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Recientemente se publicó el artículo A call to action to support and safeguard ocean defenders (Un llamado a la acción para apoyar y resguardar a los defensores del océano) en npj Ocean Sustainability, una revista del grupo Nature. La publicación expresa su preocupación ante las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades costeras como consecuencia de la expansión de la economía oceánica.
El artículo adquiere especial relevancia en Chile, donde los pueblos indígenas de la Patagonia costera lideran desde hace más de una década la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), en un escenario de crecientes presiones sobre la Ley Lafkenche.
La iniciativa de publicar este paper surgió como resultado de The Ocean Defenders Project y de la realización de talleres en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), realizada en Niza en junio de 2025. Su mensaje central sostiene que la sociedad tiene un deber moral y legal de proteger los derechos humanos y a quienes defienden el océano.
La Patagonia costera, un caso emblemático de defensa territorial marina
El artículo reconoce explícitamente los derechos que los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales poseen sobre el mar: el derecho a la tenencia y al acceso a sus territorios, al resguardo de sus modos de vida y al consentimiento previo, libre e informado en las iniciativas de desarrollo.
Particularmente en la Patagonia costera chilena, comunidades mapuche, huilliche y otros pueblos originarios han sostenido este reconocimiento a través de la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, mecanismo creado por la Ley N.º 20.249, conocida como “Ley Lafkenche”.
A través de los ECMPO, estas comunidades buscan que el Estado reconozca formalmente su uso consuetudinario del borde costero y construyen, desde el conocimiento propio y la autodeterminación territorial, modelos de uso y conservación del espacio marino-costero. Este proceso, sostenido por el liderazgo de organizaciones y comunidades de base, es presentado por quienes firman el artículo como un ejemplo concreto de los derechos indígenas que una economía oceánica justa y saludable debe reconocer y proteger.
El artículo documenta que la experiencia de las comunidades de la Patagonia no es un caso aislado, sino parte de una ola global de movilizaciones de comunidades pesqueras, pueblos indígenas y organizaciones costeras que enfrentan amenazas similares en distintos continentes: la expansión de la exploración de petróleo y gas en Argentina, Ghana y Sudáfrica; la presión de la pesca industrial en Senegal y Camerún; el crecimiento de la acuicultura industrial en Chile y la India; y los proyectos de minería submarina en Papúa Nueva Guinea y otras zonas de Oceanía.
Según sus autores y autoras, en todos estos contextos se repite un mismo patrón: la sobreexplotación y la desregulación de las economías costeras y marinas producen despojo territorial, criminalización y, en los casos más graves, violencia contra quienes se organizan para proteger sus territorios y derechos. Reconocer esta dimensión global es, para quienes firman el artículo, un paso indispensable para dimensionar y enfrentar lo que ocurre, por ejemplo, en la Patagonia costera.
La importancia de contar con la participación de organizaciones públicas y civiles
De acuerdo con el documento y como reafirma el académico de Antropología Francisco Araos, se requiere con urgencia la acción decidida de seis actores clave: los Estados y gobiernos; el sector privado; las organizaciones aliadas, como la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación; financiadores y donantes; instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales; y la comunidad internacional de gobernanza oceánica.
Desde la academia, el profesor Araos cuenta con una vasta trayectoria de investigación sobre los impactos de las economías oceánicas y las organizaciones sociales que enfrentan efectos como la contaminación por plásticos en el centro y sur de Chile. Al respecto, el académico señala: “Este artículo representa un llamado concreto a la acción para proteger a los defensores de los océanos en Chile y en el mundo, en un momento de fragilización de los derechos y de una profundización de la crisis ambiental”.
Entre las más de 100 personas firmantes del artículo se cuentan investigadoras e investigadores con base en Chile. Además de Francisco Araos, participan Aurelia Guasch, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Wladimir Riquelme y Fernando Pardo Núñez, vinculados al Observatorio Ciudadano. Su participación sitúa el artículo dentro de una red internacional de más de 40 países y conecta el conocimiento acumulado de las ciencias sociales sobre el mar en Chile con los debates globales en torno a la gobernanza oceánica y los derechos humanos.