En octubre de este año comenzará a operar el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. Esta nueva institución estará a cargo de María José Castro y será parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y no del Ministerio de Justicia, como es actualmente.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) lleva años en la mira de la opinión pública y siempre está presente en las campañas y campañas políticas. Cada cierto tiempo ocurre algún hecho que lo vuelve a posicionar, generalmente de manera negativa, en los medios de comunicación, y hace unas semanas un video de un niño gritando dentro de las dependencias de un centro se viralizó rápidamente en redes sociales.
En 1980, bajo la dictadura de Pinochet, comenzó a operar esta institución. Hoy, el 98 por ciento de las residencias son administradas por organizaciones privadas con el nombre de “Organismos Colaboradores”, los que ahora serán los mismos encargados de implementar las nuevas normativas de Mejor Niñez. Por su parte, el Estado le entrega a los privados un aporte promedio de 400 mil pesos por niño dentro de la Institución, en un sistema de financiamiento parecido al de la educación pública.
Los problema de fondo
Para Camilo Morales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile (FACSO), el gran problema que tiene el Sename es que entiende a los niños en situación irregular como objetos de protección y no como sujetos de derecho, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y, además, que hoy privatiza la atención a la niñez.
“Esto ha generado condiciones de mucha precarización en las intervenciones, bajo la lógica del principio de subsidiariedad. Es decir, hay un financiamiento que funciona estableciendo un pago por niño atendido. Yo diría que ese modelo, donde confluye lo asistencial tutelar con la hegemonía neoliberal, es lo que ha hecho, en gran medida, que este sistema del Sename después de 41 años no haya podido cumplir con el objeto de su mandato, que es proteger y reparar los derechos de niños que han sido vulnerados”, explica.
Por su parte, la académica de FACSO y vicedirectora de la Red Chilena de Pedagogía en contextos de encierro, Viviana Soto, recalcó que los niños, niñas y adolescentes que llegan al Sename están en la línea de la pobreza y han sufrido vulneraciones, “pero también un abandono del Estado porque provienen de familias que han sido abandonadas. Hay que pensar una ley de derechos de niños y niñas apoyando también a las familias en la educación y en resguardar su bienestar y una vida plena”.
Mejor Niñez: ¿más de lo mismo?
Diversas organizaciones y funcionarios han criticado a Mejor Niñez, señalando que los cambios no son estructurales y que será lo mismo con otro nombre. Sin embargo, existen cambios concretos. A diferencia de lo que hace hoy el Sename, Mejor Niñez se encargará de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y solo en materia de protección y no de reinserción. Para esto, se aumentarán en un 30 por ciento los recursos por niño, niña o adolescente y permitirá atender a los más de 247 mil menores que entran anualmente al sistema de protección.
El aspecto de la reinserción estará a cargo del nuevo “Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”. Esta iniciativa está a la espera de ratificarse en el Senado para ser ley y, con esto, lo que es hoy el Sename estaría separado en dos instituciones distintas. Esto fortalecería los procesos de intervención con mejores programas, creará un sistema de justicia especializado, corregirá déficits de sanciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes e incorporará, entre otras cosas, la mediación penal juvenil como alternativa de resolución de los conflictos.
Al académico de FACSO, Dimas Santibáñez, este tipo de cambios le generan confianza. “El Sename ya estaba en una situación límite y se está buscando una solución fuera del marco tradicional. Esto, por cierto, no asegura resolver los problemas, pero abre una posibilidad más amplia para que algunas de las cuestiones más sustantivas, efectivamente se modifiquen. Para que se resuelva la situación se tiene que trabajar, por una parte, en el problema de diseño institucional con el cual se ha promulgado la ley; en cómo está pensado institucionalmente, es decir, los diseños programáticos; y finalmente en el tipo de cultura institucional con la cual se despliegue el trabajo del nuevo sistema”.
En Chile no hay garantías de los derechos de la niñez
Actualmente, la misión del Sename es “Contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley, a través de una oferta programática en continuo mejoramiento”.
A pesar de que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, y asumió como Estado adoptar las medidas administrativas y legislativas necesarias para que estos derechos sean efectivos, tuvieron que pasar 25 años para que la Ley que entrega “Garantías de Derechos de la Niñez” comenzara su discusión en el Congreso. Desde el año 2015, este proyecto se sigue discutiendo en el Congreso.
Viviana Soto, indica que lo que se está haciendo es “modificar el servicio de protección a la niñez y de reinserción juvenil, pero no se crea un sistema de garantía de derechos que sea como la base para sostener estas instituciones. Entonces, se adelanta un proceso sin antes discutir a nivel político y social, y sin que se cree una ley de garantía de derechos para los niños y para las niñas”.
“Somos el único país en América Latina que no tiene un sistema de ley de garantía de derechos a la infancia, y eso es un llamamiento de que tenemos que poner atención de que si pensamos en políticas de infancia, tenemos que tener y pensar bien cuál es el paradigma desde donde miramos a la niñez, de lo que pretendemos de que los niños y niñas se constituyan como sujetos de derecho en nuestro país”, concluyó la profesora.