El desafío de construir 400 mil soluciones habitacionales durante el periodo 2026–2030 no puede reducirse únicamente a una cuestión de cantidad. Esta es una de las principales reflexiones planteadas por la profesora Yasna Contreras Gatica, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien participó el pasado 3 de septiembre en la Mesa de Trabajo XI del Reporte Déficit Cero, realizada en la Cámara Chilena de la Construcción.
La instancia reunió a representantes del mundo académico, público, privado y social para analizar los principales hallazgos de la minuta Hallazgos para la discusión del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU), elaborada por Déficit Cero.
De acuerdo con dicho documento, el PIVU contempla la construcción de 400 mil soluciones habitacionales entre 2026 y 2030, cifra que representa un aumento de 52,4% respecto de las 262.390 viviendas finalizadas durante el Plan de Emergencia Habitacional (PEH). A junio de 2026 se habían entregado 13.957 viviendas, equivalentes al 3,5% de la meta, con un promedio de 3.489 viviendas mensuales. Para alcanzar el objetivo dentro del periodo restante, sería necesario elevar ese ritmo hasta aproximadamente 8.774 soluciones mensuales.
Para la académica, las cifras muestran que el desafío no está solamente en aumentar la velocidad de producción, sino en asegurar que la construcción de viviendas contribuya efectivamente a generar mejores ciudades.
“Una meta de vivienda construye territorios, no sólo unidades. El desafío no es principalmente cuántas viviendas se construyen, sino cómo lograr ese volumen sin repetir los costos sociales de experiencias anteriores”.
La reflexión adquiere especial relevancia al considerar las restricciones presupuestarias, el aumento de los costos de construcción y las dificultades asociadas a la disponibilidad y localización del suelo. Según Déficit Cero, aunque el banco de suelo presenta una cabida potencial de 98.570 viviendas, cerca del 63% del suelo edificable tendría una mala accesibilidad a bienes públicos urbanos y un 15,3% no contaría con factibilidad sanitaria. Además, unas 35.820 viviendas no dispondrían de suelo suficiente en sus respectivas regiones.
A juicio de Yasna Contreras, estos antecedentes obligan a ampliar la discusión sobre qué se entiende por déficit habitacional. No se trata únicamente de contabilizar viviendas faltantes, sino también de considerar aspectos como la calidad, materialidad, localización, acceso a servicios y exposición a amenazas socionaturales.
“El problema habitacional no es sólo de viviendas faltantes. También es un problema de calidad, materialidad y localización, especialmente cuando esas viviendas se encuentran expuestas a múltiples amenazas socionaturales”, señaló Contreras.
La académica advierte que la experiencia de la producción masiva de vivienda social durante la década de 1990 constituye un antecedente que debe ser considerado en el diseño de las políticas actuales. El libro de 2005 Los con techo, de Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, documentó las consecuencias territoriales y sociales de una política centrada fuertemente en el número de viviendas construidas, incluyendo procesos de periferización y problemas de calidad urbana y habitacional.
En este contexto, la localización del suelo aparece como uno de los aspectos centrales. La disponibilidad de terrenos no necesariamente garantiza que estos sean adecuados para la construcción de vivienda social. Su accesibilidad, condiciones geotécnicas, factibilidad de servicios y exposición a amenazas naturales y socionaturales son factores que, según la académica, deberían formar parte de la evaluación.
Esta preocupación resulta particularmente significativa en las regiones del norte del país, donde los costos de producción habitacional son elevados y existen importantes desafíos asociados al suelo y al riesgo. Según el análisis de Déficit Cero, Antofagasta y Tarapacá estuvieron entre las regiones con menor cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional.
La discusión también incorpora a las familias que actualmente viven en asentamientos informales. En este ámbito, Yasna Contreras plantea la necesidad de considerar procesos de urbanización y regularización que reconozcan las capacidades organizativas de estas comunidades.
“Es necesario preguntarse también cómo la política habitacional incorpora a las familias que viven en asentamientos informales y, especialmente, a las organizaciones lideradas por mujeres que articulan vivienda, cuidado y liderazgo comunitario”, sostuvo la académica.
Para avanzar en el cumplimiento de la meta, la experta plantea la necesidad de fortalecer anticipadamente la generación de carteras de proyectos, llamados, procesos de selección e inicio de obras durante 2026 y 2027, evitando una concentración de las entregas hacia el final del periodo. Al mismo tiempo, advierte que esta tarea requiere fortalecer las capacidades de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), especialmente en las regiones que han presentado mayores dificultades de ejecución.
En este punto, identifica como prioritario reforzar las capacidades profesionales y de gestión de los Serviu y de las entidades patrocinantes en regiones como Antofagasta, Tarapacá, Metropolitana de Santiago y Valparaíso.
El rol de la universidad pública
La discusión sobre el PIVU también plantea desafíos para las instituciones de educación superior. Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la académica sostiene que la universidad pública puede contribuir no solo al análisis de las políticas habitacionales, sino también a la generación de conocimiento, estándares y capacidades profesionales que permitan abordar el desafío desde una perspectiva territorial.
En particular, plantea la necesidad de profundizar en estándares de localización, habitabilidad y diseño urbano; fortalecer la formación de arquitectos, geógrafos, diseñadores y planificadores en materias de gestión de suelo, riesgo y participación comunitaria; y utilizar el conocimiento científico para evaluar la aptitud del suelo disponible para vivienda social.
También considera necesario aprender de las experiencias anteriores de producción masiva de vivienda y evaluar, con evidencia, los efectos que tendrán los nuevos conjuntos sobre la calidad de vida de sus habitantes.
“La pregunta para la universidad pública es cómo contribuimos a que el ‘cómo’ tenga tanta importancia como el ‘cuánto’, para que 400 mil soluciones habitacionales puedan significar también barrios integrados y no nuevas periferias marginalizadas”, señaló la profesora.
Desde esta perspectiva, la meta de 400 mil viviendas representa una oportunidad para abordar el déficit habitacional a una escala significativa, pero también un desafío para evitar que la urgencia por alcanzar una cifra termine reproduciendo desigualdades territoriales.
Para Contreras, el éxito del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo deberá evaluarse considerando no solo el número de viviendas entregadas, sino también su localización, calidad, integración urbana, seguridad y contribución a la reducción efectiva del déficit habitacional.
“El éxito del PIVU no dependerá solo de alcanzar una cifra histórica, sino de construir ciudad sin reproducir la desigualdad ni construir sociopolíticamente el riesgo de desastre”.
La discusión desarrollada en la Mesa de Trabajo XI del Reporte Déficit Cero abre así un debate que trasciende la política habitacional y sitúa en el centro una pregunta fundamental para la planificación urbana: ¿cómo construir 400 mil viviendas sin construir, al mismo tiempo, 400 mil nuevos problemas urbanos?