La Cátedra Amanda Labarca, orientada desde la Universidad de Chile a la reflexión crítica sobre feminismos y perspectiva de género en todas sus dimensiones, expresa su alarma ante recientes decisiones gubernamentales, discursos públicos y señales políticas que constituyen un abierto retroceso en los derechos de las mujeres, alcanzados en un largo camino de avances. Como espacio universitario, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de estos derechos desde la evidencia, el análisis, el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad, la profundización de la democracia y la justicia social.
Nos referimos en primer lugar al controvertido proyecto de ley que lleva el nombre efectista de “Escucha su corazón”, anunciado por el sector ultraconservador como forma de imponer barreras a la ley de aborto en tres causales, buscando presentar la moción como una estrategia de mitigación que contribuya a revertir la baja de la natalidad en Chile. Consideramos dicho proyecto y sus diversas justificaciones, como una flagrante violencia reproductiva, una cruel y degradante forma específica de violencia institucional de género.
La propuesta busca modificar la ley de 21.030 que actualmente garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales establecidas, introduciendo barreras coercitivas, clínicamente injustificadas y éticamente cuestionables, a la autonomía y dignidad de mujeres y adolescentes en la toma de decisiones en momentos de gran vulnerabilidad. Recordemos que desde su promulgación en 2017, más de 5.325 mujeres (90%) y adolescentes (10%) han recurrido a interrumpir el embarazo debido a la causal de violación (27%), causal de riesgo vital para la mujer (28%) o a causal de inviabilidad fetal (45%), accediendo a servicios de salud que aseguran su integridad, respeto y confidencialidad.
La forma efectiva de avanzar en derechos reproductivos para las mujeres es abordando temprana y con amplia cobertura, la postergada educación sexual integral, previniendo los abusos, dando acceso a métodos de prevención del embarazo, incluyendo la distribución gratuita de preservativos, fortaleciendo las políticas públicas de salud reproductiva incluyendo campañas educativas y reconociendo sin ambages ni restricciones, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos. Asimismo, resulta indispensable reconocer que las desigualdades de género se expresan de manera diferenciada según condiciones como edad, territorio, ruralidad, discapacidad, situación socioeconómica, pertenencia a pueblos indígenas, migración y otras formas de discriminación, por lo que una perspectiva interseccional constituye un principio irrenunciable para la garantía efectiva de derechos.
Asimismo, resulta una inaceptable deshumanización de adolescentes y mujeres que se pretenda vincular situaciones de violencia sexual con una eventual política de natalidad. Los fundamentos de la baja natalidad a nivel nacional e internacional han sido abordados de forma multicausal, siendo imposible reducir su explicación a una dimensión. No obstante, los problemas de gestación o la violencia sexual no están incluidos dentro del marco de comprensión ni la evidencia científica. Es más, el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas no es un recurso demográfico del que se pueda disponer. La natalidad sólo debe ocurrir cuando es deseada, y las políticas públicas que pretendan fomentarla deben orientarse a resolver la conciliación trabajo-familia, la inseguridad económica, la informalidad laboral, brechas de acceso a salud sexual y reproductiva y falta de políticas públicas de cuidado. En contraposición, vemos con alarma decisiones del actual gobierno que amenazan lo que se ha forjado, actuando a favor de intereses privados junto con la confiscación de derechos sociales, desmantelando equipos y debilitando programas, lo que a nuestro entender constituyen amenazas a la democracia.
Junto con nuestra alarma ante estos retrocesos, manifestamos nuestra preocupación por la inacción y silencio de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hasta ahora, se desconoce cuál es su postura frente a esta propuesta parlamentaria así como también cuáles serán las políticas públicas e iniciativas legales que va a impulsar para resguardar e impulsar los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, especialmente las más vulnerables de nuestro país.
Como Cátedra Amanda Labarca, integrada por académicas y representantes de la sociedad civil rechazamos iniciativas legislativas y gubernamentales que atenten contra los derechos de las ciudadanas y hacemos un llamamiento para que las autoridades exhiban una posición pública clara y de liderazgo decidido en la defensa de los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres y equidad de género, fundamental para convocar la discusión pública y conducir una sociedad democrática.