La reciente discusión por el proyecto de ley que crea el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, ha despertado tensiones y movilizaciones por parte de algunos trabajadores/as y de la industria salmonera, quienes alertan una posible pérdida de empleos como consecuencia de la directriz de impedir nuevas concesiones en áreas protegidas. Más allá de la respuesta de la ministra de Medio Ambiente - en que esto afectaría eventualmente a las concesiones futuras, no actuales- el debate nuevamente pone sobre la luz tensiones no resueltas por la industria en su inserción territorial: la necesidad de una planificación que proponga una visión sistémica e integral de los territorios en que se inserta.
Recordemos que cada una de las expansiones geográficas de la industria, ha sido en reacción a crisis ecológicas derivadas de un modelo productivo que abusó de las condiciones que lo hacían posible: en los 90 la expansión en la región de Los Lagos derivó en constantes momentos de florecimientos algales y aumento en el uso de antibióticos, y que, tras la crisis del virus ISA la industria expandió sus concesiones a Aysén y Magallanes. Esto se aceleró con la crisis de marea roja en 2016. En este sentido, sigue siendo un problema no resuelto el mecanismo de asignación de concesiones, puesto que no hay institucionalidad que le de coordinación a los usos de costas y mar. Es así, que cada vez que una comunidad indígena hace uso de la ley ECMPO (Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios), se generan roces y congelamiento de concesiones, afectando tanto a las comunidades indígenas que buscan ejercer su derecho, a pescadores artesanales que tienen usos históricos sobre dichos espacios costeros y a las concesiones salmoneras o de mitílidos. Existen fallos de la corte nacional y de experiencias en otros países, que refuerzan la necesidad de sacar de áreas marinas protegidas actividades intensivas, más aún si es con especies exóticas, como los salmones. Por lo que si la industria quiere reforzar su identidad de sustentabilidad, debe ser la primera en buscar soluciones fuera de estas áreas. Las certificaciones internacionales y los consumidores informados no tolerarán por mucho tiempo este tipo de prácticas. De este modo, la anticipación, la planificación y el uso de tecnologías como el cultivo offshore serían soluciones que permitirían salir de estas zonas sin afectar los niveles de producción.
En segundo lugar, ante el argumento del posible desempleo, es necesario reconocer que la mayor cantidad de empleo lo dan las plantas de proceso, no los centros de cultivo. Dichas plantas se concentran en la región de Los Lagos, mientras que las áreas marinas protegidas se concentran en Aysén y Magallanes. Es importante señalar que la industria salmonera ha tenido históricamente una relación friccionada con sus trabajadores, siendo una de las industrias con malos registros de persecución sindical y accidentes laborales. De hecho, la huelga de 2007 de Aguas Claras generó un trauma en las localidades rurales de la región de Los Lagos por el uso de fuerzas especiales y el despido de quienes participaron en los eventos. La sindicalización salmonera es entonces atomizada y descentralizada y además que, tras las diversas crisis de la última década, ha realizado contratos temporales por cosecha, lo que inhibe la afiliación a sindicatos y aumenta la precarización del empleo que genera. El modelo de turnos 4x3, 7x7 y otros ha deslocalizado la mano de obra de concesiones de las zonas rurales donde se emplazan los centros, las estadísticas de tendinitis y otros problemas traumatológicos derivados del trabajo repetitivo en condiciones de frío, afectan particularmente a las mujeres, mientras que los servicios de salud de estas regiones siguen sin la suficiente capacidad clínica para abordar estos cuadros epidemiológicos. En otras palabras, la calidad del empleo salmonero, es un ámbito que redunda en toda la comunidad, y donde las concesiones no tienen causalidad.
En otras palabras, no mezclemos salmones con alerce: el fondo de la discusión de la ley en cuestión no es el futuro de la industria salmonera y su impacto en el empleo. Más bien es poner al país al día con una institucionalidad que le dé curso a los desafíos de conservación y protección de la biodiversidad de TODO el país. Esta es una deuda pendiente por más de una década y redundará en beneficios para todas las regiones donde la industria salmonera tiene presencia, pues apunta a fortalecer una institucionalidad que permita la gobernanza de espacios y recursos naturales entre distintas actividades económicas.
El desafío para la industria salmonera ¿cuál es entonces? Repensar su futuro y su relación con las comunidades donde se inserta, en compromiso y responsabilidad con las empresas, los habitantes de dichos territorios y con los gobiernos regionales. Son ellos quienes debieran impulsar nuevos y mejores espacios de participación para la planificación territorial y del borde costero.
Impedir la aprobación de la ley que crea el servicio de biodiversidad no redundará en una mejor y más sustentable industria salmonera, ni en mejores empleos para sus trabajadores, pero su aprobación si se puede convertir en una oportunidad para que el país cuente con instancias de decisión que cuiden nuestros recursos naturales.