La Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo convocó a una mesa de expertos con el fin de que estos especialistas evalúen criterios y estándares para la implementación de proyectos de inteligencia artificial con el propósito de disminuir los tiempos de tramitación de iniciativas de inversión.
Entre los integrantes de la mesa están Gabriel Weintraub, profesor titular del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Cristóbal Huneeus, ingeniero civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; y Alexis Montecinos, ingeniero comercial de la U. de Chile.
El especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos Gabriel Weintraub explica que el grupo se encuentra buscando procesos de entrega de permisos que sean factibles, “que tengan condiciones de admisibilidad razonables” y que puedan convertirse en casos paradigmáticos de implementación de IA para aumentar la eficiencia en el Estado.
Por otro lado, destaca la aplicación de IA en el desarrollo regulatorio en el ámbito de la inversión en el país como una oportunidad. “Podría traducirse en mayor productividad, inversión y crecimiento. Pero la tecnología por sí sola no basta: el desafío es también rediseñar los procesos e identificar las condiciones necesarias para una implementación exitosa”, expresó el académico.
Avance legislativo en favor de la inversión
En septiembre de 2025 fue publicada la Ley N.° 21.770, denominada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que estableció un marco general para ordenar, estandarizar y coordinar la tramitación de autorizaciones sectoriales vinculadas a actividades económicas sometidas a regulación. Esto creó el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, del cual forma parte la OASI, encabezada por Pablo Eguiguren.
Procesos complejos, dispersión institucional y tiempos de tramitación de 6,6 años en promedio impulsaron a la OASI a implementar una agenda que promueva la modernización del sistema de permisos sectoriales y entregue mayor certeza jurídica a las iniciativas de inversión.
De esta manera, el organismo trabaja en un proyecto piloto de inteligencia artificial para agilizar la etapa de admisibilidad de solicitudes de concesiones marítimas. Este proyecto se desarrolla junto con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, primer organismo en probar esta herramienta.
Grupo de expertos en IA
Al mismo tiempo, se conformó una mesa de expertos en inteligencia artificial para evaluar los criterios y avances de la estrategia, así como la adopción de este sistema en otros sectores donde podría aplicarse.
En esta línea, Gabriel Weintraub se refiere al tipo de iniciativas a las que podría extenderse esta tecnología para los permisos sectoriales. “Estamos pensando en casos de uso que tengan un alto retorno a la inversión, en el sentido de que sean realizables en corto y mediano plazo, y que además tengan un impacto importante. Uno pensaría en procesos que ojalá puedan fomentar la inversión y el crecimiento del país”, precisó.
Respecto de la experiencia del proyecto piloto junto a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Weintraub adelanta que está avanzando bien, “en términos de tener muy bien identificadas las condiciones de admisibilidad, muy bien descrito el detalle del proceso y tomando decisiones de dónde priorizamos, de dónde empezar a hacer los primeros cambios”.
El resto de los miembros de la mesa son Loreto Bravo, del Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo; Sebastián Mozó, socio de MMR Abogados; y Gonzalo Oyanedel, gerente de IA de Walmart Chile.
Medio ambiente en este proceso
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales deja fuera de su ámbito las autorizaciones tramitadas íntegramente en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), uno de los instrumentos centrales en la evaluación de proyectos con impacto ambiental.
Este marco legal puntualiza que los órganos sectoriales “no podrán solicitar información sobre requisitos ambientales ya evaluados, denegar los correspondientes permisos” ni “imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean establecidas en la resolución de calificación ambiental”.
En cuanto al uso de inteligencia artificial para la gestión pública y privada, la exdirectora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y académica del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Valentina Durán, señala que la inteligencia artificial “tiene un enorme potencial”.
Desde su punto de vista, “las instituciones públicas tienen que mantenerse a la vanguardia fortaleciendo sus capacidades tanto en seguridad de la información, como en gestión y análisis de datos, cumpliendo desde luego la normativa en materia de protección de datos personales”.
No obstante, la académica advierte sobre la situación actual de los permisos relacionados con el medio ambiente y plantea la importancia de agilizar los trámites, lo que podría entregar mayor certeza a los inversionistas y, más adelante, contribuir al crecimiento económico.
“Se pueden utilizar todos esos datos abiertos almacenados como información útil para la gestión, para elevar los estándares ambientales, agilizar los procesos y unificar criterios”, menciona. En ese sentido, destaca distintas actualizaciones del sistema electrónico en materia de automatización, trazabilidad y análisis territorial.
Asimismo, plantea que “lo mismo puede y debe hacerse en otras áreas de la gestión pública como el otorgamiento de autorizaciones sectoriales, concesiones marítimas y también en materia de fiscalización ambiental, sanitaria y sectorial”.