IV.3.10 Discusión en tiempo presente (La Epoca, Septiembre de 1997)
"De acuerdo a los postulados que se habían anunciado junto con la dictación del DFL 4 de 1981 -que dio origen a la actual organización y financiamiento de la educación superior- debería haber tenido lugar un significativo crecimiento en el aporte para crédito universitario y ayuda a los estudiantes. Tales postulados presuponían una reducción del aporte total que recibían las universidades tradicionales, a cambio de un incremento en las asignaciones sobre la base de aporte fiscal indirecto y crédito universitario. Se suponía, por lo demás, que los reajustes en estas asignaciones se efectuarían sobre la base de las tasas de crecimiento económico. Ninguno de esos dos postulados han sido cumplidos a través del tiempo.
En relación al aporte fiscal total que recibían las universidades en 1980, cuando ellas eran aún gratuitas, el nuevo concepto de aporte fiscal directo (AFD) se redujo exactamente a la mitad: unos 185 millones de dólares anuales en 1996. En ayuda a estudiantes debió existir a esta fecha un aporte similar. Sin embargo, en la actualidad ella alcanza a sólo 66 millones de dólares, una suma similar a lo que actualmente el Estado asigna como Aporte Fiscal Indirecto. Es decir, de lo presupuestado a comienzos de la década pasada, existe un déficit anual superior a los 230 millones de dólares en AFI y ayuda a estudiantes. Parte de esto se debe al incumplimiento del segundo supuesto mencionado: los ajustes periódicos al presupuesto han tenido lugar sobre la base de ajustes por inflación, y han dejado de lado el papel del crecimiento económico para prever los recursos adicionales de inversión en la educación superior.
El déficit de aporte a la educación superior tiene que ver con esas magnitudes faltantes, las cuales se encuadraban dentro de la nueva "filosofía" del sistema universitario, la cual se ha seguido acatando en todos sus demás respectos. Adicionalmente, sin embargo, está el déficit de recursos que envuelve el propio AFD, especialmente en términos de los faltantes recursos de inversión para las universidades estatales. Como se ha insistido hasta el cansancio, el problema es que estos temas no están presentes en el debate público, y casi no pertenecen a las preocupaciones de la política de gobierno ni del propio Congreso.
La discusión sobre los montos no es independiente de aquélla relativa al rol de la educación superior en la sociedad chilena. Si dicho rol tiene que ver con la movilidad social y la efectiva orientación de los recursos que proporciona el crecimiento para promover mayor equidad y desarrollo social y económico, entonces los temas presupuestarios pasan a ser claves. Y también lo son las reglas, y los criterios específicos de subsidio al sector estatal y al privado, lo cual constituye actualmente una especie de misterio iniciático. El país necesita de la clase política un pronunciamiento sobre estas materias, más allá de los temas superficiales y formales que han ocupado mayoritariamente el debate. ¡Esta es la discusión en tiempo presente que Chile necesita para mirar más confiado su futuro! ".