Discurso del Prof. Luis A. Riveros, Rector de la Universidad de Chile, en Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Estatales.

Plantearé las ideas del tema de financiamiento basándome en tres puntos fundamentales. El primero, es el aspecto de los desafíos y restricciones que enfrentan las universidades estatales, en general, en Latinoamérica. El segundo se refiere a la misión de la universidad estatal y la relación con las políticas de financiamiento. El tercer elemento dice relación con los criterios de financiamiento y cuidados que deben tener para fortalecerlo en las distintas realidades de nuestros países y, más específicamente, en el caso chileno.

¿Cuál es la realidad que enfrentamos los países latinoamericanos? Estamos frente a una situación en que el gasto en Educación Superior es, en promedio, de menos del 1% del producto interno bruto. La experiencia de los países recientemente industrializados, nos señala que el gasto que se invierte en Educación Superior es, aproximadamente, tres veces más al que nosotros realizamos, tanto en materias de formación profesional, como en investigación. Esto lleva a una serie de resultados: el hecho que en nuestro país, y que no es distinto el caso de Latinoamérica, exista un científico por cada mil habitantes, en circunstancias que en los países industriales las estadísticas rondan la cantidad de seis científicos por cada mil habitantes. Hay una brecha enorme que cerrar en materia de creación de conocimiento y en calidad, cuando, al mismo tiempo, estamos haciendo una inversión que es baja respecto a las necesidades de desarrollo del sistema. Aquí se mezclan también otro tipo de problemas que tienen relación con que en las normas de financiamiento se mezclan políticas públicas con otras de subsidios al sector privado. Un criterio de financiamiento esbozado de esta manera, si uno lo pensara con respecto al sector industrial, y dijera que el Estado financia igual sus propias empresas que las del Estado con las mismas políticas y las mismas fuentes de recursos, lleva a una serie de problemas de incentivo y organización del sistema. Las reglas para el sector privado universitario, y el estatal universitario, no son las mismas, dada la vinculación que en los ámbitos estatales o universidades públicas tienen, precisamente, respecto del Estado. El hecho no trivial que somos funcionarios del Estado, mientras que en aquellas otras universidades no lo son, se establecieron reglas distintas y políticas de flexibilización interna diversas a la que nosotros somos capaces de imponer, manejos de sus recursos completamente diferentes de los que pueden disponer las universidades del Estado. En consecuencia, eso introduce una gran asimetría que en nuestro país es notoria.

Estamos ante el hecho que la educación universitaria es cada vez más cara. Eso sin ninguna discusión, y es un desafío que tenemos que enfrentar porque es real. Hoy, con las tecnologías y la necesidad de renovar sistemáticamente los equipamientos, es más caro educar a un profesional que hace 20 años atrás. Los estudios indican que la formación profesional, y sobre todo la formación de posgrado, que en la actualidad, producto de las necesidades de especialización tenemos que enfocar, muchos de nuestros recursos son probablemente 10 veces más altos que en el pasado.

Tenemos una universidad, en esencia, más deficitaria por el tipo de actividad que realiza. Esa, es parte de una realidad. El Estado tiene también otras prioridades que han ido creciendo en términos de costos y volúmenes. No cabe ninguna duda que ha ido creciendo la necesidad en costos de salud, porque se ha ido haciendo más complejo con el envejecimiento de nuestra población, en los tratamientos de salud pública, y en el resto del Sistema Público. Cada vez que vamos a discutir al Ministerio de Educación, nos dicen que la enseñanza media y la básica también son prioridades y, efectivamente, lo son. En muchos casos se pone más énfasis en esos niveles que en el universitario. También está el hecho que en nuestros países se ha ido encareciendo sistemáticamente la previsión. Ese es un gasto que en el tiempo, si se piensa objetivamente, ha crecido por lo menos tres veces, producto del envejecimiento de la población y de los problemas estructurales de nuestro Sistema de Previsión. En el caso chileno, el Estado se ha hecho cargo de la deuda previsional que no está asumida directamente por el sector privado que maneja ahora esencialmente el sistema. Enfrentamos un panorama en el cual hay un gran déficit de gastos o de inversión en el Sistema Educacional, que se puede llevar a uno o a dos puntos del producto interno bruto en promedio en nuestros países, frente a un escenario en el cual no hay más recursos. Probablemente esos recursos requieren de una forma que se hace difícil y tiene que ver con sistemas de innovación tributaria, para las cuales no ha existido voluntad política que tienda a poner todas esas cosas en una balanza. Por lo tanto, eso está en el centro macroeconómico de nuestros problemas de financiamiento, y es importante señalarlo previo a tratar con los sistemas de los criterios de asignación.

El segundo tema, es el de la misión de la universidad estatal. Ayer hubo una discusión en que se señalaron algunos de estos aspectos, como el referido a ¿para qué hay universidades estatales? Es una buena interrogante, porque a veces, enfrentando a empresarios y, particularmente, con empresarios de la educación, no le atribuyen a la universidad estatal sino el carácter de problema, de elefantes blancos o azules, calificativos que tienen que ver esencialmente con nuestro tamaño, historia, y grados de ineficiencia. Por cierto, gran parte asociada a nuestro régimen jurídico. La verdad, es que si se hace un examen del tema, la universidad del Estado tiene dos misiones fundamentales. La primera, es el hecho que alguien debe abocarse a temas de país o de región, que no son negocios de interés para el sector privado. Cuando hablamos de salud pública, o de sismología en nuestro país, ese es un problema. Acabamos de crear un nuevo sistema de detección de temblores y comunicación rápida con todos los sistemas sísmicos. Esa es una materia de interés nacional porque no hay ninguna empresa que la auspicie. Alguien tiene que hacerse cargo de los asuntos que no corresponden, por su naturaleza a los incentivos del sector privado. Justificación primera de la universidad pública o estatal que es importante. La segunda, es quién controla calidad, qué debe regular el Estado. La Nación dispone de un instrumento que son las universidades estatales que deben constituir un referente desde el punto de vista de lo que el Estado busca en términos de calidades, de prioridades. En los Estados Unidos, la economía de mercado, "salvaje" por definición, hay una Universidad de California que es estatal, hay una Universidad de Minnesota, una Universidad de Illinois, que son importantes universidades del Estado. Así es, porque hay situaciones que allí se privilegian y hay patrones de referencias que estas universidades constituyen, y que hacen de las universidades del Estado un factor estratégico para la política estatal en el sistema de Educación Superior. Pero, ¿cuál es el problema en general? ¿Cómo opera el diálogo con el Estado? Nosotros tenemos problemas sistemáticos de diálogo con el Estado. ¿Qué es lo que es, y cómo nos relacionamos con ese Estado, quiénes son nuestros interlocutores? Porque en algunos aspectos nuestro interlocutor es el Ministerio de Educación; en otros será la Presidencia de la República o el Ministerio de Hacienda, y en otros campos es el Parlamento Nacional. En consecuencia, no se tiene el foro donde se pueda discutir políticas con el Estado. Hemos llegado a diseñar un sistema tan absurdo, que con los mismos recursos estatales las universidades compiten. No hay conducción del Estado, y tampoco la hay cuando, en el sistema de fijación de los aranceles, las universidades, para estos efectos, son consideradas también autónomas, o lo eran hace algunos años, cuando se podían hacer incrementos de los aranceles relativamente significativos. Es contradictorio el papel que debe tener la universidad en relación con su dueño que es el Estado. No podemos pedir autonomía total, en circunstancias que dependemos de los recursos y prioridades del Estado, dada nuestra misión como entes nacionales.

Hay un tema que tiene relación con el aspecto del financiamiento, porque cada vez que discutimos este asunto, en realidad, tenemos interlocutores distintos: en Educación nos dicen que los problemas están en Hacienda, allá nos dicen que los problemas están en Educación, ambos están de acuerdo que los problemas están en el Parlamento. Así, se está permanentemente en el carrusel para discutir aspectos de financiamiento que debieran estar asociados a temas de políticas que no están definidas. Respecto a los criterios de financiamiento, considero que cuando alguien dice esta empresa, o esta propiedad es mía, significa que es propietario del 50% más uno, al menos. Sucede que hay un sistema en el cual la propiedad estatal no está asociada a la participación mayoritaria del Estado en el financiamiento, y ese es un problema extremadamente grave. Lo es, porque de nuestro presupuesto y de las remuneraciones de los profesores, en nuestro caso, hay un porcentaje que varía entre el 70% y el 95% que no son ingresos directos del Estado y, en consecuencia, corresponden a incentivos privados. La pregunta es ¿para quién está trabajando esta persona? Es, por contrato, para el Estado, pero con financiamiento del sector privado. Discutíamos este tema con el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ellos también tienen el sistema de venta de servicios, y lo mismo sucede de acuerdo a lo señalado por algunos colegas españoles. Creo que el tema es delicado, que crea incentivos y, se siente a veces. He sido Decano de una Facultad, que está manejando una consultora de un tamaño relativamente importante, y la verdad es que empieza a perder sentido la misión, porque cuando se va donde el académico a decirle que hay que preocuparse de un tema que es fundamental, el académico dice, "sí, pero el financiamiento de mi salario está asociado al Laboratorio X, que quiere un programa de investigación aplicada en tratamiento de algún tipo de enfermedades"; se le indica que está obligado a hacer investigación sobre políticas de salud pública. A los académicos del área de economía que se financian con proyectos con empresas, se les debe exigir que su prioridad de investigación debiera estar en temas de pobreza, de política social, y así sucesivamente. El punto es, cómo manejamos una universidad que tiene cierta misión, cuando el esquema de financiamiento en realidad no le provee incentivos.

En segundo lugar, hay un aspecto que es delicado y es el de la autonomía. Hemos vivido muchas situaciones y, por ser ésta una discusión académica, se pueden decir estas cosas, en las que el financiamiento privado compromete el resultado de la investigación. Se siente temor de presentar resultados que pueden ser convertidos, porque resulta que se perdió definitivamente al cliente. Entonces, ¿qué clase de autonomía universitaria podemos tener para este tipo de problemas? Creo que estas situaciones en materia de financiamiento y participación del Estado en la política, no se han pensado adecuadamente. Hay que tener una elaboración de políticas más cuidadosas en estas materias. Sostengo que el financiamiento debe estar basado en razones de equidad y calidad; se puede tener un sistema como el de Chile, siempre y cuando tenga un efectivo sistema de ayuda solidaria con los estudiantes. El sistema tiene serios problemas de diseño, porque las universidades tienen incentivos para hacer indiscriminadamente su matrícula, porque de alguna manera ella es una forma de financiamiento. Donde tengo 100 puedo tener 200, y resulta que eso causa un problema de falta de crédito o ayuda solidaria, porque nuestro dueño no nos dice que hay un límite en términos de la política de gestionar una universidad con recursos limitados, y que pueden hacerse por la vía de la matrícula estudiantil. Observo en ello un problema serio, y también veo, con preocupación, el hecho que esto no sólo es un problema que afecta a las universidades del sector privado, este de crear y aumentar matrícula para poder financiarnos, porque todos caemos en este juego que, finalmente, es materia de recursos y no hay una regulación explícita de esta materia. En términos de calidad hemos progresado, pero necesitamos avanzar mucho más. Precisamos una gran actitud autocrítica respecto a la calidad del trabajo que estamos desarrollando. Porque, producto de las reglas, hemos ido perdiendo espacio. Por los sistemas de financiamiento hemos ido perdiendo profesores en Chile, como debe ser el caso de Argentina y muchos otros países. Nuestros profesores se van por las tardes a hacer clases para las universidades privadas, y no manejamos esa situación porque no tenemos instrumentos legales para hacerlo.

El tema de calidad no es menor, y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de poder introducir las reformas internas en el sentido de crear sistemas de autoevaluación de desempeño, y asignación interna de los recursos por resultados. Estamos atrasados en tratar de mirarnos hacia adentro y en corregir estos problemas, pero no sólo por razones nuestras, sino porque además de todos estos problemas: la falta de diálogo con el Estado, la carencia de una misión realmente bien identificada, la falta de política de financiamiento consistente con aquella misión; tienen por resultado universidades que tienen desdoblamientos tremendos en términos de sus tareas y de evaluación de gestión interna.

Afirmo que el financiamiento de la investigación requiere un comentario adicional, porque, como decía nuestro colega argentino, las universidades, y ese es un concepto que de alguna manera se ha ido perdiendo, son entidades que realizan docencia, investigación y extensión, y eso tiene que ver con el rol de las universidades públicas, de ser centro de reflexión de los temas nacionales, que es mucho más que formar profesionales de mercado, y mucho más que formar profesionales en general, porque se puede formarlos con distinta orientación. Pero, pienso que en este proceso de deterioro financiero atribuido a estas causas globales, y a nuestros propios estilos de desarrollo, lo que ha salido perdiendo es la investigación y, curiosamente, hay personas que piensan que ese no es un gran problema, porque finalmente la investigación tecnológica se compra, y se puede traer resultados de cualquier parte del mundo y ponerlos en funcionamiento, por tanto, no necesitamos hacer este gasto enorme en universidades y en la investigación universitaria. No estamos de acuerdo con esta aproximación, porque no funciona así la compra de tecnología, ni las necesidades de desarrollo económico que tienen nuestros países y, por tanto, se debe tener programas de investigación financiados, aparte del financiamiento de la docencia. En Chile hay que mejorar el tema de los aportes basales de investigación y, obviamente, al mismo tiempo, las necesidades de evaluar el impacto y los resultados de la investigación en un contexto de mediano plazo. Este es un tema justo, porque sabemos que hay miles de maneras de usar mal los recursos de las universidades y, si no tenemos políticas para evaluar el impacto de la investigación, el resultado, la relevancia, la pertinencia, es un sistema que está reproduciendo el uso de recursos sin resultados. Más independientemente de esto, me parece que el financiamiento de la investigación es absolutamente deficitario; estamos hablando de investigación cara en muchas áreas de investigación superficial. Requiere inversión, equipamiento, formación de posgrados, de posdoctorados en el exterior. Es una tarea de costo elevado y que en general en los países latinoamericanos, ciertamente en el nuestro, los recursos no son suficientes.

Aquí hay otro tema que tiene que ver con las universidades del Estado, sobre todo en países en los cuales hay un gran número de universidades estatales. ¿Cuál es el grado de coordinación entre las universidades del Estado para optimizar el uso de recursos de investigación? Basado en la experiencia chilena, nuestro grado de coordinación es muy poco, porque hemos privilegiado una competencia que en muchos casos es mal entendida y, por lo tanto, lleva a duplicar esfuerzos. Se han hecho programas en el país. Los programas Fondart, uno que va en la dirección de poner mejor capital humano del país en un área; hacer investigación con financiamiento de 5 años y más, pero creo que esa experiencia es muy nueva y reciente, que hay que evaluar. Se necesita una revisión completa de la tarea de investigación de las universidades y de los montos de financiamiento que están asociados.

Hay que fortalecer más el financiamiento por proyecto de desarrollo universitario, un programa que existe en Chile, que hay universidades que tienen un grado de madurez y desarrollo amplio, y otras que no lo tienen, y es natural, porque hay diferencias en el tiempo, hay distintos antecedentes, distintas orientaciones, y creo que el fortalecimiento del fondo de desarrollo debe ser una política que diferencie las universidades más complejas de las otras, desde el punto de vista de los recursos y de los incentivos.

Para finalizar, me gustaría reseñar que, al contrario de lo que mucha gente cree, pienso que en educación, y particularmente en educación universitaria, hace falta más Estado, porque se requieren mejores políticas e instrumentos de financiamiento, lo cual obliga a pensar, diseñar y dialogar mucho con las instancias que corresponde. En segundo lugar, porque el Estado tiene una responsabilidad que ha cumplido a medias, que es el problema de regulación e información que aquí ha sido mencionado. Vemos un sector privado recientemente desarrollado, con poca regulación, y que disfruta de la poca información disponible respecto a las posibilidades formativas. Ahí hay una tarea importantísima, urgente, que necesita más Estado, porque en otros países van a empezar a producirse gran cantidad de decepciones de estudiantes que han seguido formaciones que van a ser, en el tiempo, muy poco valoradas en sus desempeños en el mercado, y que, por lo tanto, va a ser la causa de crisis difíciles de manejar.

Hay otra tarea importante del Estado, además del tema de políticas y financiamiento y de regulación, que es que el Estado debe volver a ser el conductor del trabajo de las universidades estatales, en un sentido amplio. Con esto, quiero insistir en el tema de la necesidad de un mejor diálogo entre el Estado, sus autoridades y las universidades estatales. La necesidad de tener un foro permanente en las universidades estatales, o un Consejo de Rectores de Universidades Estatales, me parece de primera importancia para establecer un diálogo permanente, un diálogo fluido, sobre estos temas de financiamiento y los asuntos puntuales que tenemos que abordar; los temas permanentes que tienen que ver con nuestra misión, lo que el Estado, o que el país espera de nosotros y que muchas veces imaginamos, pero que normalmente no está indicado con precisión, ni explícitamente, en las voluntades políticas que se manifiestan sobre estas materias.

Muchas gracias.