Admisión a las universidades por Víctor Pérez Vera

EL MINISTRO de Educación ha propuesto crear una corporación privada, integrada por representantes del Consejo de Rectores (Cruch), del Ministerio de Educación, del resto de las universidades y del sector escolar, para administrar la PSU y el sistema de ingreso a las universidades. Ante esto hemos dicho que, por autonomía y resguardo de la fe pública, no estamos disponibles para privatizar el sistema de admisión a las universidades.

Por ley, las universidades son autónomas para definir sus sistemas de ingreso, siendo la licencia de enseñanza media el único requisito legal exigible. Ningún organismo público o privado puede afectar la autonomía de las universidades e imponerles un esquema de ingreso contrario a la voluntad de sus instancias internas de gobierno: lo contrario sería intervenirlas.

La Contraloría General de la República ha establecido, expresamente, que la autonomía universitaria comprende la facultad de cada universidad de establecer el sistema de admisión que estime pertinente y que no se encuentra dentro del ámbito de atribuciones del Ministerio de Educación dicha definición.

Algo que "también se olvida", es que la Prueba de Aptitud Académica (PAA) fue creada y aplicada por la Universidad de Chile en 1967, con el fin de modernizar su mecanismo de selección e ingreso constituido desde 1927 por el Bachillerato, teniendo como notas distintivas su carácter público, estandarizado y meritocrático. Las otras universidades existentes fueron adhiriendo progresivamente a este nuevo sistema de admisión.

De acuerdo con la ley orgánica que rige al Cruch, sólo por el acuerdo voluntario y unánime de las universidades que lo componen es posible contar hoy con un sistema único e integrado de admisión, mediante la aplicación de la PSU como instrumento de selección, a través de la institucionalidad definida para su administración.

No nos llamemos a engaños. Siendo perfectibles -y lo serán, pues para eso se encargó a Pearson una evaluación-, la PSU y la administración de la misma no podrán nunca resolver algo para lo cual este instrumento no fue pensado ni construido, y que constituye un problema estructural de nuestra sociedad: la brutal desigualdad e inequidad social que existe en nuestro país, cuya génesis está en la mala calidad de la educación que reciben nuestros niños -sobre todo aquellos de los sectores más pobres-, producto de la destrucción y privatización sostenida que ha sufrido la educación pública, a vista y paciencia de muchos quienes dicen favorecerla. Esto, al parecer, algunos sectores quisieran hacernos olvidar por medio de los ataques a la PSU.

Además, parece importante relevar (ya que la autoridad ministerial no lo ha hecho) que el informe Pearson de la PSU dejó al descubierto la inexistencia de estudios que avalen el uso de la PSU para fines de asignación de becas y créditos a los estudiantes. De este modo, el uso de este instrumento para fines distintos a aquellos para los cuales fue creado, sin la realización de los estudios y validaciones correspondientes, es algo que la autoridad deberá explicar al país y corregir. No corresponde que el Consejo de Rectores cargue con las responsabilidades propias del Ministerio de Educación.

 

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