A principios de 2014 el INDH hizo pública una investigación que venía realizando en los años 2012 y 2013, en unidades penitenciarias, en las cuales constató la existencia de un conjunto importante de vulneraciones de derechos, consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente a funcionarios de Gendarmería. Según el estudio del Instituto la preocupante situación de las cárceles en Chile “constituye un incumplimiento del rol de garante del Estado de Chile respecto del ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad”.
De la mano con las carencias y vulneraciones comprobadas por el INDH, en materia de salud mental, un estudio encargado por el Ministerio de Salud en 2010 ya había encendido las alertas sobre la situación de los internos. La muestra del estudio “Prevalencia de trastornos mentales en personas recluidas en cárceles en Chile y necesidades de atención”, que llevó adelante el doctor Rubén Alvarado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, estuvo constituida por 1008 personas imputadas, procesadas o condenadas de siete cárceles, en las regiones V y Metropolitana.
Según los resultados un 26,8 por ciento de los encuestados presentó algún tipo de trastorno mental en los últimos 12 meses, siendo los más prevalentes los trastornos adictivos en un 12,6 por ciento, los trastornos de ansiedad en un 8,3 por ciento y los trastornos afectivos en un 8,1 por ciento. Al mismo tiempo, el estudió arrojó que los trastornos depresivos mayores eran significativamente más altos en hombres privados de libertad (6,1 por ciento) que en los pertenecientes a la población general (3,7 por ciento). Similar situación se repitió en el abuso de drogas ilícitas, el cual fue notoriamente mayor en hombres y mujeres privados de libertad (3,3 y 2,6 por ciento, respectivamente) que en hombres y mujeres de la población general (0,6 y 0,1 por ciento, respectivamente).
Aunque el Dr. Alvarado señala que si bien es cierto la prevalencia de Trastornos Mentales (26,8 por ciento ) en la población recluida “es tan elevada como en la población general”, los casos son de alta complejidad, por la elevada comorbilidad y la frecuencia del riesgo suicida entre los internos, la cual es significativamente mayor a la población general.
Otro aspecto que advierte el especialista es la falta de diagnóstico al interior de las cárceles, pues aunque un 55,2 por ciento de los casos confirmados con algún tipo de trastorno habían recibido atención clínica, la frecuencia de identificación del problema de salud mental fue bajo, llegando solo a un 13,4 por ciento. “Lo que quiere decir que se identifican 1 de cada 4 de los que están consultando. Por lo tanto desde el punto de vista de los programas de salud mental, hay un desafío importante. Hay que fortalecer los equipos dentro de los recintos para mejorar el diagnóstico y resolución de los problemas”, señala el especialista.
La cárcel al centro del problema
Para la psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Svenska Arensburg, el problema de la salud mental en las cárceles no se resolvería a través de más equipos de apoyo al interior de los recintos sino a través de la articulación de un sistema de justicia restaurativa en que la cárcel no sea dominante. Siguiendo a Loic Wacquant, uno de los más destacados estudiosos actuales del sistema carcelario, la académica parte de la premisa que las cárceles en sí mismas nunca han sido una solución pues “han fracasado desde que se han inventado”.
Arensburg, asegura que los sistemas de reclusión enfrentan a los sujetos a abusos, a violencia, a arbitrariedades -que no solo provienen de los compañeros de celda o sus pares sino también de la institucionalidad misma-, configurando una socialización carcelaria, la cual se aleja de la socialización típica o deseable, y bajo la que se vería afectada la salud mental integral de los individuos.
“Lo primero que hay que pensar no es la salud mental del individuo por separado, sino que las condiciones que supone el encierro carcelario, las que agravan ciertas condiciones de salud mental que venían de antes o bien, a propósito de esas condiciones de encierro donde se vulneran derechos con hacinamiento, etc. se desarrollan patologías psiquiátricas”, afirma la psicóloga.
Por último, la académica advierte que la prisión y su consiguiente impacto en el ámbito psicosocial de los individuos, atentaría en contra la posibilidad de reinserción de los internos. “El peor predictor para poder rehabilitarse, es la cantidad de tiempo que una persona que comete delito está dentro de una cárcel. Eso le va a hacer cada vez peor. La cárcel de forma dominante no ayuda a la reinserción”, dice.
Así, una solución integral a la salud mental de quienes cometen delitos se daría de mejor manera con modelos donde la solución penal no pasa por el encierro. El servicio a la comunidad, la libertad vigilada y la justicia restaurativa, serían un paso adelante en este sentido.
