La inserción de las mujeres en el mercado laboral ha sido impulsada con diversas políticas, siendo objeto de intervención continua en varios gobiernos. Pero aún la posición de desequilibrio que enfrentan las mujeres en su ámbito doméstico y familiar tiene escasa consideración en las políticas públicas. Romper la dicotomía entre lo que sigue siendo privado y lo público es uno de los desafíos de la instalación de políticas públicas de cuidado.
Como señala Nancy Folbre (1994, 2001) para las mujeres, “doing gender” frecuentemente es “doing care”. La socialización en normas sociales, prejuicios, sesgos de género y determinados roles y capacidades diferenciadas de hombres y mujeres son obstáculos que las políticas públicas pueden contribuir a remover. Socialmente se espera que sean las mujeres aún cuando estén insertas en el mercado laboral, quienes realicen la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado en el hogar. Y quienes realizan trabajo doméstico remunerado, especialmente en el caso de las migrantes, lo hacen en condiciones de baja valorización, precarización o inadecuado trato y condiciones laborales.
Tenemos el orgullo de tener una Convención Constitucional con paridad de género que avizora que el nuevo texto constitucional reconocerá una plena igualdad en el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales. Y el 11 de marzo asumirá un gabinete con mayoría de mujeres, con el compromiso personal y programático del presidente electo de tener un gobierno feminista e instalar un Sistema Nacional de Cuidados. Esta decisión política es una ventana de oportunidad histórica (Kingdon, 2001) parar avanzar en la eliminación de una de las más importantes barreras para la igualdad de género.
Tener un gobierno con una agenda pública declaradamente feminista es tributario de la acción colectiva de organizaciones y movimientos feministas, de las masivas marchas del 8M, de las performance de Las Tesis, que han sido fundamentales para instalar esta voluntad política y social de avanzar hacia una sociedad que iguale derechos, entre ellos el derecho a los cuidados y el resguardo de los derechos de las diversidades, y que permita un desarrollo inclusivo. Asimismo, múltiples estudios e investigaciones han contribuido a tener diagnósticos más afinados con datos contundentes sobre las desigualdades de género. En estos años de pandemia, los estudios nos han mostrado la centralidad de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, pero también los costos en empleo, productividad académica y salud mental, entre otros, que ha implicado para las mujeres.
El pensamiento feminista ha visibilizado el valor del trabajo doméstico y de cuidados para nuestras sociedades. A la vez, ha denunciado y develado su histórica feminización y precarización. También ha abogado por romper con estereotipos y discriminaciones, desde los cruces interseccionales donde se superponen desigualdades, calculando el valor económico de los cuidados, entre otros aportes.
Requerimos socializar los cuidados, como parte de un cambio distributivo en que Estado, sociedad y ciudadanas/os seamos corresponsables. Ello implica un cambio económico, social y cultural en el que las políticas públicas serán fundamentales para impulsar un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de género. Esto, acompañado de políticas de corresponsabilidad y socialización en la igualdad, que impliquen una revisión a fondo de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que siguen situándonos a hombres y mujeres en esferas esperadas -la pública productiva y la privada reproductiva-, que beneficia el desarrollo de los hombres y limita el de las mujeres. Si los esfuerzos se centran en mover estas barreras dando visibilidad a los mecanismos que sustentan las desigualdades en los cuidados, estaremos avanzando en sentar las bases para una sociedad más cohesionada y justa para todos y todas.