A raíz de la crisis institucional del Servicio Nacional de Menores (SENAME), a lo largo de los últimos años diferentes instituciones se han manifestado sobre la obsolescencia de la Ley de Menores existente. La situación derivó en la formulación del Proyecto de Ley de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, el que en octubre de 2018 reemplazó su nombre por el de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión Especial sobre Infancia del Senado.
Este documento incluye la creación de un nuevo sistema de protección administrativa que busca el bienestar y el ejercicio de ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país. Frente a las modificaciones aplicadas por el actual gobierno, organizaciones e instituciones que trabajan distintos aspectos vinculados a las infancias realizaron recomendaciones para contribuir en la creación de una ley, cuyo funcionamiento se espera que sea óptimo y acorde a estándares internacionales.
Con el propósito de sistematizar las reflexiones ya existentes, el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, desarrolla el ciclo de diálogos “Reflexionando sobre los desafíos públicos en infancias”. A través de esta vinculación con el medio, se destaca la relevancia de la relación entre el quehacer académico y los procesos sociales e institucionales que impactan en las trayectorias subjetivas de niños y niñas de Chile, uno de los ejes centrales del Programa.
Se trata de un espacio de encuentro y conversación en el que los participantes invitados durante las dos primeras jornadas ya tuvieron la oportunidad de compartir análisis, además de incorporar un plan de trabajo para crear una propuesta sobre el diseño del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez. También se identifica como una necesidad, la articulación de los actores involucrados en la temática de infancias y sus políticas públicas, para retomar el debate del proyecto de ley. Estas instancias se realizarán durante cinco meses más para luego compartir los hallazgos y resultados con la comunidad.
Entre los participantes de las reuniones ya concretadas se encuentran profesionales y representantes del Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño (CIDENI), Adra Chile, Fundación San Carlos de Maipo, Fundación Infancia, Fundación para la Confianza, Grupo Miradas, Instituto Chileno de Terapia Familiar, Red de Pedagogía en Contextos de Encierro, Corporación Opción, Fundación Todo Mejora, la comisión de infancia del Colegio Médico, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios.
Diagnósticos para la formulación de una propuesta
Camilo Morales, coordinador del Programa de Infancias, dio inicio a la primera jornada destacando la relevancia de esta agrupación y lo valioso de tener la “posibilidad de reflexionar y analizar en conjunto los distintos proyectos e iniciativas, cambios que hoy se traducen en políticas públicas, en proyectos de ley y que tienen incidencia directa en niños y niñas y jóvenes. En ese sentido, la universidad quiere fortalecer los lazos con las instituciones que trabajan en esto”.
Luego tomó la palabra la jueza Titular del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres Salazar, quien tiene un máster en Tutela Judicial Efectiva de Derechos Fundamentales de Género y Menores en la Universidad de Jaén, es docente de la Universidad Central en la cátedra de Derecho de Infancia y coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación de Magistrados. La magistrada desglosó el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y comentó que “se ha construido sobre cuestiones básicas que están erradas. Hay una gran confusión sobre lo que es la protección universal, la protección administrativa y la protección especial”.
También se refirió al último informe elaborado por la ONU sobre infancias, que indica que los jueces de familia no fundamentan las resoluciones y que debía haber desjudicialización de los casos. La docente y abogada concuerda con esto, pues “si no hay desjudicialización no vamos a salir adelante, debido a que los tribunales de familia nos hemos ido quedando con aquello que no es grave en la atención de derechos por el principio de inexcusabilidad y finalmente terminamos conociendo todo (…) Al tribunal de familia deberían dejarle sólo aquello que es grave en vulneración de derechos”.
Su propuesta ideal es la creación de un servicio de protección de la niñez y uno de reinserción social juvenil, dependientes del Ministerio de Justicia. “El servicio de protección especial, si lo entendemos como la gran vulneración de derechos, debe ser ejecutado por los tribunales. Es el Ministerio de Justicia el que se relaciona con los Tribunales”. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social tendría a su cargo el Servicio de Protección administrativa, que la ONU mandata, con las Oficinas Locales de la Niñez.
Sin embargo, como es una posibilidad que dista del proyecto de ley, ella propone “que el servicio de protección especializada tenga un área de protección administrativa y un área de protección especial. Entonces, la protección administrativa debería ser la que lleva a cargo las oficinas locales de la niñez. Este debería ser el diseño y el servicio de protección judicial para aquellos casos de mayor vulneración”. Entre sus conclusiones expresa que “no es posible que nosotros estemos con este nivel de cuestionamiento en un proyecto de ley que pretende dar respuesta violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los niños”.
En una línea similar, pero desde la gestión, el cientista político y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universdiad de Chile, Gabriel Guzmán, se pronunció sobre las indicaciones al proyecto de ley y el cambio conceptual que reemplazó garantizar los derechos por promoverlos, “hubo varios cambios que hizo un retroceso en el proyecto de ley por lo menos en sus primeros capítulos”. También destacó los puntos positivos que se agregaron luego del primer trámite en la cámara, “por ejemplo que la forma de asignación de recursos sea sujeto a reglamento, porque de eso depende de cómo se organizan los programas, el tema de la permanencia de los mayores de edad en los centros de residencia está sujeto a que tengan plan educativos, lo cual no es la realidad de muchos de los niños que están ahí, se reunió una orgánica especializada de supervisión y se flexibiliza el rol del estado y la provisión de los servicios”.
Dentro de su exposición se sentaron las bases para el trabajo de la próxima sesión, además de impulsar el debate con los distintos actores presentes. Su propuesta fue “pensar primero cómo va a ser el sistema antes de pensar la cáscara, o sea la parte orgánica. Una cosa son los modelos y los métodos de intervención o los sistemas que tengan los propios programas y los propios servicios para actuar, pero los servicios están dentro de un modelo, de un sistema al cual en su conjunto se le tiene que pedir un resultado. Por lo tanto, estamos partiendo de un diseño de un servicio, de un diseño organizacional que tiene una anacronía”.
Un diseño propio del Sistema de Protección de la Niñez
En la segunda jornada “Modelando el diseño de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez”, realizada el pasado viernes 26 de julio, Camilo Morales comenzó con una sistematización de la sesión anterior, identificando los nudos críticos y marco común del actual proyecto, así como lo que se espera del proceso que se realizará en adelante, destacando el enfoque desde la gestión pública. A su vez, destacó que se llevará a cabo una estrategia de incidencia sobre los principales acuerdos que se logren.
“Varias instituciones y agrupaciones históricamente han estado trabajando sobre este tema, que han hecho un trabajo sistemático, pero nos parece interesante también sumarnos a ese proceso. En términos de también ser un grupo de actores que pueda generar propuestas que innoven a lo que el debate actual contempla”, comentó a modo de reconocimiento el coordinador del Programa de Estudios Interdisciplinarios en Infancia.
Gabriel Guzmán y Macarena Andrade, esta última pertenece a Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, se encargaron de presentar los detalles teóricos y metodológicos que sustentarán el trabajo que se llevará a cabo. A través de un cronograma, cada reunión estará destinada a avanzar en distintos análisis del proyecto. Esto conducirá al diseño de un sistema que entregue valor público, a partir de la discusión de los actores presentes.
Guzmán explicó la relevancia de conocer cómo se materializa el enfoque de derechos en el diseño de sistemas públicos, explicando que “no solamente debemos preocuparnos por la disponibilidad de la oferta programática del sistema, sino también por su accesibilidad, su pertinencia y su calidad”. Además, corroboró la exigencia al estado para que asuma su rol de garante principal de los mismos.
La complejidad del diseño de este sistema, involucra pensar en la gran cantidad de actores presentes con intereses distintos, un alto dinamismo y el entorno que también tiene injerencia en su ejecución. “Se habla del nuevo servicio, pero se pregunta: ¿Cómo van a llegar los niños? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién deriva? ¿En base a qué? Entonces se vuelve a hablar del entorno de la oferta programática, de condiciones que están fuera de la y afectan”, ejemplificó Gabriel Guzmán.
A partir de una teorización en torno a las políticas públicas, se abordará este diseño con un enfoque ecológico, que permite identificar a los actores involucrados en distintos niveles de proximidad bajo un enfoque de territorialidad, cuya relevancia es la adecuada pertinencia en la instalación del sistema en distintos culturales y territoriales del país. Al mismo tiempo, se profundizará en un nivel intencional, donde interactúan los sujetos que implementan las políticas públicas: “es donde se materializa finalmente la gestión programática de lo que vamos a diseñar en este proceso. Cuando pensamos en ese nivel, se materializa un proceso de intervención social, que tiene fases, diagnóstico, planeación, ejecución”. Con esto se espera definir la propuesta de valor público, “que es lo que queremos que interprete y perciba la ciudadanía sobre el servicio que queremos”.
Finalmente, Macarena Andrade, explicó el funcionamiento de la metodología de cadena de valor aplicada al marco conceptual expuesto. Al respecto, se abordó el área de protección, en específico el SENAME, porque no existe una claridad de cómo se estructura el sistema en su totalidad. En este sentido, se apunta a la creación de valor público, por la que debería responder el estado. “La principal interrogante que mucha gente ha respondido de distintas maneras, pero que llegan a un consenso, es que no hay una generación de valor público. Nosotros decimos: ¿Se genera valor público? Yo me atrevería a decir que no, porque se genera de manera muy acotada, sólo en aspectos específicos el Estado protegió los derechos de los niños en una situación de vulneración flagrante”, diagnosticó Macarena.
Luego de estas exposiciones, se dio paso a la conversación de los asistentes, quienes expusieron sus distintas visiones sobre la vulneración de derechos y la protección de niños y niñas y adolescentes. En la discusión, se relevaron asuntos sobre la idea de cuidado, por ejemplo, cómo erradicar ideas o pensamientos de que hay que proteger a otro(a) y la culpa es de la familia y no del sistema, con ello también el vaciamiento del significado en la consigna “Los niños primero”.
Con una mayor presencia de académicos, esta jornada involucró a expertos en diferentes áreas. Entre ellos destacó Carolina Aroca, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, quien destacó la oportunidad para integrar la temática de los derechos de la niñez en el currículum de las y los estudiantes de Educación Parvularia, más allá de la creación de asignaturas sobre el sistema de protección.
El ciclo de diálogos organizado por el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, se extenderá hasta Noviembre próximo, cuyas sesiones se realizarán a fines de cada mes.