IV.6.3 Un marzo conflictivo (La Época, Febrero de 1997)

"Una discusión quedó pendiente antes del receso universitario. Como se sabe, las universidades aumentaron el valor delos aranceles por bastante encima del IPC. A nadie le parecería extraño si esto ocurriera en un sistema puramente privado, en que los consumidores tuvieran que tomar la opción de elegir en base a precios, como uno de los factores cruciales en su decisión de institución universitaria. Justamente, los "precios" los practican las propias universidades que reciben subsidios del Estado, por los cuales pagan todos los chilenos con sus impuestos.

¿Por qué sucede esto? En el caso de las subsidiadas estatales, en parte se debe a su desfinanciamiento estructural, que las instituciones tratan de revertir en base a "mayor clientela"; en parte se debe también a que el Estado reajusta los presupuestos de acuerdo al IPC, pero las remuneraciones de los funcionarios (estatales) por encima del IPC. Así se han gastado muchos recursos y debilitado muchos presupuestos, y puesto en peligro la estabilidad de las instituciones. Pero también están las entidades universitarias privadas que reciben subsidio del Estado. En este caso, como en el de las estatales, se alega que el monto de las matrículas no cubre sino un bajo porcentaje de los costos; ¿pero, en dónde entra en este cálculo el subsidio que el Estado está entregando directamente a dichas instituciones?

Lo que sucede es que no existen cálculos de los costos de la docencia. Muchas veces, los mismos incluyen altos porcentajes de otras tareas universitarias, como investigación y extensión. Algunas autoridades han también mencionado la inversión, como si la misma tuviera que ser financiada a partir de una sola generación de estudiantes. Pero, por otra parte, sucede que tampoco es claro que el Estado asigne un presupuesto a las universidades para cubrir costos de docencia; en realidad, no se sabe cuál es el uso específico que anima a los recursos públicos, que financian todos los chilenos. En este esquema y llenas de ataduras administrativas para alcanzar mayor eficiencia, o plenas de confusión entre fuentes y usos de los fondos, las universidades realizan políticas de precio actuando como una estructura monopólica. Pero si hasta los monopolios más importantes son regulados efectivamente por el Estado.

Es hora de poner estos temas en el tapete. No se trata de idear conflictos. Se trata de detener el funcionamiento de una máquina que terminará haciendo más profesionalizante a la universidad, y a la política estatal cada vez más insignificante, pese a la ingente necesidad de la misma en un país que crece, y que precisa más universidad".