IV.2.4 Renovar la política Universitaria del Estado (El Mercurio, Junio 1996)
"La acción del Estado en educación superior cumple un importante rol social, no simplemente sustituible por la pura acción del mercado. La discusión contingente se relaciona con las formas en que el Estado debe intervenir en este sector como un conjunto, particularmente en relación a las universidades subsidiadas. Una mejor regulación, una política transparente y objetivos de largo plazo son objetivos fundamentales para mejorar la política universitaria del Estado, mientras que, en el caso de las universidades subsidiadas, lo clave es una clara normativa de evaluación por resultados.
Tres elementos son fundamentales en una política universitaria del Estado:
(1) Definición de un marco global de política que oriente la intervención del Estado en cuanto a equidad y eficiencia, y sobre los "bienes -meritorios" que justifican la existencia de subsidios públicos en las distintas áreas del saber;
(2) Una política regulatoria sobre todo el sistema universitario que contenga reglas del juego en relación a calidad mínima, evaluada sobre parámetros conocidos que puedan informarse transparentemente a la comunidad usuaria;
(3) En el caso de las universidades subsidiadas, una normativa sobre financiamiento basada en la evaluación de resultados esperados y en políticas de control de gestión e impacto en equidad, que excluya la posibilidad de que el subsidio público sirva sólo para producir servicios privados o para crear áreas de duplicación dentro del sector universitario estatal.
Estos elementos permitirían normar al sector universitario como un conjunto, propendiendo a eliminar o reducir las desigualdades prevalecientes. Por ejemplo, permitiría que las universidades puedan competir por recursos en base a excelencia académica, no restringidas por ataduras administrativas. Además, daría acceso a la competencia por recursos, en base a calidad y evaluación de resultados, a todas las universidades, y no sólo a las públicas o a ciertas universidades privadas. Por último, permitiría que en el caso de las universidades que reciben subsidios directos, junto con un claro establecimiento del propósito que ha animado el subsidio estatal, exista una evaluación de resultados alcanzados.
Un mejor marco regulatorio es un factor particularmente crítico en el caso de las universidades públicas. La crisis en que ellas se desenvuelven actualmente, se traduce en una poco eficiente gestión, pobre direccionalidad de los subsidios hacia las áreas elegibles, ausencia de estándares en relación a calidad y resultados, y déficits de financiamiento para la inversión. Tras estos síntomas subyace la falta de regulaciones apropiadas y de una política explícita de Estado en torno al sector: Tal ausencia reduce los incentivos para un mejor desempeño, y constituye un ambiente inapropiado para desarrollar nuevos proyectos de inversión, resultando en inequidad, deterioro creciente en el trabajo académico vis-a-vis la competencia privada, bajas remuneraciones de los académicos de excelencia, y ausencia de efectivas estrategias de desarrollo. Por este camino, se llegará en el largo plazo a universidades estatales más "populares", con énfasis en una potencial movilidad social, pero con una calidad formativa inferior y pobre desempeño en investigación, haciendo prevalecer el sector privado subvencionado y el autónomo una hasta ahora creciente diferencia en resultados económicos y académicos.
Una mejor gestión de las universidades es importante como objetivo de una mejor regulación del sistema. En el caso de las universidades estatales, la imposibilidad de reasignar recursos de manera compatible con una dinámica realidad económica, científica y tecnológica, a la cual la universidad debe responder como parte de su tarea, se ha derivado de la ausencia de un marco administrativo jurídico moderno y flexible. En ellas ha prevalecido una excesiva centralización y ausencia de mecanismos para premiar la mayor efectividad y eficiencia académica, junto a crecientes problemas financieros. A todo esto se suma la ausencia de planes de desarrollo que planteen a las instituciones universitaria en un sentido estratégico con metas e inversión concordantes. Una regulación que promueva responder por resultados deberá ser un incentivo para tener una mejor gestión, mientras que deberá restablecerse para que exista una sana competencia basada en calidad de la produccción académica.
El problema de financiamiento de las universidades estatales y de las privadas con subsidio fiscal directo, tampoco es ajeno a las necesidades de una mejor regulación. En efecto, la regulación debe orientar la gestión hacia la evaluación de resultados, y focalizar los subsidios por la parte docente en los estudiantes. Esto requerirá explicitar los objetivos de la política del Estado, especialmente en cuanto a las áreas de trabajo universitario que el Estado deba mayormente apoyar con su política, y el condicionamiento de los recursos a la obtención de ciertas metas preestablecidas. A su vez, la regulación y los nuevos esquemas de asignación resolverían sobre nuevas bases las justificadas demandas financieras de las universidades estatales, permitiendo que este sector se convierta en un efectivo instrumento de movilidad social y de contribución al crecimiento del país. El subsidio fiscal no será así una razón para obtener menor competencia sobre la base de calidad y excelencia, e introduciría pautas para elevar la responsabilidad por el adecuado manejo de los recursos públicos en términos de cumplir con los objetivos que busca la sociedad. La política de financiamiento deberá complementarse con una política de alianza estratégica para que el Estado invierta en Universidad con un sentido estratégico, única forma de garantizar calidad y sostenibilidad en un contexto de largo plazo".