IV.6.5 La participación estudiantil (La Época, Mayo de 1997)
"Sin duda alguna es un derecho de los estudiantes el participar en los temas de su competencia en lo que respecta a la gestión académica. Los espacios participativos deben buscarse e incrementarse, evitándose conflictos que aparecen por un débil diálogo académico-estudiantil, y contribuyendo a aumentar la calidad de la docencia.
La responsabilidad de una autoridad preocupada de la correcta conducción de largo plazo, es la de cultivar mayores espacios, evitando que los estudiantes sean usados como una buena excusa cuando se desea acciones determinadas, y dejando de lado la visión estrecha del "clientelismo".
Pero una cosa distinta es el co-gobierno, en que las responsabilidades de conducción académica recaen también, en parte, en los propios estudiantes. Ese modelo no proporcionó buenos resultados, deterioró la calidad académica e instituyó incentivos para disminuir la investigación. La experiencia de otros países latinoamericanos refleja la crisis de ese sistema, en una crisis permanente de calidad de la educación estatal, inhibida de proporcionar profesionales efectivamente empleables una vez egresados.
El co-gobierno incentiva una atención de índole más corto-placista, en que se privilegia la minimización de la protesta estudiantil, "suavizando" exigencias y haciendo más débil la calidad de la enseñanza. También reduce la carga de investigación ya que, por una parte, existen incentivos para estar solamente enseñando y así responder a los objetivos de los electores. Por otra parte, el financiamiento de la investigación, ligada cada vez más a la competencia por proyectos financiados pública y privadamente, decae en forma notoria; no existen incentivos para encargar investigación a entidades regidas en el primordial por los intereses estudiantiles. El resultado de corto plazo del co-gobierno, no en sí mismo conflictivo y probablemente apaciguador de muchos conflictos potenciales, se contrapone con el de largo plazo, con una universidad que repite conocimiento (no lo crea), donde la dedicación académica decae, y en que producen profesionales con bajas expectativas laborales.
Cuando el proyecto de ley de universidades estatales consulta el co-gobierno, debe establecerse el requisito de que el Estado provea todo el financiamiento que ellas requieren. Si se desea resolver un problema político, ello tiene que acompañarse de los recursos necesarios para no dejarlas en desventaja frente al creciente sector privado. Debe estar claro el contexto del debate: no se puede introducir una ley que despierte el apoyo de los estudiantes, sin que exista un compromiso financiero que garantice que las universidades del Estado podrán sobrevivir financieramente ante el eventual colapso de su investigación".