Tras la crisis sanitaria y la emergencia climática que repercute al planeta, el 13 de octubre la ONU conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, bajo el concepto “gobernanza”. La fecha tiene como objetivo concienciar a los gobiernos y a la opinión pública en la materia, para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos incorporando estrategias nacionales y locales.
Terremotos, incendios, erupciones volcánicas, aluviones y la actual pandemia por COVID-19, son algunos de los múltiples desastres naturales que han repercutido al territorio nacional durante los últimos 10 años. De acuerdo con el Reporte Mundial de Riesgo de Desastres Naturales, elaborado por la organización humanitaria Bundnis Entwicklung, Chile se ubica en el puesto 28 de los países con mayor índice de riesgo a nivel mundial, siendo catalogado como una de las zonas más peligrosas para habitar.
En este contexto y de cara al nuevo proceso constituyente que enfrentará el país a partir de este 25 de octubre, se realizó el conversatorio “Reducción de riesgos de desastres, participación y constitución”. La actividad fue organizada por CITRID, la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la VID y la organización Movidos x Chile, para plantear la importancia de la gestión de riesgos y desastres como un área de responsabilidad estatal, además de la necesidad de un enfoque trans y multidisciplinario en la materia.
La Directora de Investigación de la VID, Silvia Núñez, comentó que “esta instancia es fundamental para discutir y evidenciar las diferentes perspectivas en cuanto a la gestión del riesgo y desastres a nivel nacional, de cara a los desafíos que se avecinan. Como Vicerrectoría consideramos indispensable que el mundo académico y científico forme parte del debate nacional, en conjunto a todos los actores de la sociedad. De este modo, las transformaciones sociales que están ocurriendo podrán ser abordadas de una manera participativa, critica y con vision de futuro”.
El rol del Estado y la sociedad civil en la reducción de riesgo
De acuerdo con la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2010 y 2018 el Estado chileno desembolsó más de 8 mil millones de dólares en reconstrucción tras las diferentes catástrofes ocurridas. Frente a la crisis sanitaria, el gasto público ha aumentado a los 1,7 billones de pesos, equivalentes al 0,86% del PIB, según datos proporcionados por la Contraloría General de la República.
Para el director de CITRID y Académico de la Facultad de Ciencia Físicas y Matemáticas, Ricardo Herrera, actualmente existe una deuda respecto a la reducción de riesgo. “Este 2020 el tema es la gobernanza, y nos toma desde un momento muy particular tanto por la pandemia como por el futuro proceso constituyente. Como país debemos tener la capacidad de mejorar nuestra gobernanza en la materia, incluyendo a todos los actores de la sociedad de manera colaborativa para cumplir con los índices propuestos por la ONU. Estos consideran la cantidad de vidas salvadas, además de la reducción del número de personas afectadas por los desastres y las pérdidas económicas”, indicó.
El director Ejecutivo de Movidos x Chile, Pablo Flores, sostuvo que “el Estado debe hacerse cargo de resolver una serie vulneraciones a los Derechos Humanos que se han venido arrastrando por largo tiempo, pero que se econden debajo de la alfombra hasta que llega un desastre y muestra la nula vinculación del Estado con las comunidades y los territorios. Uno de los principales desafíos que se deben asumir es mejorar el trato con la sociedad civil en relación con el riesgo de desastres porque solo así se crearan políticas públicas realistas y sólidas”.
Por su parte, el Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e integrante de CITRID, Hugo Romero, señaló que “este día nos sorprende justamente en una crisis de gobernanza y gobernabilidad profunda, en donde hoy más que nunca resulta relevante relacionar los Derechos Humanos con los desastres, la ciencia y la comunidad. Efectivamente estamos en presencia del desastre más grande que hemos enfrentado como país, y sólo confirma que, como sociedad, debemos discutir sobre múltiples temas, el Estado debe tomar medidas y necesitamos cuestionarnos el rol de la ciencia y las comunidades en la incubación de los desastres”.
En la misma línea, la Acádemica del Instituto de Asuntos Públicos, Paulina Vergara, se refirió al contexto nacional ante la pandemia. “Estamos a pocos días de conmemorar un año del estallido social y ad portas de un plebiscito nacional que busca cambiar la actual Constitución Política, lo cual no es menor al entregar un marco legal a todas nuestras instituciones públicas. Sabemos que la pandemia ha evidenciado una serie de situaciones y vulnerabilidades de las que no nos hemos hecho cargo por años. Esto se debe directamente a que la construcción de estas políticas públicas siempre se ha realizado desde espacios tecnocráticos y considerando únicamente a los actores de poder, dejando de lado el valor que tienen los saberes de las comunidades para construir una mejor gobernanza”, añadió.