Mediante un conversatorio virtual, del que participó el rector Ennio Vivaldi, el 18 de mayo pasado la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt lanzó públicamente el proceso de elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), instrumento que definirá el camino a seguir para transitar hacia un desarrollo neutro en emisiones y resiliente al clima al 2050.
El proceso está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las autoridades sectoriales, y se contempla una etapa de consulta pública de sesenta días hábiles. Además, se exige un informe del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático contemplado en el proyecto, así como el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Sin embargo, según un policy brief publicado por la profesora Pilar Moraga, académica del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, “los procesos de participación realizados por el Ministerio del Medio Ambiente en el marco de la elaboración del PLMCC han sido objeto de críticas por el tipo de participación que se ha implementado. Estas apuntan, principalmente, a la incoherencia por la no firma del Tratado de Escazú, así como por el formato de los procesos de participación, los que se fundamentarían solo en la entrega de información”.
De acuerdo a la directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán, “la ECLP está llamada por el acuerdo de París y el proyecto de ley marco de cambio climático a ser un instrumento transformador en la transición de Chile a la carbono neutralidad y hacia nuestra mejor adaptación a la crisis climática”. Así, en su opinión, “tan importante como los hitos, lineamientos y modalidades de control que adopte la ECLP, es que este instrumento de política de Estado considere, tanto en su formulación como revisión y seguimiento, los más altos estándares de acceso a la información y participación ciudadana, tal como lo prevé el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú cuya firma por parte de Chile sigue pendiente”.
“Para efectos de lograr una transición sostenible, la transparencia y la participación serán la base de la legitimidad de la ECLP si queremos construir unidos una política de Estado de largo plazo”, advierte Durán.
Javier Simonetti, profesor de la Facultad de Ciencias y parte del Programa Transdisciplinario de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, coincide en que la participación es un factor clave en el éxito de este proceso. "La estrategia tiene impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que debería tener participación con derecho a voz y voto en la elaboración de esta estrategia, así como formar parte del equipo que realice el seguimiento del cumplimiento de las acciones y resultados de la misma", indicó.
"Los cambios requeridos para alcanzar un desarrollo carbono neutral deben considerar una transición justa con todos los miembros de nuestra sociedad y los ambientes que habitan. Por ello, esta transición justa debería considerar no solo la dimensión laboral de quienes pudiesen ser afectados por las políticas adoptadas sino también debe considerar especialmente a las comunidades locales y a los ecosistemas que siguen siendo afectados negativamente mientras no se implementan los cambios y se alcanzan las metas para combatir el cambio climático", agregó Simonetti.
Desde el Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile, su presidenta, Lorna Lares, indicó que la integración con la investigación y el sistema universitario también es clave. "Como universidad contamos con numerosos centros, investigadores/as y académicos/as que han aportado, y siguen contribuyendo, con evidencia científica clave para la elaboración de políticas publicas. En consecuencia, se requiere de un mayor nivel de participación e incidencia en estos espacios de toma de decisiones a nivel país", señaló.
Además, profesora Lares recordó que en el contexto de pandemia COVID-19, la sustentabilidad asoma como un imperativo para superar la crisis. Así, su llamado es a "recuperar la economía poniendo énfasis en una economía verde o regenerativa. Sería un error mantener el modelo que tenemos hasta ahora". Esto porque "existe evidencia que los efectos del cambio climático afectan en mayor medida a la población más vulnerable, acentuándose aún más con la actual crisis sanitaria. Una transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, asumiendo el compromiso de carbono neutralidad al 2050, es una oportunidad para alcanzar un desarrollo sostenible y resiliente, como se plantea en el llamado a una reactivación sostenible", recordó.