La Iniciativa Interdisciplinaria en Conflicto Mapuche y Derecho Penal, coordinada por la académica de la Facultad de Derecho, Profa. Myrna Villegas, se focaliza en algunas comunidades de la IX Región, tomando como muestra la comunidad de Temucuicui, ubicada en la Comuna de Ercilla.
El proyecto continua una línea de investigación -desarrollada anteriormente a través de Talleres de Memorias de Pregrado- sobre del conflicto mapuche en el marco del proceso de recuperación de tierras, donde se pretende proponer soluciones a la falta de garantías en el tratamiento estatal, mediante iniciativas a nivel de reforma a la legislación penal, entre otras. Además, el equipo se plantea realizar una sistematización de datos sobre procesos criminales en causas mapuches y analizará las consecuencias de las sentencias judiciales en las comunidades mapuches.
En una primera etapa del proyecto, se elaboró y actualizó un recuento de los hechos ocurridos en la zona, que se había iniciado con anterioridad y que abarcaba el periodo 2002 al 2006. En éste se buscaba establecer la cantidad de allanamientos por parte de la policía, si éstos tenían o no orden judicial, entre otras variables. Respecto de este conteo, el equipo de investigación manifestó que existió mucha complejidad en la obtención de información debido a que el universo y las muestras eran poco claros.
Dicha situación se complejizó aún más debido a las divisiones que existen al interior de la Comunidad de Temucuicui, lo que se ha convertido en uno de los principales problemas para el desarrollo de la investigación. Por esta razón, el trabajo ha consistido en la recopilación de información, basada en fuentes documentales de los propios comuneros, contacto con la Policía y también a través de las organizaciones mapuches.
Mediante esta reconstrucción, el equipo logró tener información de cuántos allanamientos ocurrieron cada año. Según constató la investigación, éstos disminuyeron el 2007 debido a la visita de una Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero aumentaron en el 2008.
La investigación estudia, en cuanto a aspectos teóricos, la reacción del Estado frente a estas resistencias, identificadas -por los investigadores- como "el derecho penal del enemigo", que es una construcción teórica donde está legitimada suspenderle las garantías a éstos (los "enemigos"). Ejemplos hay muchos, como cuando se produce un allanamiento sin orden judicial. "Éste, es legal, porque la ley faculta a la policía a entrar cuando se dice que alguien está cometiendo un delito o si hay especies al interior. Es decir, cuando un agricultor de la zona manifiesta que le robaron unos animales, la policía entra a la comunidad donde estarían los animales: eso es legal. Pero lo que sucede dentro del allanamiento, como golpizas e insultos. Ésos no son legales", señaló la académica.
Toda la situación descrita, señalan los investigadores, es bastante adversa para trabajar y desarrollar el trabajo en terreno, pues existe un nivel elevado de conflictividad dentro de la misma comunidad que les dificulta poder ingresar a la Comunidad dentro de los plazos dados por el programa Domeyko, es decir, durante el año en curso.
Influencias y Discriminaciones
Existen otros factores que el equipo de investigación constata y que complejizan la situación en la novena región. Una de ellas es la imagen pública que rodea el conflicto. En opinión de los investigadores "existe un trato displicente hacia los indígenas, los habitantes de Temuco, se refieren generalmente a ellos como ‘el mapuchito'. La discriminación es aún más marcada en la novena región, que en Santiago".
La investigación también incluye un análisis de prensa que se realiza a medios escritos de cobertura nacional y local. Entre los titulares publicados en el 2001 están "Terrorismo en la Araucanía, Cárcel para Comuneros"; "3 Carabineros Heridos, se sospecha de comuneros mapuches"; "Justicia absuelve por segunda vez a mapuches acusados por atentados". En 2006 los titulares señalan "60% de mapuches justifica la violencia para recuperar tierras"; "Encapuchados en incendios forestales". Y finalmente en el 2008 "Conflicto Mapuche, 76% cree que se deben aplicar medidas drásticas con activistas".
Toda esta cobertura informativa da ocasión, según el equipo de investigación, a que la ciudadanía se informe de una determinada manera, lo que conlleva a una legislación más severa. Se forma así un círculo vicioso.
"Los mapuches no están en conflicto con el Estado solamente, sino que cada vez se radicaliza más con sus verdaderos oponentes: los poderes fácticos" enfatiza la profesora Villegas.
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La Historia del Conflicto al interior de la Comunidad |
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La comunidad de Temucuicui actualmente habita parte de su territorio ancestral. Otra porción de éste corresponde al Fundo Alaska, de propiedad del particular René Urban. Una fracción de esta comunidad, denominado el sector del Lonco Catrillanca, al que pertenecen alrededor de 500 familias, accedió por vías institucionales a la recuperación del territorio (implica adquirir personalidad jurídica para presentar una demanda territorial ante la CONADI) y pasó a llamarse Comunidad Ignacio Queipul. Familias de este sector de la comunidad no estaban de acuerdo con la vía institucional, lo que derivó en una cobertura mediática que dio a conocer esta problemática. El gobierno, a través de la CONADI, entró en conversaciones con estas familias. René Urban decidió finalmente vender su territorio y se lo comunicó a la CONADI, quienes entran en conversaciones con la comunidad que se oponía a la vía institucional. Éstos finalmente acceden y pasan a llamarse Comunidad Autónoma de Temucuicui. Es ahí cuando comienza el conflicto, debido a que la comunidad Ignacio Queipul reclama por la compra del territorio a la Comunidad Autónoma. La CONADI finalmente conversa con la comunidad Ignacio Queipul y les indica que a ellos les comprará el terreno en venta. Entonces las familias, que finalmente adquirieron personalidad jurídica, se indignan, comenzando las refriegas entre las mismas comunidades. Explica la profesora Villegas: "para que la CONADI le compre un terreno a una comunidad, éstas deben presentar una demanda territorial, lo que les significa tener que entrar en la lógica del Estado chileno. Cuando adquieren la personalidad y presentan la demanda pasan a formar parte de una larga lista de demandantes de tierras. Cuando una forestal, por ejemplo, decide vender un terreno, que ancestralmente le corresponde a la comunidad que está en el cuarto lugar de espera, igual se entrega a la comunidad que se encuentra en primer lugar, lo que provoca finalmente refriegas entre ellos, ya que sitúa a una comunidad en el territorio que le corresponde a otra. Esto es lo que se conoce como política de relocalización de las comunidades". |