Ausencia de Reglas Apropiadas

10 de Noviembre de 1999

Las negociaciones salariales que ocurren dentro del sector público se dan, efectivamente, sin ningún marco ordenador. En realidad, ni la huelga ni la negociación existen en este sector, siguiendo una interpretación estrictamente apegada a derecho, a pesar de que en los hechos ello opera abiertamente. Sin ninguna duda, la reforma que necesita nuestro sector público, y que se ha condensado en l sobreutilizado concepto de "modernización", debe atacar con prioridad el ordenamiento en materia de empleo. No sólo en los aspectos mencionados, sino también en cuanto a regímenes de contratación, carrera funcionaria, aspectos disciplinarios, normativas compensatorias, etcétera. Se precisa un cambio fundamental que hasta ahora no ha sido abordado.

Y la ausencia mencionada lleva a debilidades en los procesos que se conducen en relación a los empleados públicos, y son para los mismos notoriamente perjudiciales. Siendo ello una aspiración de los propios trabajadores, es más o menos evidente que deberían ponerse a trabajar grupos de análisis que eleven una propuesta de reforma que pueda debatirse durante el próximo año.

La negociación que se llevó a cabo este año proporcionó un pequeño reajuste real a los trabajadores públicos, en el supuesto de que existieron algunas ganancias de productividad. Pero, como se ha señalado por algunos académicos, no es claro que la misma ganancia haya prevalecido en todas las áreas del sector, y es más bien probable que en algunas hayan existido avances mayores que no están siendo adecuadamente recompensadas. En otras, es posible que los avances hayan sido nulos o negativos, y se esté con el reajuste acordado dando señales poco sostenibles para el sector. Es cierto que los empleados públicos han perdido en el tiempo bastante poder adquisitivo, y desde ese punto de vista no es estrictamente criticable el logro observado para el año venidero. Pero la cuestión de fondo es que una reforma con respecto al sistema vigente es indispensable, para otorgar mayor justicia y transparencia a un proceso que debe ser considerado normal en una democracia: los trabajadores de todos los sectores deben negociar y atenerse a reglas fundadas sobre relaciones laborales.

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