Con una mirada jurídica y política de la educación en Chile, partió el Congreso de Educación y Derecho realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que busca avanzar en la discusión de las propuestas que está desarrollando la comunidad académica y estudiantil de la Casa de Bello en materia de las reformas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
En el congreso que se programó en cinco jornadas de discusión, el presidente de la Fech, Giorgio Bocardo, recordó el movimiento de los secundarios que puso en la agenda de gobierno las reformas de la educación y destacó el deseo de su comunidad de sumarse a los actores de protesta y denuncia, "pero por sobre todo ser indicadores de un plan de propuestas".
Mayor transparencia
En la ocasión, donde cerca de medio centenar de estudiantes asistieron a la audiencia, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial, entregó una mirada histórica de la LOCE y de los aspectos jurídicos que se proponen mejorar -por tratarse de su especialidad-, pero precisó que la mirada de los problemas que vive la educación es mucho más amplia.
Ruiz-Tagle recordó los orígenes de esta ley, que se remonta a 1990 "pocos días antes de que asumiera el gobierno de transición a la democracia" y la calificó "como una ley de amarre". En términos generales explicó que su elaboración fue planeada como una estructura tecnificada, llena de instancias de control social que no son propias de una democracia. Al respecto, entregó una lista de elementos que están ausentes en la LOCE a fin de ejemplificar su aseveración.
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| El profesor de Derecho Constitucional de la U. de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial, (en la foto 1ero. a la derecha ) entregó una mirada histórica de la LOCE y de los aspectos jurídicos que se proponen mejorar. |
En primer lugar recordó que se trata de una ley orgánica que requerirá de cuatro séptimos, de todos los diputados y senadores, para su reforma, ante lo cual pronostica que se terminará negociando con la minoría.
En materia de contenidos, Ruiz-Tagle reparó en algunas materias ausentes, tales como los derechos y deberes del Estado, de los sostenedores, de los alumnos y sus usuarios (apoderados). Asimismo la prohibición de tratar materias políticas u organizaciones estudiantiles, como también una constante referencia a la doctrina de seguridad nacional al momento de establecer los contenidos.
Junto con profundizar en algunos de estos temas, el exponente dio cuenta de un estudio que elaboró en conjunto con la Profesora de Historia Institucional de la Escuela de Derecho, Sofía Correa, donde hacen una presentación de propuestas que apuntan a la transparencia en el financiamiento y "que todos los establecimientos educacionales, en cualquier nivel se atengan a la modalidad de sociedades anónimas abiertas, porque si reciben recursos públicos, ya sea por subsidio o por extensión, deben dar cuenta de todos los ingresos y egresos de manera pública".
Al respecto calificó la realidad financiera como "perversa" , pues señaló que hay un vacío en el control de los recursos. "Yo les pregunto, qué otra actividad , con tantas exenciones tributarias funciona sin un sistema de fiscalización", comentó a la vez que graficó esta situación dando a conocer el gasto de las universidades en avisaje, que asciende aproximadamente, según sus datos, a 53 millones de dólares, mientras todos conocemos numerosas necesidades del sistema.
Ruiz-Tagle dijo que la idea básica de su trabajo es separar la administración de la fiscalización y separar el control financiero de lo que es la pedagógica. Asimismo, "constituir un Consejo Superior de Educación que esté más legitimado y no el actual, que se elige con distintos organismos, incluso uno de defensa".
Actual LOCE acentúa las diferencias
Por su parte el sicólogo Juan González, representante del Observatorio Chileno de Políticas Educacionales, analizó la realidad educacional de manera más amplia, sostuvo que en un país con desigualdades económicas tan grandes como las chilenas y con mensajes neoliberales tan incorporados en la mente de las personas -"donde lo privado es mejor que lo estatal"-, se hace una tarea muy difícil el alcanzar una educación que efectivamente entregue una formación integral a los estudiantes, tan sólo reformando la LOCE.
Agregó que es relevante establecer canales de diálogo en la comunidad para definir el rol que le cabe al Estado en la educación; recoger las motivaciones ideológicas y económicas que tienen los agentes privados en esta materia y definir qué se entiende por calidad en la educación. Sin embargo, no observa un concepto de "Comunidad" en esta ley orgánica.
Su propuesta es trabajar a un nivel cultural donde se incorpore en la mente de los ciudadanos a la educación como un "derecho social".
El último exponente fue Joaquín Vásquez, alumno de segundo año de Derecho y representante de la Coordinadora de Educación Popular, quien postuló la urgencia de eliminar el concepto de "contenidos mínimos" de enseñanza y dar libertad a cada región a que decida los contenidos de acuerdo a su cultura y necesidades locales. En su oportunidad criticó el sistema por dejarse regular bajo las leyes del mercado y mantener un sistema de memorización de contenidos. En respuesta, la Profesora de Historia Institucional, Sofia Correa, que participaba en el público, aclaró que existe una idea equivocada con este concepto de Contenidos Mínimos y que ello incluye un desarrollo de la trilogía: Habilidades, Disposiciones y Conocimiento, descartando que sólo sea materia de repetir materias.