El debate sobre una reforma a la política de educación superior ha adquirido un especial interés durante los últimos días. El pasado miércoles 27 de abril, el Rector Víctor Pérez inauguró el año académico de nuestra Universidad con un discurso reclamando reformas al Sistema de Educación Superior, con espacial acento en el rol público de las universidades estatales. En dichas palabras el Rector señala: contra la privatización y mercantilización de la educación superior pública vamos a luchar con el respaldo de todos los académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Chile.
Al día siguiente, más de 8.000 estudiantes universitarios se manifestaron por las calles de Santiago, bajo la demanda que el Estado debe financiar la educación pública tanto para garantizar el funcionamiento del sistema, como para garantizar la igualdad de oportunidades, llamando la atención de que el autofinanciamiento las aleja de sus objetivos académicos y su misión pública.
Por su parte, el día jueves de la misma semana el Senado Universitario aprobó unánimemente las Bases para una Propuesta de Institucionalidad del Sistema Universitario, para contribuir a la necesaria reflexión del país con miras a un ordenamiento del confuso sistema universitario actual. Identifica tipos de universidades por su contribución a la sociedad, y define una renovada y más clara relación que el Estado debe establecer con ellas. Además cuestiona el lucro, propone un perfeccionamiento del actual sistema de acreditación para que sea obligatorio y más informativo, y propone la creación de una Superintendencia de Educación Superior. En su propuesta justifica un aporte basal para universidades estatales, un aporte directo para universidades complejas con orientación pública para investigación y creación, así como el reemplazo del aporte fiscal indirecto (AFI) por uno orientado a la equidad.
El Senado Universitario, fiel a su vocación de respetar y promover la participación y a sus compromiso con la Educación Superior y rol que le cabe en ella a las Universidades Estatales, invita a una reflexión seria y profunda, que esté al nivel del impacto de largo plazo que una reforma de este tipo requiere. Para ello convocamos a la comunidad universitaria y los representantes de la ciudadanía a participar en el necesario debate previo a cualquier propuesta de ley, y a impedir que una reforma de esta naturaleza violente la necesaria y tradicional autonomía por la vía de prácticas con resabio autoritario. La experiencia reciente en materias de reforma legal en el ámbito de la educación sustentan este llamado, mientras que la experiencia de precarización de la educación estatal debido a su privatización, así como las prácticas ilegítimas de lucro en educación acompañadas en ocasiones de la carencia de estándares de calidad y transparencia, sustentan nuestra exigencia de participación.
Como órgano representativo de la comunidad de la Universidad Chile saludamos las instancias que las comunidades y estamentos universitarios se den a largo del país y aquellas que a nivel nacional nos convoquen a participar en la discusión. En particular, solicitamos a los representantes de la ciudadanía en el Parlamento y al Gobierno que reciban y discutan las propuestas, que como la nuestra se les haga llegar, y procedan a una discusión abierta y participativa, que termine con la privatización del sistema estatal y conduzca a la formulación de una reforma fundada en dos principios fundamentales, la excelencia académica y el compromiso universitario con un desarrollo integral de la sociedad.