Durante los últimos días, los representantes de Chile y de Bolivia realizaron los alegatos orales ante los jueves del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en la fase final del juicio abierto tras la demanda que el país altiplánico realizó para buscar una negociación que les otorgue una salida soberana al mar.
El relato boliviano se ha basado en la supuesta obligación de Chile a negociar una solución a su mediterraneidad, debido a que en ninguna de las ocasiones en que ambos Estados han dialogado respecto a la materia se ha llegado a un acuerdo.
Al respecto, la profesora María Elisa Fernández, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, explicó que Chile siempre ha tenido la disposición de negociar con Bolivia respecto a la materia, y que "no ha habido acuerdo porque cuando se iba a tocar el tema siempre la otra parte sacó otras temáticas -como el río Lauca, por ejemplo-, trabando la posibilidad de tener un resultado satisfactorio".
Junto con ello, la académica hizo énfasis en que el único resultado adverso que se puede tener "es que nos tengamos que sentar otra vez a conversar, pero esto no es ninguna novedad porque nuestro país ha negociado numerosas veces, siendo Bolivia quien no ha respondido", descartando la posibilidad de que el Tribunal pueda obligar al país a definir de antemano un resultado a esa negociación, ya que los límites territoriales están definidos por el Tratado de 1904.
"Por supuesto que la mediterraneidad siempre será un tema presente para un país por el aislamiento que sugiere, pero Chile en reiteradas ocasiones ha intentado quizás no dar soberanía marítima, pero sí mejorar las condiciones, que ya son favorables, establecidas en el Tratado de límites", remarcó Fernández, aludiendo a los beneficios tributarios que obtienen los productos bolivianos en puertos chilenos, y a la construcción del tren Arica-La Paz para trasladar esos bienes hasta el Pacífico.
Para la profesora Fernández, es importante recordar que el conflicto armado entre ambos países se desarrolló a fines del siglo XIX, momento en el cual "la mayoría de los países latinoamericanos estaban en proceso de crear sus Estados-nación, donde en particular Bolivia no demostró mayor interés por su costa, ya sea por Cobija que no tenía la infraestructura portuaria mínima, o por Antofagasta, que fue poblada principalmente por chilenos, y cuando las diferencias entre los Estados se resolvían mayoritariamente a través de guerras", por lo que las causas del conflicto, radicadas en el cobro de un impuesto a las empresas chilenas en Antofagasta, no pueden ser analizadas sin tomar en cuenta ese contexto.
Diversidad v/s nacionalismo en el norte de Chile
La mediterraneidad boliviana data del final de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú entre 1879 y 1883, y que finalizó con la anexión por nuestro país de las regiones de Antofagasta, Iquique y Arica, con territorios económicamente muy importantes debido a la explotación del salitre, del cobre, y de puertos hacia el Océano Pacífico.
Esto tuvo como consecuencia, entre otras cosas, "la incorporación de habitantes bolivianos -y peruanos- de ciudades y asentamientos rurales en quebradas y oasis, a la nueva jurisdicción chilena, debiendo cambiar formalmente su nacionalidad o desplazarse a territorio jurisdiccional de Bolivia", recordó el académico Héctor Morales, de la Facultad de Ciencias Sociales.
El escenario social resultante fue el de una población chilena diversa que muchas veces mantiene numerosos vínculos con sus vecinos peruanos y bolivianos, a nivel cultural pero también a nivel familiar y social, lo que se ha expresado en diferentes iniciativas de integración surgidos desde la misma sociedad civil, como fue el caso de las "caravanas de la amistad" de 1958.
"La sociedad chilena nortina, lejos de ser un grupo homogéneo, está cruzada por fuertes divisiones sociales dentro de un orden jerárquico que permite la visibilidad de grupos chilenos integrados y otros menos proclives a la integración", explicó Morales, quien afirmó que quienes están en esta segunda categoría han sido históricamente descalificados como "extranjeros" o "bolivianos".
Desde el punto de vista del académico, esta distinción nacionalista resulta "artificiosa y racista" y da cuenta de "una estructura social de inclusión y exclusión de población", que podría ser revertido en el contexto del actual juicio en La Haya para avanzar hacia "un proceso de verdad histórica binacional, de reparación y de un nuevo trato soberano de diversidad ciudadana".