De acuerdo al académico del Departamento de Antropología de FACSO, Prof. Andrés Menard, la Coordinadora Arauco Malleco, a la cual pertenecen varios de los presos políticos que hoy realizan la huelga de hambre, se caracteriza por ser la primera organización mapuche "que en su proyecto plantea directamente una ruptura respecto del Estado chileno. Tienen un discurso autonómico radical, el hecho de generar autonomías efectivamente en zonas locales".
No obstante esta distinción con otras organizaciones mapuches, como el Consejo de Todas las Tierras, se inscriben de todas formas en una "historicidad de la política mapuche", la cual contiene una tradición de articulación política muy antigua, que remonta incluso mucho antes de la Pacificación de la Araucanía, con los Parlamentos y sistemas de Pactos, y que es necesario reconocer para empezar a abordar el conflicto mapuche.
En este marco histórico, según el antropólogo, ha habido una continuidad en la manera en que se ha constituido la relación entre el sujeto político mapuche respecto del Estado. Por un lado, el Estado supone que al hacer un pacto, hay una subordinación a una soberanía "transformando a los mapuches en ciudadanos chilenos como los otros", mientras que el movimiento mapuche "persiste en esta idea del pacto, pero leído no desde la idea de que se acabó la guerra y me instalo en la soberanía del estado (...) Hay una posición de horizontalidad respecto del Estado", explica Menard.
Y agrega: "La salida consiste en asumir de partida que no hay una solución soberana como la que supone el Estado chileno, de que los mapuches se convenzan de que son chilenos. Creo que hay que asumir que ese orden soberano se basa en una conquista, una violencia, y que obliga a estar constantemente negociando las condiciones de esa soberanía".
Ante esto, para el académico es clave tener en cuenta el carácter político del conflicto, el cual siempre se ha tendido a anular, por ejemplo, a través de leyes como la Ley Antiterrorista y de medidas más enfocadas en los derechos humanos. "El problema es que al sujeto se lo despolitiza, porque el Estado lo transforma solamente en un usuario de ciertos derechos que le tiene que entregar. Pero quien define cuáles son esos derechos no es el sujeto, ya están determinados por un aparato soberano que los administra. Eso permite anular cualquier posibilidad de conflicto, entonces cuando ese sujeto se pone a cuestionar el orden soberano, entra a una categoría de terrorismo y se lo anula como interlocutor político", enfatiza.
El Prof. Menard opina que sería necesaria la existencia de una política de Estado que intente reforzar la representatividad política presente en el mundo mapuche. "Una instancia en que lo mapuche se enuncia como un contenido político, ya sea en partidos políticos, organizaciones de otro tipo. En el fondo es reconocer que la historicidad de la relación no puede suponer la soberanía como una cosa dada y que te permite hacer lo que quieras. Lo que debería es tratar de revertir los efectos de una violencia conquistadora y eso es justamente lo que las leyes no hacen, sino que refuerzan el mismo sentido de la conquista", concluye el antropólogo.
Un conflicto de América Latina
Ofelia Chirix García es antropóloga, Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de nuestra Facultad, y pertenece a la comunidad maya kaqchikel de San Juan Comalapa, Chimaltenango, en Guatemala. Según Chirix, las demandas y reivindicaciones del pueblo Mapuche se inscriben dentro del movimiento indígena de Latinoamérica y que en general tienen puntos en común con los mayas. "Se comparte una historia de opresión étnica-racial, el despojo de sus tierras por parte del Estado concedidas a empresas transnacionales. Asimismo, prevalecen políticas de integración para homogenizar a la sociedad, desconociendo la diversidad cultural", explica.
La antropóloga afirma que para visualizar las condiciones políticas e históricas de los pueblos indígenas de Latinoamérica, y en este caso los mapuches, hay que tomar en cuenta las lógicas en las que se fundaron los Estados-nación, que con "su estado de barbarie proclamado desde el colonialismo impedía a los indígenas ser parte de la nación moderna o civilizada y ahora, por ser considerado terrorista". De esta manera, se han impulsado los derechos culturales "porque no afectan los intereses del Estado y de los grupos económicos de poder. Entonces en el imaginario de las nuevas naciones la figura del indio ha sido idealizada para darle sentido a las identidades nacionales, como ocurrió con la celebración del Bicentenario", sostiene.
Ulises Peñate, originario de Chiapas, México, e indígena Zoque de raíz Olmeca, señala que hay aspectos que convergen entre los grupos indígenas de su país y los mapuche, sobretodo en torno a la lucha por la tierra y la libertad. "La tierra, porque al igual que todos los pueblos originarios del mundo se nos fue arrebatada. La libertad, porque aún existiendo leyes que en teoría nos la otorgaban, seguíamos, y aún seguimos, bajo el yugo de la discriminación", comenta el también becario Ford del Magíster en Educación Mención Currículo y Comunidad Educativa de FACSO.
Ambos indígenas latinoamericanos coinciden sobre la importancia de que el Estado chileno reenfoque su posición frente al conflicto mapuche, reconociendo el aspecto histórico del problema. "¿Cuántos levantamientos, sublevaciones se necesitan para que la sociedad y el Estado Chileno reconozcan los derechos de los pueblos indígenas? El Estado debe asumir los problemas históricos, porque tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas", opina la antropóloga.
Y Peñate agrega: "El Estado Chileno debe reconsiderar su postura en torno a las exigencias y atención, no sólo del pueblo mapuche, sino también de los demás pueblos originarios como los aymaras y rapanuis, ya que he observado que dado el clasismo y racismo del país, lo que se busca es ocultarlos bajo la alfombra de la discriminación (...) La salida es el reconocimiento legal y social de la existencia de los pueblos originarios".