EL ESTUPOR
Las primeras imágenes de la represión en Iguala no fueron rápidamente asimiladas por la opinión pública. Se dispersaron por las redes sociales y espacios alternativos. Eran terroríficas: en el suelo yacía el cuerpo de un hombre joven al que le había desollado la cara, arrancándole la piel y los ojos; su calavera desnuda, que miraba hacia el horror de la nada, contrastaba con la carne del resto de su cuerpo. Solo ahora sabemos su nombre: Julio César Mondragón Fontes, casado y con una hija de dos meses. Solo ahora sabemos que fue desollado aún vivo. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, son de origen campesino e indígena y viven en municipios rurales del Estado de Guerrero y otros colindantes.
Este estado es uno de los más pobres de México, con la segunda tasa de analfabetismo “abierto” que llega al 17,53 por ciento, superado solo por Chiapas con un 18,41, y sobre Oaxaca con 16,92 por ciento de personas que no saben leer ni escribir. Además, Guerrero carga con una larga historia de violencia política hacia los campesinos. La combatividad de los estudiantes y la represión no son nuevas: son una constante histórica. El 30 de noviembre de 2007, los estudiantes normalistas se tomaron el peaje de La Venta, en la autopista México-Acapulco, en una jornada de protesta en la que exigían más plazas de trabajos para los egresados de su escuela. 56 estudiantes fueron detenidos, varios quedaron heridos, junto con tres periodistas que cubrían la noticia. El 12 de diciembre de 2011 la Policía Federal mató a dos jóvenes en el marco de una protesta estudiantil que también se tomó la carretera. Lo nuevo es el horror de unas cuencas vacías mirando hacia la nada.
Guerrero no es una zona de producción de drogas duras a gran escala. Los datos indican que el cartel Guerreros Unidos ocupaba el estado como “centro de acopio” de la amapola, usada para la producción de morfina y heroína, de gran demanda en los Estados Unidos. La amapola se cultiva en otros estados y esta banda la exportaba a la frontera, para después hacerla llegar al país del norte.
REVOLUCIÓN Y EDUCACIÓN
Las Normales Rurales, como la de Ayotzinapa, son las únicas escuelas a las que estudiantes como los desaparecidos pueden realmente asistir. En estas escuelas secundarias los jóvenes aprenden todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería y se los capacita para enseñar las primeras letras a sus semejantes. Estas escuelas normales fueron en un momento de la historia la columna vertebral del sistema educativo mexicano. En 1920 el filósofo y político José Vasconcelos asumió la rectoría de la Universidad Nacional, la actual UNAM, y la puso “al servicio del pueblo”. Desde allí formó la Secretaría de Educación Pública (ministerio de Educación), una vez finalizada la parte más álgida de la guerra civil (1910-1920) que significó la Revolución Mexicana. Entonces más del 80 por ciento de la población era campesina e indígena y, por lo tanto, analfabeta.
En julio de 1922 Vasconcelos invitó a México a Gabriela Mistral para que le ayudara a formar el sistema educativo y en particular, las Misiones Culturales. Estas misiones eran escuelas ambulantes dirigidas hacia tres actores sociales: hacia los profesores rurales, para capacitarlos en los avances educativos de la época; hacia los campesinos, para enseñarles formas de cultivo más modernas y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales; y a sus hijos, para enseñarles en las primeras letras. Estas “misiones modernas” estaban inspiradas en los misioneros católicos que habían evangelizado México durante la colonia. Pero ideológicamente se basaban en las enseñanzas del escritor ruso León Tolstoi quien, hacia 1850, en su hacienda de Yasnaia Poliana implementó una escuela rural experimental dirigida a los siervos y campesinos de su propiedad feudal. También se inspiraban en las enseñanzas del reformador religioso indio Swamy Vivekananda, un profeta errante, y del poeta e intelectual bengalí Rabindranath Tagore; éste en su escuela de Santiniketan rompió con las inamovibles estructuras jerárquicas de la sociedad india dividida en castas. Todos buscaban finalizar con los rígidos moldes escolares del siglo XIX, manifestaban un profundo amor a la tierra y la naturaleza, escribieron sus propios libros de texto e incorporaron nuevas técnicas a la pedagogía. Por ello hacían clases al aire libre y de preferencia, bajo un árbol.
Mistral y Vasconcelos recogieron ese legado lejano. La poetisa ayudó a redactar la ley que dio vida a las Misiones y luego se involucró directamente y recorrió la montaña y el campo mexicano, en tren, aeroplano, carreta, a lomo de mula o a pie, para enseñar a campesinos e indígenas. Estas experiencias, como las campañas de alfabetización, y la nueva ideología educativa con que se reformó las antiguas “escuelas rudimentarias”, surgieron las Normales Rurales, escuelas destinadas al mundo campesino que enseñaban tanto a manejar el arado como el libro.
Los profesores normalistas enfrentaron innumerables problemas como la oposición de hacendados y caudillos locales, la Iglesia Católica y los grupos que se negaban a dejar las armas. Fueron, por muchos años, la única vía que tenían los campesinos para salir de la pobreza y la marginalidad. Ser maestro normalista en el campo mexicano siempre fue una profesión de alto riesgo. Durante la “Guerra cristera” –una guerra contrarrevolucionaria, promovida por la Iglesia Católica contra el avance en el campo del Estado posrevolucionario-, las principales víctimas fueron los maestros rurales. Muchos fueron apresados, torturados y crucificados por las huestes católicas como escarmiento por promover la educación popular y profesar ideologías de izquierda.
Pero desde la década de 1960 las normales rurales fueron fruto de una disminución considerable de recursos y apoyos por parte del Estado; de las más de 40 que se formaron en la primera mitad del sigo XX, solo sobreviven unas 17. Pero también han sido duramente reprimidas por el gobierno federal o nacional y los gobiernos locales porque no son “funcionales”, tradicionalmente a los poderes de los caudillos locales, ni actualmente a la educación neoliberal promovida desde el Estado. Por ello no es casual que, desde hace casi un siglo, allí nació, se refugió y permanece hasta hoy, una cultura campesina, popular y revolucionaria que hunde sus raíces en el legado ideológico de los grupos más radicales que se levantaron en armas en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910). De allí surgió el liderazgo de Lucio Cabañas, profesor normalista, egresado de Ayotzinapa, líder sindical, organizador de la resistencia civil y luego militar, muerto en combate el 2 de diciembre de 1974.
“NARCOPOLÍTICA” Y SICARIATO
¿Cómo sucedieron los hechos que llegaron a la desaparición de 43 jóvenes campesinos estudiantes de esa Normal? En las pasadas elecciones municipales José Luis Abarca, un oscuro político mexicano con una inexplicable fortuna, accedió a la alcaldía de Iguala, apoyado por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, (centro izquierda). La esposa de este alcalde, María de los Ángeles Pineda, es sindicada como la jefa de “Guerreros Unidos”, un cartel de tráfico de drogas, que se separó del Cartel de los Beltrán Leyva cuando el 17 de diciembre de 2009, un comando de la Marina (Armada) mató al capo Arturo Beltrán Leiva, en una mansión de lujo en Cuernavaca, después de varias horas de combate.
Pineda era presidenta del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) de Iguala y aspiraba públicamente a suceder a su marido en la municipalidad. El 26 de septiembre rindió el informe público de su desempeño, que terminó con una fiesta de lanzamiento de su campaña; fue entonces que los normalistas tomaron (secuestraron) varios buses y se dirigieron a la ciudad para boicotear el informe. Notificado sobre los hechos, el alcalde Abarca ordenó a la policía municipal reprimir a los estudiantes. Como resultado murieron seis personas, 3 normalistas y 3 estudiantes que iban en un furgón de regreso de un viaje de estudios -es decir, no tenían nada que ver- y quedaron varios heridos. En ese momento la policía detuvo a los 43 estudiantes. En la madrugada los jóvenes fueron entregados a la banda criminal Guerreros Unidos. Desde entonces no se sabe su paradero y no se sabe si están vivos o muertos.
Los estudiantes de Ayotzinapa quedaron atrapados en un tridente entre el Estado Federal (el Ejército y la policía militarizada que siempre supieron que los iban a atacar pero no actuaron), la narco-política local personalizada por el alcalde y un grupo de sicarios comandados por su esposa, que ordenaron su detención, secuestro y desaparición. El día 4 de noviembre la prensa informó que la Cámara de Diputados declaró, a más de un mes de los acontecimientos, que el caso es “desaparición forzada”, no es un gran avance, pero sienta un precedente legal para la investigación.
Entre 2006 y 2012 existió oficialmente una guerra entre el Estado mexicano y los carteles de la droga. Esa guerra estuvo enrarecida por el alto poder de fuego que mostraron dichas bandas y la capacidad de corromper a organismos del Estado, entre ellos al Ejército (por esa razón a Beltrán Leiva lo mató la Marina). Hacia el 2010 se supo lo que se sospechaba desde hace un tiempo: las mafias mexicanas había sido favorecidas por una operación de inteligencia de la DEA (Drug Enforcement Administration) llamada “rápido y furioso” que “infiltró” armamento norteamericano en los carteles mexicanos con el fin de ubicarlos. Los resultados son conocidos, por alguna razón la operación de inteligencia se les “salió de las manos” y toneladas de armamento de guerra llegaron a las manos de decenas de bandas de delincuencia organizada en México. El resultado de esta “guerra encubierta” es desastroso. Se calcula, sin total certeza, que los muertos en la “guerra contra el narco” que emprendió el presidente de el período pasado (y que aún continúa pero con menos intensidad mediática), son más de 100.000 y los desparecidos son más de 20.000. La cifra continúa creciendo.
“ESTAMOS HASTA LA MADRE”
A raíz de la desaparición de Ayotzinapa en la sociedad mexicana hay una sensación de indignación que aún no llega a la mayoría de la población, pero que está creciendo. La vanguardia del movimiento está formada por estudiantes, académicos e intelectuales o trabajadores de la cultura (estos últimos, normalmente no se expresan activamente en la política y son parte más bien de una minoría silenciosa). Por esta razón se ha retomado el dicho popular de “Estamos hasta la madre” que, en su momento, selló en una carta pública dirigida a la clase política mexicana, el poeta Javier Sicilia, a quien le secuestraron y mataron dos hijos en Cuernavaca en 2010. La sociedad pasó del estupor y la incredulidad de las primeras dos semanas, a una creciente indignación y a la movilización masiva. Un elemento muy importante es la movilización que han protagonizado jóvenes mexicanos o de origen mexicano, y de otras nacionalidades en Estados Unidos y Europa para denunciar los hechos y exigir justicia.
¿Por qué el caso Ayotzinapa se ha vuelto “emblemático” si 43 desaparecidos son una ínfima fracción frente a 20.000? Probablemente porque toca en forma directa y brutal al sector más golpeado de la sociedad mexicana que es la educación rural. Grupos importantes de la sociedad civil, que no participan del sistema político mexicano (básicamente no votan), han tomado este caso en sus manos por que han sentido que se ha atacado a ellos mismos. Es sintomático, por ejemplo, que los estudiantes en El Colegio de México, una institución de posgrados de alto prestigio en el país y en el mundo, destinada a formar académicos y altos funcionarios públicos, tradicionalmente motejada de “conservadora”, sus estudiantes y algunos académicos estén movilizados y en “paro activo”.
Más allá de eso, la mayoría de la población estudiantil mexicana, que tradicionalmente no se moviliza a los niveles que lo hace el movimiento estudiantil chileno, se ha visto tocada en lo más profundo de su ser porque sienten que ellos pueden ser los próximos. Esto no es un simple supuesto. Algo que no se ha informado mucho en los últimos días, es la ola de asesinatos de estudiantes en manos de policías locales o municipales en otras partes del país. Tres estudiantes de origen mexicano pero de nacionalidad norteamericana, fueron asesinados recientemente en Tamaulipas. Una semana antes, la policía municipal de Guanajuato apresó a otro estudiante que había ido al festival cultural Cervantino y que después apareció muerto con evidencias de golpes en su cuerpo.
Los principales obstáculos que dificultó encontrar a los estudiantes secuestrados provienen de una combinación tóxica entre corrupción, complicidad y venalidad, que la “narco-política” ha elevado a proporciones siderales. Si se quiere tener un ejemplo histórico comparable hay que ver el caso colombiano que entre 1985 y 1995 se sumió en una guerra entre el Estado y los carteles de Medellín y Cali, lo que generó una ola de enfrentamientos y atentados que afectaron fundamentalmente a la población civil y dejaron a ese país sumido en la violencia, el paramilitarismo y la narcopolítica. Los resultados se prolongan hasta la actualidad porque hay alrededor de 70 políticos colombianos presos por relaciones con el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Hasta hace pocos meses México vivía una “luna de miel” por el triunfo de un nuevo modelo político resultado del “Pacto por México”, un acuerdo que reunió a los tres principales partidos del sistema: PRI, PAN, PRD y sus satélites, que impulsó reformas constitucionales trascendentales, como la que permitió la llegada de inversión extranjera a la explotación petrolera. Esta marcha triunfal repercutió en la “opinión pública” estadounidense: el 24 de febrero la influyente revista Time, incluyó una foto de portada del presidente, que tituló “Saving Mexico”; en sus páginas interiores la entrevista del periodista Michael Crowley celebraba las reformas neoliberales impulsadas y destacaba la lucha de este joven político mexicano contra los “poderes atrincherados” (narcotráfico y corrupción). Recién el 5 de septiembre el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha tenido que reconocer que el “Caso Ayotzinapa” ha afectado la imagen del país.
La indignación crece y la sociedad exige resultados. El gobierno, ad portas de cerrar siderales inversiones extranjeras como resultado de la liberalización del petróleo, ha visto peligrar la gira presidencial a una reunión de la APEC, a China en visita de Estado y a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en Australia. A ello se debe la conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Gobernación el pasado 7 de noviembre, donde dio a conocer lo que había sido denunciado tres semanas antes por el religioso católico Alejandro Solalinde: que los estudiantes habían sido ejecutados, quemados (algunos aún vivos) y sus restos arrojados a un basurero. Aunque, mientras no haya certeza científica de que los restos encontrados corresponden a los 43, la búsqueda continúa.
El legado de Mistral y Vasconcelos, que el filósofo definiera en 1922 como “una lucha mucho más noble que la triste necesidad de ir a matar hombres; se trata de ir a salvar hombres; no de apagar la vida, sino de hacerla más luminosa”, se ha enturbiado. Mientras, unas cuencas vacías miran hacia el horror de la nada.