la formación de las personas".
Sobre las políticas públicas, Carlos Figueroa explicó que hay dos que se están realizando: "una del año 2003, llamada 'Inglés abre las puertas' donde se han invertido unos 50 millones de dólares y se pretendía lograr el nivel B1 en todos los estudiantes de tercero medio. Era una apuesta grande, pero no ha tenido un gran impacto".
José Valenzuela de la Agrupación Estafados por el Corfo: "Con el crédito se está castigando el esfuerzo de las familias y el derecho a la educación".
El pasado jueves 6 de junio la Agrupación de deudores Estafadas por el Corfo interpuso una demanda en contra de 25 ex ministros de educación y economía para exigir una indemnización de 48 mil millones de pesos por los intereses usureros que tuvieron que cancelar para financiar sus estudios.
José Valenzuela, Delegado Región Metropolitana de la Agrupación de Estudiantes Estafados por Crédito Corfo, señaló en Educación en el Aire que ellos tienen una realidad adversa hace años. "Desde 1994 se están entregando estos créditos y hemos tenido que pagarlos casi tres veces su valor", explicó.
Además sostuvo que éste "fue otorgado por una triangulación que se hizo desde la misma empresa, que entregó dineros fiscales a bancos privados para pasárnoslo con la intención que pagáramos hasta un 70% de interés (desde el 8.9 o 14% del pago de intereses en 15 años)".
Según el dirigente la respuesta que dio el gobierno "es insuficiente, puesto que el beneficio de la baja en la tasa de interés al 2%, solo permitió acceder a 25 mil deudores de los 106 mil. Lo anterior porque se aplicó una medida de estratificación que contempla hasta el noveno decil, siendo que quienes pedimos el crédito es la clase media", reclamó Valenzuela. Y añadió "aquí se está castigando el esfuerzo de las familias y el derecho a la educación".
Ante la pregunta ¿Por qué su demanda sería estafa y las otras deudas no? Valenzuela explicó que hay intereses usureros en cobros y tratados internacionales que Chile ha vulnerado. "Hay un acuerdo, llamado Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga al Estado en el artículo 2 a tomar medidas inmediatas y no impostergables para lograr gradualmente la gratuidad de la educación secundaria y universitaria. Eso no se ha respetado", sostuvo.
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