El viernes 13 de diciembre de 2019 fue un día del terror para el gobierno. Esa mañana, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) entregó su informe luego de una visita realizada por una misión a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. Este se suma a los dos del movimiento de DDHH (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) y al de la CIDH.
El informe era muy esperado, no solo por la importancia del órgano que lo emitía, sino porque el gobierno se lo había pedido a un organismo internacional dirigido por la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet. A todas luces, el informe ha sorprendido en Chile porque se ha transformado, a la fecha, en el informe más completo y lapidario para el gobierno.
El informe concluye que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos […] Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos […] ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
En consecuencia, se reitera la caracterización de las violaciones que hizo la CIDH: violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo.
Las conclusiones contenidas en el informe tienen en común con los otros documentos conocidos la denuncia de casos de “uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”. Asimismo, el informe da cuenta de ejecuciones extrajudiciales y también que “adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados”.
El informe resalta algunas cuestiones que permiten dimensionar la gravedad de la crisis de DDHH en Chile. Se denuncia que respecto de las lesiones oculares “hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”, y con ello la responsabilidad escala a las autoridades políticas a cargo del accionar policial (Ministerio del Interior y el propio Presidente Piñera). Además, se denuncia que un gran número de las personas arrestadas y detenidas fueron víctimas de maltratos (“incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, que equivalen a tortura”); y, nuevamente, destaca la falta de medidas efectivas al señalar que “muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
Decíamos que este informe es el más completo, no solo por la profundidad del análisis de casos, sino también porque amplía y profundiza los temas tratados en los otros informes. Así, desarrolla elementos sobre el contexto que origina el estallido social, relacionándolo a “una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica” que configuran formas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y formas de discriminación que ya habían sido denunciadas por los organismos de DDHH de la ONU. Además, trata en forma detallada la forma en que la violencia represiva ha afectado en forma diferenciada a grupos históricamente discriminados (LGBT, PPII, Mujeres y Personas en Situación de Discriminación).
Al igual que en todos los informes entregados a la fecha, este pone un fuerte énfasis en el rol de Carabineros como la institución con un mayor compromiso en las violaciones de DDHH. En sus conclusiones el informe señala que “la gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva”. Entre los incumplimientos, destaca “no haber distinguido entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”; “utilizar fuerza no letal cuando las manifestaciones fueron pacíficas, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”; “hacer un uso desproporcionado, indebido, indiscriminado y a veces innecesario de armas no letales” (escopetas antidisturbios y también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia). Finalmente, en la que debe ser la imputación más delicada, dice relación con el “número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación” y manifiesta preocupación por “la utilización de perdigones que contienen plomo”. Un duro recuento de los incumplimientos por parte de Carabineros.
El informe de la OACDH analiza a la forma en que se ha actuado para investigar y sancionar estas graves violaciones de DDHH. Destaca el “bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”. Por otra parte, releva las medidas para “garantizar la investigación” de las violaciones y respecto del rol de los tribunales señala que “han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos, incluida la reunión pacífica”. Mixto el resultado, medidas adecuadas para investigar, pero demora.
Acerca de las recomendaciones, estas son amplias y detalladas. Un grupo de ellas está destinado a medidas correctivas de la actuación del Estado en el contexto de las manifestaciones, las que están básicamente dirigidas al cumplimiento de la normativa interna e internacional. Respecto de Carabineros, se recomiendan reformas estructurales “para asegurar la supervisión civil y monitoreo independiente de sus actividades”; reformas al sistema de registros de detención; capacitación de vanguardia; regulaciones para protección de personas y grupos discriminados; utilización de identificación adecuada en actividades de seguridad pública.
Asimismo, se proponen medidas para evitar la impunidad en los casos de tortura y se propone el uso de los protocolos internacionales (Estambul y Minnesota) para las investigaciones; y, exámenes médicos después del arresto y mantención de registros médicos.
Lo más interesante de las recomendaciones es un grupo de medidas relacionadas con rendición de cuentas e investigación de violación de DDHH, donde se pide el reconocimiento de las violaciones de derechos por parte de Carabineros y el aceleramiento de las investigaciones garantizando el acceso a la justicia de las víctimas.
En cuanto a las medidas de protección, se recomienda que defensores de DDHH, periodistas y personas que brindan asistencia de salud puedan realizar sus labores. Además, recomienda que el derecho penal no se utilice para restringir a quienes ejercen su derecho a reunirse pacífica y libremente y en ningún caso “criminalizar la protesta”.
Finalmente, concordando con solicitudes de la sociedad civil y la academia, se propone la creación de un mecanismo para “recopilar, sistematizar y hacer pública la información” de las violaciones de DDHH. También se recomienda un mecanismo participativo para “identificar las causas estructurales de las protestas” y, en particular, las relacionadas con DESC y discriminación.
Entrando en un debate de gran actualidad, el informe recomienda asegurar un mecanismo paritario y con participación de pueblos indígenas y todos los sectores de la sociedad para generar un nueva Constitución.
La respuesta del gobierno tuvo una doble cara. Por una parte, se saludó el informe y por otra, se cuestionaron algunas cuestiones vinculadas con la información de base. Esto da cuenta que el gobierno ya no tiene espacio para segur discutiendo la gravedad de las violaciones, pero que aún no asume una agenda integral de cumplimiento de las recomendaciones que los cuatro informes entregados a la fecha le han hecho al Estado de Chile.