Las movilizaciones estudiantiles de 2011, encabezadas por estudiantes universitarios y secundarios, fueron un hito que remeció al sistema educacional chileno. "Educación gratuita y de calidad" era la consigna que se podía leer, en ese entonces, en carteles de las distintas marchas masivas, no solo en Santiago, sino que también en otras regiones del país.
El descontento de los estudiantes respecto al sistema de educación se hizo saber a través de una serie de demandas. En el caso de la educación superior, se exigió una reforma al sistema de acceso a las universidades que asegurara la igualdad de oportunidades, el aumento de fondos de libre de disposición a universidades estatales y la democratización del sistema de educación superior, entre otras. Los estudiantes secundarios, en tanto, planteaban la necesidad de una reforma constitucional para fijar el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza, además de establecer un Estado que garantice una educación igualitaria, laica, gratuita y de calidad por igual en todos los establecimientos del país.
El movimiento cobró fuerza, y recordó lo sucedido en 2006 con la denominada "Revolución Pingüina", donde los estudiantes también salieron a las calles del país a favor del derecho de la educación, en respuesta a la privatización del sistema educacional chileno impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Hoy, a 10 años de aquellas marchas en las que participaron aproximadamente un millón de estudiantes, el panorama es distinto. Existen avances en algunas materias, y en otras, a raíz de la pandemia por COVID-19, quedó al descubierto la falta de oportunidades y las desigualdades educacionales que aún existen en Chile.
Leonora Reyes, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, recordó puntos relevantes del movimiento. "si bien no es la primera manifestación estudiantil contra el modelo de mercado, ya había existido una movilización fuerte compuesta por secundarios en 2006, y en 2001 con el mochilazo. Lo que tiene el año 2011 es que une a dos sectores estudiantiles muy fuertes, el universitario y el secundario, e impugnan derechamente ya no solo que la educación alcance para todos, sino que va a los puntos claves del modelo, que es la posibilidad de lucrar que tienen los sostenedores. Por lo mismo, esta capacidad de seleccionar a los estudiantes y pedir copago a las familias, además de lo que reciben de la subversión estatal, es foco del cuestionamiento de un aspecto crucial de la Constitución del '80, que es que el derecho a la educación está supeditado a la libertad de enseñanza, entendida como esta posibilidad de comerciar con la educación".
Por su parte, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Antoine Maillet, califica este episodio como un "hito histórico", del cual aún vemos consecuencias. "Hay un impacto histórico que removió al sistema político en sus fundamentos y de los cuales estamos viendo las consecuencias todavía, me refiero al levantamiento social del 2019 y al proceso constituyente. Hay un impacto histórico del movimiento estudiantil que todavía queda por estudiar y dimensionar bien. Yo creo que justamente hay una tensión entre lo que se ha producido para el sistema político y lo que ha sido el efecto sobre la educación en sí. Finalmente, ha habido cambios en la educación chilena que no responden completamente a la petición estudiantil. La 'educación pública gratuita y de calidad' no se ha cumplido a cabalidad, y han existido algunos procesos dentro de la elaboración de la política pública que de alguna manera han desvirtuado el impulso inicial", afirmó.
Desde la vereda de quienes protagonizaron las marchas a través de organizaciones estudiantiles, el periodista Felipe Ramírez, actualmente Secretario General de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, y que el 2011 era presidente del Centro de Estudiantes de Comunicaciones de nuestro plantel, se refirió a la implicancia y claves del proceso al que también se sumaron movilizaciones sociales, sindicales y ambientales.
“Hay un sinfín de factores que ese 2011 explotan, que te cambian el escenario político, la agenda política, y que de una u otra forma van preparando el terreno para el estallido, van demostrando al final que el modelo sociopolítico chileno no tiene la capacidad para reaccionar ante las demandas de la población. No importa cuánto reclamen, cuánto lobby ante el congreso se haga, cuántas movilizaciones se realicen, el sistema chileno no está en capacidad de responder a las demandas y a las necesidades de la población. Su única respuesta está dentro de las claves mismas del modelo, el endeudamiento y el gasto social focalizado en los segmentos más precarizados".
El escenario educacional actual, en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, dejó al descubierto la desigualdad de condiciones en el acceso a clases y la virtualización de la docencia. Sin embargo, el proceso constituyente representa una oportunidad para modificar, replantear y mejorar el proyecto de educación pública, sostiene Leonora Reyes. “Se abre una tremenda oportunidad con poder replantear la constitución, donde claramente el derecho a la educación es uno de los más trascendentes para trabajar en vías de una sociedad justa y más igualitaria. El proyecto de educación pública no debería, necesariamente reeditar el estado docente, sino que trabajar más bien en términos de rescatar lo positivo de ese modelo, que era la garantía estatal de los derechos, pero por otro lado avanzar en términos de unas falencias, que era la participación de las comunidades educativas en la creación y puesta en marcha de este proyecto. Ahora se abre una tremenda oportunidad para legislar en esos términos”, señaló.
A modo de balance, Felipe Ramírez es enfático en que falta mucho camino por recorrer. “Las demandas del 2011 siguen vivas porque además el endeudamiento sigue siendo la base del consumo masivo de la población. Yo creo que esta situación de pandemia lo ha hecho más patente todavía, la gente ha tenido que agotar su capacidad de endeudamiento y pasar a gastarse sus fondos de pensiones para tratar de sobrevivir en la coyuntura. No podemos decir que las demandas se han resuelto, al contrario, yo creo que el fermento del 2011 yace en la base de lo que explota el 2019. No podemos decir que uno es consecuencia de la otra, creo que el proceso del 2019 obviamente es mucho mayor, pero sí lo contiene".
La crisis sanitaria puso en jaque el sistema de salud, pero también el educacional. En este contexto, las clases online y el desarrollo de estas a través de diversas tecnologías han demostrado la desigualdad en el sistema, ya que muchos estudiantes no tienen acceso a Internet o tienen que trabajar para ayudar a sus familias. Este panorama obliga a sumar nuevas demandas que están relacionadas con el derecho a la educación, las que se espera que sean incluidas en la nueva constitución para velar por una ley de educación pública, gratuita y de calidad.