Rector Pérez Vera: Agencias de lobby universitario

Los estudiantes de la Universidad de Chile y de otras universidades del país han logrado instalar en el debate público la vital necesidad de tener una educación pública de calidad y equitativa, a la que puedan tener acceso todos los jóvenes de Chile.

Esa justa aspiración de nuestros estudiantes se ha enfrentado, en los últimos meses, con la brutal realidad de que algunas "universidades" privadas nuevas han aparecido en las páginas policiales por noticias sobre sobornos, tráficos de influencia, información o dineros, acciones de lobby y otras prácticas delictivas que están siendo investigadas por la Fiscalía. Las pruebas publicadas demuestran algunos correos, llamadas y reuniones privadas.

Reitero que para controlar el lobby , su tráfico de información, influencias y recursos, es necesario que todas las autoridades públicas informen sobre los llamados telefónicos, correos electrónicos y reuniones formales o sociales que reciben de parte de agencias de lobby , decisión que puede y tiene que ser aplicada voluntariamente desde hoy y confirmada a través de una ley con discusión inmediata. Esta ley debiera forzar a las agencias de lobby a informar públicamente sobre su lista de clientes y los temas que están planteando a cada autoridad, para evitar presiones que fuercen la voluntad democrática a favor de intereses particulares, más aún en momentos en que se sigue tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico.

Desde mediados de 2011 se nos aseguró que se apuraría la ley del lobby y hoy seguimos esperando. Esto lo hemos reclamado una y otra vez porque atenta contra la igualdad de todos y que es esencial en una sociedad democrática. ¿Será necesaria la presión de manifestaciones populares para que, de una vez por todas, la autoridad termine con esta inaceptable práctica?

Y cabría pensar que son esas mismas prácticas de lobby las que han denunciado oscuramente que queremos afectar la libertad de enseñanza cuando hemos defendido la educación pública, lo que claramente no es verdad. No estamos en contra de la educación particular ni tampoco contra la libertad de enseñanza, ellas forman parte de nuestra historia desde los inicios de la República. Solo decimos que la ciudadanía se cansó de solicitar, y ahora exige que la educación sea un derecho social de ciudadanía, exige tener igualdad de condiciones para elegir la educación de sus hijos e hijas, y demanda que los colegios públicos tengan, a lo menos, igual calidad que los colegios particulares pagados para que sean una real opción al momento de elegir.

Solo entonces podremos hablar que en Chile existe libertad de enseñanza y libertad para elegir el colegio donde queremos que vayan nuestros hijos e hijas. Esa libertad hoy solo la tiene un grupo minoritario de la población. La ciudadanía se cansó de que en Chile la cuna y la capacidad de pago de sus padres marquen de por vida las posibilidades de desarrollo de los talentos con que nacen sus hijos e hijas.

La mayoría de los cambios educacionales que se han producido desde el regreso de la democracia han debido enfrentar y derrotar el lobby oscuro y no regulado de grupos minoritarios interesados en mantener un statu quo que les favorece a costa del país.

Y, por eso mismo, los cambios gatopardistas producidos en educación son parches y retazos, sin un hilo conductor aparente, cambios que han surgido más como resultado de las negociaciones para superar conflictos sociales coyunturales y a espaldas de la ciudadanía, que como resultados de una política pública de Estado.

Y digo sin hilo conductor aparente, pues los cambios producidos en educación, especialmente en educación superior, en los hechos sí tienen un hilo conductor conocido: cambiar para no cambiar; no cambiar el modelo educacional impuesto por la dictadura; no afectar los intereses ideológicos y económicos que se benefician de él; no afectar el lucro con dineros fiscales; no dañar la aplicación falsa de la ley que establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro; buscar formas para traspasar recursos fiscales a las universidades privadas nuevas y sin control de la Contraloría General de la República ni sujetas a la Ley de Transparencia; impedir reconocer a la educación como un derecho social de ciudadanía; evitar reconocer la obligación del Estado para con la educación pública y las universidades estatales; y seguir afectando a la educación pública y a las universidades estatales en particular.

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