Reforma a educación superior

Señor director:

El Presidente de la República y Patrono de la Universidad de Chile reafirmó, en nuestro Salón de Honor, su compromiso con el nuevo trato para las universidades estatales y pidió que ellas refuercen su investigación científica y tecnológica, y la formación de profesores, con lo que estamos totalmente de acuerdo, porque el nuevo trato implica obligaciones y compromisos mutuos.

La Universidad de Chile es la que más investigación científica y tecnológica realiza en Chile, con más del 30% del total nacional. Y nuestra principal tarea para los próximos cuatro años es ser líderes en la formación de profesores. El Estado sólo financia el 14% del presupuesto de la U, nos impone enormes limitaciones para nuestra administración y desarrollo, y nos obliga a que todos nuestros ingresos públicos y privados sean fiscalizados por la Contraloría General de la República, práctica muy sana que apoyamos. Nuestra eficiente gestión permitirá que en tres años más tendremos cero deuda con los bancos y organismos internos (era de $ 42.500 millones hace 12 años).

En este contexto, nos sorprenden las críticas de algunos sectores, las que no se producen cuando el Estado entrega recursos a sus hospitales públicos y no a clínicas privadas, o cuando hace lo mismo con Codelco y no con las mineras privadas. Es decir, es obvio y evidente que las instituciones estatales deben ser financiadas por su dueño, que es el Estado de Chile.

Los mismos sectores que critican el nuevo trato omiten deliberadamente las compras y ventas de universidades privadas nuevas por miles de millones de pesos. En Chile todos estamos obligados a respetar la ley, algo esencial para la convivencia nacional y para el buen desarrollo de la actividad económica y empresarial. La ley dice claramente que las universidades son instituciones sin fines de lucro y, por lo mismo, al analizar el tema de la educación superior, todos debemos exigir que se cumpla la ley.

Sería muy sano que estas mismas universidades privadas nuevas, que piden igualdad de trato con las universidades estatales, publiquen sus resultados trimestralmente en la SVS, que los aportes públicos y privados que reciben sean fiscalizados por la Contraloría General de la República, y que esta última controle que ellas cumplen, directa e indirectamente, con la ley en cuanto a que son corporaciones sin fines de lucro. Es decir, que ellas asuman en plenitud el espacio público en que pretenden desenvolverse.

Víctor Pérez Vera
Rector de la Universidad de Chile

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