Recordamos la Declaración de UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales adoptada el 27 de noviembre de 1978, que señala que:
El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.
El racismo es un sistema que contiene prácticas discriminatorias que violan el principio de igualdad y por ello el Estado debe desalojarlo a través de medidas preventivas, de protección y de respuesta sancionatoria eficaces. Cuando el racismo que históricamente afecta al pueblo mapuche es alentado por el Estado a través de acciones u omisiones de sus autoridades, este viola sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. No podemos aceptar que estas prácticas se normalicen en el país sin una respuesta proporcional.
El racismo es un sistema potente que afecta a algunos sectores de la población y que también permea las instituciones del Estado, la vida cotidiana, el trabajo y los medios de comunicación, e históricamente se ha expresado como racismo institucional tolerado por la autoridad gracias a leyes y decretos que lo hacen posible.
Es obligación de las instituciones del Estado, particularmente del Ministerio Público, del Poder Judicial y del gobierno avanzar efectivamente y sin discriminación en las investigaciones que permitan sancionar a todos aquellos que incurran en prácticas y discursos racistas que desprecian y violentan a las personas.
La construcción de una democracia sólidamente fundada en el respeto de los derechos humanos no es posible si toleramos al racismo generado contra el pueblo mapuche sin condenarlo y enfrentarlo con las herramientas propias de un estado de derecho.
Santiago, 03 de agosto de 2020
Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas
Cátedra de Derechos Humanos
Cátedra Amanda Labarca
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
Universidad de Chile