En este marco de urgencia, cuando el racismo, el clasismo, el machismo y otras discriminaciones señalan a personas y comunidades específicas como responsables de esta pandemia, las personas migrantes están en un peligro mayor. Desde su llegada al país se instaló un discurso discriminador por parte del Estado, que consiguió que afloraran prácticas racistas, las cuales violentan sus vidas de manera permanente.
Toda vida tiene el mismo valor. La amenaza del Covid-19 no discrimina y por eso se hace indispensable que la comunidad migrante obtenga el carnet de identidad que le permita, al igual que todo chileno(a), cuidar su salud y la de los demás.
Nos preocupa que se instale contra las personas migrantes un discurso que emplea conceptos de guerra, que busca constantemente construir a un “enemigo” que permite conformar una estrategia que posiciona al gobierno central frente a la sociedad. Es fácil tener un chivo expiatorio a quien apuntar cuando este ya ha sido forjado gracias al racismo y al nacionalismo que operan en la misma sociedad.
Las personas migrantes que residen y trabajan en Chile forman parte de nuestra sociedad y durante esta pandemia, junto a otros(as) trabajadores, salen diariamente a las calles a hacer posible la continuidad de la vida gracias al desarrollo de sus múltiples labores en los servicios de salud públicos, como cuidadores en las residencias de adultos mayores, en la limpieza y sanitización de calles y medios de transporte, y también en los servicios de reparto a domicilio de alimentos y otros insumos vitales para el cuidado en casa. Por otra parte, participan en la vida de cada territorio entregando sus saberes y sus culturas, que nos enriquecen de la misma manera en que ocurre en todo país de inmigración.
Queremos alertar respecto de la indefensión en que se encuentran las personas migrantes más marginadas, presas de la discriminación cotidiana y en condiciones de vida extremadamente precarias, situación que se agudiza frente al Covid-19 por estar sujetas a exigencias administrativas que impiden su regularización y las condenan a vivir una crisis sanitaria sin papeles de identidad que les permitan circular por la ciudad para abastecerse o trabajar. Esta situación las expone a expulsiones o detenciones arbitrarias, pero también a prácticas racistas por parte de quienes las consideran un peligro. Portugal es un ejemplo a seguir tras haber otorgado a los inmigrantes y solicitantes de asilo derechos de ciudadanía plenos durante el brote de Coronavirus.
La salud es un bien común y ello nos exige cuidar la salud de todes. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras migrantes deben tener los mismos derechos de protección que los y las trabajadoras chilenas, sabiendo que es toda una clase la que hoy sufre los embates de las contradictorias decisiones del gobierno. Es necesario también garantizar su seguridad. Ellos y ellas están permitiendo la vida de una sociedad.
Para defender la vida y no forzar a la especie humana a la barbarie, la humanidad necesita de la solidaridad que le ha permitido sobrevivir hasta hoy. Y aunque estamos obligados(as) a la distancia física, precisamos de la cercanía social: conectarnos, reconocernos como iguales y desalojar los racismos que nos clausuran. Si toda la sociedad no está segura, ninguno de nosotros lo estará. La humanidad somos todes.