Esta crisis ha desnudado las graves carencias de nuestro sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de igual manera a todas las personas el derecho a la salud, esto es, acceso a un sistema que cumpla con principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para toda la población.
Las dificultades propias de una crisis de salud mundial se ven agravadas en Chile por los altos niveles de desigualdad, así como por la falta de información transparente, lo que ha provocado legítima preocupación en las personas acerca del impacto que puede tener la actual pandemia en la salud y la vida de la población, en particular, de sectores especialmente vulnerables como adultos mayores, enfermos crónicos, personas en situación de discapacidad y quienes se encuentran bajo custodia del Estado. De la misma forma, personas en situación de pobreza e indigencia son especialmente vulnerables en esta crisis.
Es preocupante ver cómo se va instalando en la población la sensación de que las decisiones de las autoridades de Gobierno están motivadas, principalmente, por intereses económicos y la protección de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, y no necesariamente por el mayor bienestar de la población.
La falta de transparencia en las decisiones, la lentitud de las medidas preventivas, la asimetría socioeconómica y regional de las medidas y la ausencia de liderazgo han hecho que la crisis de salud destaque con mayor visibilidad la crisis de la institucionalidad democrática que venía manifestándose desde antes.
Preocupa la situación de mujeres, niños, niñas y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia en el marco de medidas de cuarentena. De la misma forma, la situación de personas migrantes es preocupante porque se agudiza las vulnerabilidad de sus derechos en momentos de crisis. Asimismo, vuelve a ser evidente que en Chile no existen mecanismos eficaces para controlar a las autoridades ni canales efectivos de participación desde la sociedad civil que eviten que esta crisis sea utilizada para implementar políticas regresivas en materia de derechos humanos.
Las decisiones de las autoridades del Ministerio del Trabajo han generado una legítima desazón por los derechos laborales de los trabajadores; los intentos de algunos sectores políticos de usar la crisis con fines políticos o de impunidad en materia de derechos humanos o imponer agendas legislativas que criminalizan las movilizaciones ciudadanas no hacen sino socavar la legitimidad de las instituciones políticas. Esto es grave en momentos en que se requieren liderazgos creíbles y un uso muy cuidadoso de las facultades extraordinarias que van aparejadas con un estado de excepción constitucional de catástrofe.
Asimismo, las decisiones tomadas por el Poder Judicial sobre la situación de personas privadas de libertad en el marco de las manifestaciones ciudadanas son incomprensibles en un contexto de crisis humanitaria como la que vive el país.
Es particularmente preocupante para nuestra Universidad que esta crisis acreciente la brecha en materia de educación, dejando a amplios sectores de la población sin posibilidades de mantener su proceso educativo. La brecha digital ya existente puede expandirse en estas circunstancias de aislamiento y cuarentena.
Por ello, hacemos un llamado, desde la Cátedra de Derechos Humanos, a todas las autoridades del país para que en esta crisis de salud pública:
- Se priorice la salud y la vida de toda la población por sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.
- Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el COVID-19.
- Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.
- Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Es interesante la propuesta del Colegio de Profesores en este tema, que ha planteado el uso del recurso público y masivo que es la televisión.
- Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.
- Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente.
- Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado.
- Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas.
- Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público.
- Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia.
- Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia.
- Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos.
- Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.
Son tiempos de crisis, son tiempos de derechos humanos.
Santiago, 30 de marzo de 2020
Cátedra de Derechos Humanos
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
Universidad de Chile