En el episodio más reciente de una batalla que dura por lo menos seis años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a fines de julio a trámite la demanda de la revista "Punto Final" contra el Estado de Chile, basada en la discriminación de los medios de información y opinión independientes en la publicidad estatal.
Al Consejo de Defensa del Estado le corresponderá representar al gobierno en los trámites judiciales de esta demanda, entablada por el director de "Punto Final", el periodista Manuel Cabieses, luego de que la Fiscalía Nacional Económica concluyera, tras una investigación de más de un año, que la actual asignación del avisaje del Estado no configura "la existencia de conductas colusivas y otras (prácticas) anticompetitivas".
La presentación que Punto Final hizo ante la Fiscalía, con el apoyo del Colegio de Periodistas, citaba, entre otros antecedentes, un pormenorizado estudio del Observatorio de Medios Fucatel. Con base en datos del año 2005, esa investigación estableció que el duopolio conformado por la Empresa Periodística El Mercurio y el Consorcio Periodístico S.A. (Copesa), recibe en conjunto 77% del gasto en publicidad de las diversas dependencias estatales.
El escrito que la revista presentó ante la Fiscalía Nacional Económica el 13 de septiembre de 2006 pedía investigar "infracciones a la libre competencia" por la forma "parcializada e injusta con que el Estado reparte su publicidad". Esta situación, afirmaba, responde a que existe una "colusión entre empresas periodísticas, agencias publicitarias y servicios del Estado que han establecido verdaderas trenzas para controlar la publicidad estatal mediante tarifas y descuentos especiales, tratos y convenios directos con las empresas, porcentajes de comisiones que se reparten entre agentes de empresas publicitarias y funcionarios encargados de distribuir la publicidad fiscal, diversidad de obsequios y viajes para estos últimos, etc.".
Recién el 26 de octubre de 2007, más de 13 meses después de la presentación, el Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, respondió a Cabieses en un escueto oficio de 12 líneas en dos párrafos. Allí, junto con sostener que no existen indicios de colusiones ni otros métodos anticompetitivos en la asignación de la publicidad oficial, el fiscal apuntó que "en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado".
El oficio agregaba que "se comunicarán los resultados de esta investigación al señor Ministro Secretario General de Gobierno, para los fines a que haya lugar", tras invocar el deber constitucional de velar por la libertad de emitir opinión y de informar y la responsabilidad de la Fiscalía de "promover la mayor competencia en los mercados".
Sin embargo, en la propia presentación del año 2006 Cabieses había afirmado que el entonces ministro de la Secretaría General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, le envió una carta en junio de ese mismo año, donde "eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado".
La escueta respuesta de Vergara Vial contrastó con el voluminoso informe con que la Comisión Investigadora del Avisaje del Estado, creada por la Cámara de Diputados, concluyó su trabajo el 19 de julio de 2007. Este grupo, presidido por el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, concluyó que no existen reglas claras para la asignación a los medios de la publicidad fiscal, recomendó regular este asunto mediante una ley y planteó que la publicidad estatal encauzada a medios pequeños y medios regionales puede ser una efectiva contribución al pluralismo y la libertad de expresión en Chile.
La escasa disposición del Poder Ejecutivo para abordar el tema de la publicidad del Estado no es nueva. El año 2002 se entrevistaron con el entonces ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, los directores de numerosos medios independientes, tanto de prensa escrita, como radiales y electrónicos. En aquella oportunidad Muñoz aseguró que el gobierno de Ricardo Lagos tomaría cartas en el asunto, pero pasaron los meses y los años sin señales claras del anterior gobierno, cuyo continuismo en esta materia quedó graficado en los datos de asignación del avisaje estatal en el año 2005, recogidos en el estudio de Fucatel.
En esa primera reunión con Heraldo Muñoz participaron directivos de medios que luego desaparecieron, entre otras causas, por no contar con un volumen mínimo de publicidad privada y estatal, como las revistas "Rocinante", "La Firme" y "La Huella".
| Gustavo González Rodríguez Coordinador Programa de Libertad de Expresión Escuela de Periodismo-ICEI |
Fecha de publicación: Lunes 1 de septiembre, 2008 |