Encargo del Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Centro de Energía U. de Chile entrega hoja de ruta para la digitalización del sector energético

Tras diez meses de trabajo conjunto con actores claves del sector energético, el Centro de Energía de la Universidad de Chile dio a conocer los resultados del estudio “Análisis y propuesta de mejora al marco regulatorio chileno para la Digitalización del sector Energía”. El trabajo, desarrollado por encargo y junto al Ministerio de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantea una hoja de ruta para avanzar en la digitalización de las áreas de redes inteligentes, industria y usuarios finales en el país.

El análisis, liderado por Patricio Mendoza, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) e investigador del Centro de Energía de la U. de Chile, identificó los principales usos y tecnologías habilitantes para la digitalización del sector energía, además de las principales barreras y brechas para avanzar en su implementación. 

“Los rápidos avances tecnológicos han habilitado una serie de aplicaciones digitales modernas en el sistema energético y, sin embargo, nos presentan una serie de desafíos, los que hemos identificado a lo largo del proyecto. Para enfrentar estos desafíos, superar barreras, cerrar brechas y lograr una efectiva digitalización que, además, acompañe la descarbonización y la descentralización como parte de la transición energética, es que hemos propuesto, junto a la hoja de ruta, un plan de acción enfocado en los tres ámbitos de interés del proyecto: redes inteligentes, industria y usuarios finales, además de los aspectos transversales de ciberseguridad, trazabilidad e interoperabilidad”, señaló Mendoza.

Las principales brechas se identificaron en ciberseguridad, trazabilidad e interoperabilidad. En la industria, por ejemplo, se requiere capital humano calificado; mayor digitalización en procesos industriales, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, pues hoy está mayormente presente en los grandes actores de la industria (minería, forestal, etc.); y existe la necesidad de trazar emisiones para el cumplimiento de metas país, entre otras. 

En redes inteligentes, en tanto, se detectó un bajo nivel de automatización de la red de distribución de las distintas zonas de concesión; pocos proyectos de subestación inteligente en transmisión implementados; y la carencia de la figura de "generador virtual" o "micro-red" en la normativa actual, por ejemplo. Mientras que en el área de usuarios finales, donde se detectó la mayor cantidad de brechas, destaca problemas como la inexistencia de incentivos para implementar medidas de eficiencia energética y la imposibilidad de que los clientes regulados puedan vender su energía a otros regulados.

Hoja de ruta

El plan de acción, desarrollado a partir de la revisión de las experiencias de Estados Unidos, Corea del Sur y Australia, además de los resultados de distintas mesas de trabajo, propone medidas concretas, cambios legales, reglamentarios y normativos, identificación de instituciones y roles, junto con la estimación de costos y beneficios esperados para avanzar en la digitalización de las áreas priorizadas. 

Entre sus medidas se incluyen: realizar cambios regulatorios que permitan la participación de clientes libres y regulados en los mercados de la energía y servicios complementarios, a través de la implementación de los distintos usos digitales; cambios regulatorios para que clientes regulados puedan responder a señales de precio y puedan percibir beneficios de su participación en mercado eléctrico a través de distintas aplicaciones digitales, como generadores virtuales o agregadores de demanda; desarrollar cambios regulatorios para que empresas distribuidoras tengan incentivos para fomentar la eficiencia energética; realizar cambios regulatorios para promover el desarrollo de la tecnología habilitante, como promover el desarrollo de medidores inteligentes, sistemas de medición y control remoto (automatización de la red de distribución), digitalización de subestaciones, etc.; cambios regulatorios para definir los estándares de las tecnologías habilitantes; además del desarrollo de campañas de difusión y fomento de tecnologías digitales; y planes piloto para verificar el correcto funcionamiento de los usos digitales y tecnologías habilitantes. 

La hoja de ruta propuesta sintetiza el plan de acción en los cuatro ejes de trabajo del proyecto y considera acciones como el desarrollo de planes piloto de redes inteligentes y usuario final; desarrollo de campañas de difusión y fomento; la masificación de medidores inteligentes en todos los ámbitos; también las tecnologías de trazabilidad, como el blockchain; y en el caso de la ciberseguridad, desarrollar el marco regulatorio sectorial a partir de la normativa general, contenida en el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, específicamente mediante la creación del CSIRT sectorial. “Se debe enfrentar el desafío de implementar modelos que permitan avanzar con la digitalización, sin necesidad de procesar datos personales”, indica el informe.

Nuevas oportunidades

El subsecretario de Energía, Julio Maturana, agradeció el trabajo realizado y aseguró que lo que sigue es implementar la hoja ruta. “Sin duda, vamos a tener que seguir vinculados con todos los actores para que estos cambios sean mucho mejor para toda la industria energética, pero sea también una mejor forma en cómo Chile puede hacer su política pública relacionada con los datos, con la energía y con el progreso que podemos generar en la industria hacia el futuro”, sostuvo. 

“Lo que hemos hecho con este estudio es establecer esta hoja de ruta, este plan de acción de cómo el sector energía puede disponer de estos datos. Es muy importante porque dentro de este estudio no solo estuvo participando la Facultad, sino otras entidades relacionadas con el mundo energético, como la CNE, la SEC, el coordinador, el propio Ministerio, que son los lugares en los que se agrupa la mayor cantidad de estos datos, pero que sin duda necesitan un nuevo ordenamiento, porque el futuro nos dispone a que tengamos que tratar los datos de una manera diferente”, agregó.

“Desde la Facultad, vemos esto como una tremenda oportunidad para el usuario final de la energía, la industria y la generación, de jugar un rol muy importante en el desarrollo energético de nuestro país, potenciados con los avances tecnológicos y las tecnologías de información y de comunicaciones. Debemos tener claro que el fin no es solo digitalizar los distintos subsectores de la industria energética en sí, sino dar las herramientas para que podamos tomar mejores decisiones y ser partícipes de los sistemas energéticos del futuro”, señaló Luis Vargas, director de Vinculación Externa de la FCFM.

"Nosotros pensamos que para que la política pública sea efectiva necesita estar basada en evidencia y, de alguna manera, este estudio que hace una comparación internacional y que identifica brechas, aporta evidencias para hacer buena política pública en el futuro. La digitalización está al tope de las prioridades de las políticas públicas de toda América Latina. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la digitalización es uno de nuestros drivers y cuando uno habla de digitalización y mira algunas de las brechas que aparecían en el trabajo los temas de ciberseguridad aparecen como muy relevantes, es una agenda que al banco le interesa, que está apoyando en el país y me parece que es una brecha que merece la atención de todos", aseguró Pablo Angelelli, jefe de Operaciones de la Oficina de Chile del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile.

Conclusiones

Entre las conclusiones del trabajo, los investigadores señalaron que la implementación de la hoja de ruta requiere de cambios regulatorios que permitan la participación de clientes libres y regulados en los mercados de la energía y servicios complementarios para acceder a los potenciales beneficios de la digitalización. “Además, es necesario que la normativa promueva el desarrollo de tecnologías habilitantes. Por ejemplo, los medidores inteligentes. No existe una normativa que obligue al uso de subestaciones digitales y la automatización de las redes de distribución. Si bien se encuentra regulada, su implementación depende de las políticas propias de cada distribuidora”, indica el informe.

Complementariamente, el plan de acción propone una serie de medidas relacionadas con la definición del estándar de las tecnologías habilitantes, como definir el estándar para que artefactos eléctricos puedan estar habilitados para gestionar demanda, los estándares para la interoperabilidad y para la comunicación entre equipos (ejemplo, Internet of Things), entre otros.

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