IV.3.7 ¿ Privilegios? (La Época, Agosto de 1997)
"Muchos enemigos de la Universidad de Chile sostienen que ésta tendría "privilegios" en el tratamiento que actualmente recibe por parte del Estado. Hay quienes, al interior de la Universidad, también levantan voces contra tales "privilegios", entonando un discurso más proclive al ambiente externo, y por tanto más "realista" para las decisiones internas. Pero, ¿estamos seguros sobre tal favoritismo ?; ¿existe realmente ese sesgo en la política para dar un trato injustamente desigual favorable a nuestra primera universidad?
Sin entrar a materias presupuestarias, y sin aludir a la pérdida de "privilegios" que significó la expropiación de patrimonio de la Universidad de Chile en los ochenta, la idea en comento se refiere a cuestiones de principios.
El financiamiento estatal se justifica en el apoyo a la excelencia académica, en actividades que constituyen beneficio público presente o futuro. Por ello, se debe ser cuidadoso para hablar de "privilegios en un sentido tan liviano como se ha hecho hasta ahora.
La excelencia académica de la Universidad de Chile manifestada en Premios Nacionales, Cátedras Presidenciales, reconocimiento internacional, primacía en la investigación científica y en la creación artística y en las humanidades constituye de por sí una situación excepcional.
Nadie puede pensar que una universidad sea igual a otra por su simple denominación genérica; el Estado debe ponderar con exactitud lo que está "comprando", independientemente de que al más débil del sistema pueda apoyarlo para que mejore sus estándares, como una política aparte.
El trato de privilegio de que se acusa a la Universidad de Chile es el reflejo de su nivel de excelencia y compromiso con áreas. en las que resulta insustituible por el resto del Estado o el sector privado. No es injusto, sino propio de las diferencias que en el mundo académico hacen que el sentido de "igualdad" sea muy otro que el del concepto común.
Otra cosa es que el Estado no haya nunca hecho transparente su política de financiamiento de la educación superior De una evaluación institucional y una definición sobre las áreas que precisan ser apoyadas con fondos públicos, debería surgir una política consistente.
Hay, sin embargo, otras formas de privilegio que los detractores debieran preocuparse de auscultar para pedir definiciones de política estatal. En particular, aquél manifestado en la provisión de fondos públicos para financiar actividades privadas, sobre las que el Estado no tiene control de ningún tipo, y respecto de las cuales no puede siquiera ejercer legítimo uso. Eso es excepcional, injusto e inapropiado para el uso de los fondos públicos. Una definición sobre esa materia es urgente y vital".