Intervención en el Consejo Universitario
He estimado propicio dar lectura a mis consideraciones sobre el Presupuesto Universitario 2001 que en esta oportunidad se presenta y discute, luego del trabajo que realizara la Comisión designada por este Consejo y los diferentes informes de la respectiva Vicerrectoría. Lo hago en la convicción que se necesita mucha precisión sobre este aspecto debido a lo restringido de nuestra situación financiera, y de los alcances que la misma tiene en materia presupuestaria para este año. Asimismo, porque considero que ahora es vital el avanzar en materia de cambio en las reglas de presupuestación, las cuales se basan en criterios históricos e introducen una serie de rigideces por todos conocidas y que son de la mayor inconveniencia en términos del diseño del trabajo universitario.
Es importante reseñar que el reajuste por sobre el IPC que se obtuvo en el llamado Aporte Especial para la Universidad de Chile, se justificó sobre la base de introducir renovación en nuestra planta académica. Como sabemos, este es un problema que nos afecta singularmente y que extiende sus resultados negativos en la calidad del trabajo estamental de la Corporación. Como serán recursos recurrentes, el programa se podrá repetir en años sucesivos, al mismo tiempo que podrán ser también dedicados al retiro de personal académico en condiciones de jubilar. En todo caso, el Programa para Académicos Jóvenes cumple un rol estratégico de mucha importancia para la Corporación, y son recursos que serán destinados a las Facultades para su administración en un proyecto que respalde o de comienzo a las iniciativas de renovación de nuestra planta.
Es también importante indicar que el Aporte Especial fue sometido a una severa amenaza durante la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2001 de la Nación, y se advierte que no será posible su aprobación en similares condiciones para el año 2002. Con ello se pondrá en grave riesgo el trabajo institucional, especialmente porque algunos sectores desconocen que el origen de estos recursos estuvo en la necesidad detectada en 1990, en orden a suplementar el presupuesto universitario. Este propósito se cumplió por medio de proyectos definidos en la oportunidad, en una forma más o menos arbitraria, cuestión que ahora se considera por parte de algunos en forma aislada del origen efectivo de los recursos, para así ponerlos como recursos concursables para todo el sistema. A estas propuestas ha contribuido el reclamo de grupos desde la propia Universidad en orden a acceder a estos fondos en forma independiente y suplementaria al presupuesto regular, olvidando el origen de los mismos, en el presupuesto regular universitario.
El presupuesto de la Universidad ha sido reajustado en el inflactor de 2.5%, cuestión que no resulta compatible con el reajuste que se otorgó a los funcionarios del sector público. Este procedimiento ha venido haciéndose en forma reiterada en los últimos años y ha sido la fuente de un creciente endeudamiento de la institución. Es importante reseñar otros dos efectos negativos en el presupuesto que este año están dando lugar a una crisis de aportes fiscales. Por una parte, el Ministerio de Educación ha venido implementando una estrategia de reducción de los llamados Fondos de Desarrollo Institucional (FDI), los cuales se han traspasados al fondo competitivo del MECESUP. A su vez, éstos no pueden ser considerados en el presupuesto debido a que un requerimiento del Ministerio es mantenerlos en cuentas de uso específico a los proyectos en cuestión. En segundo lugar, la revisión que se hace anualmente del 5% del AFD ha resultado negativa para la Universidad de Chile en los últimos años. Es pertinente indicar que estas dos medidas (revisiones del AFD y reducción del FDI) se inscriben en una estrategia de política que no se encuentra definida sino por la vía de los hechos, y la discusión que se ha emprendido sobre la materia no ha mostrado resultados concretos en torno a redefinir los propósitos de la autoridad en cuanto al desarrollo del aparato de Educación Superior.
En repetidas oportunidades he señalado que la situación financiera es extremadamente frágil. La deuda es significativa y demanda un pago sustantivo de intereses. Además, se arrastra un déficit operacional que ha ido haciéndose más marcado en la medida en que los aportes del gobierno han ido en reducción. La decisión tomada por este Consejo en orden a no contraer mayor deuda para cubrir los déficits de operación, como asimismo de no reducir activos para pagar los excesos de gastos sobre ingresos, han sido efectivamente ejecutados mostrando la responsabilidad de este Consejo y de las autoridades centrales de la Universidad. No cabe duda que el espacio que queda en este presupuesto para apoyar nuevas iniciativas es muy escaso, teniendo además presente la necesidad de reajustar en forma digna las remuneraciones base de nuestros funcionarios. Sin embargo, como lo he planteado ayer en el Ministerio de Educación, sufrimos de una merma académica progresiva por la caída relativa de los salarios, y la frecuente falta de horizontes de desarrollo; esto, sumado a la ya envejecida planta académica de la Universidad de Chile, levanta serios retos para una institución que está además presa de las rigideces que introducen las normativas del sector público, aplicables, aunque para todos los efectos de los subsidios que se nos aplica, se nos considera funcionarios del sector privado.
Consultados los señores Decanos, y teniendo en consideración que la Universidad de Chile no efectuó durante los últimos dos años ajustes de importancia en materia de aranceles, este año se decidió un incremento de 9%, con las excepciones de Ingeniería, Ingeniería Comercial y de Control de Gestión, y las carreras de Tecnología Médica y Fonoaudiología, que sufren incrementos de 12.5 a 15%, debido a las particulares situaciones de sus campos. Estas especiales consideraciones tienen que ver con necesidades de inversión, y renovación de equipos -cuyos valores dependen del dólar y no del IPC- como asimismo para sustentar la calidad de la docencia. Es evidente que esta decisión entra en contradicción con los anuncios del Ministerio en orden a no incrementar los Fondos para el Crédito Universitario, medida enteramente inapropiada si se considera que varias universidades han empleado en forma sistemática el aumento de cupos y de aranceles, siendo en ello validadas por las asignaciones de crédito. El Ministerio debería tomar una decisión basada en un estudio de las variaciones ocurridas en los últimos 5 ó 10 años en cuanto a cupos y aranceles, para así decidir respecto del objetivo de no validar crecimientos excesivos. Consideramos injusto que se piense que las Universidades del Estado deban subsidiar con sus recursos lo que constituye una responsabilidad del Estado: brindar igualdad de oportunidad a todos los más capaces para ingresar a la Educación Superior. Esperamos que el Ministerio de Educación corrija las situaciones que se crearán bajo la situación vigente. En cualquier caso, la Universidad de Chile debe reservar los recursos que sean del acaso para asegurar que no existirán problemas de crédito para nuestros estudiantes, en forma independiente de las decisiones del Ministerio de Educación.
Los problemas presupuestarios que expongo tendrán un carácter más grave en el futuro. El Ministerio ha anunciado su decisión de cambiar el criterio de asignación del Aporte Fiscal Indirecto, proyecto que tiene características aún indefinidas, pero que tenderán a ponderar mayormente las calificaciones de la enseñanza media; con ello es posible que exista una disminución de recursos importantes para nuestra Corporación. Por otra parte, existe la posibilidad que se nos aplique la nueva Ley de Rentas Municipales, de acuerdo a la cual tendremos que pagar impuestos por todas las propiedades de la Universidad de Chile, lo que significaría un monto importante de recursos.
No obstante haber renegociado la deuda bancaria en condiciones favorables, pese a las restricciones que se han introducido en materia de reducción de activos y nuevas deudas, además de haber superado sin recursos presupuestarios el grave problema de la editorial universitaria, y dejando establecido que hemos realizado un trabajo cuidadoso en cuanto a la organización y control presupuestario, cumpliendo también el compromiso de hacer el manejo financiero transparente y con decisiones oportunas, la Corporación continua teniendo problemas graves en su presupuesto. Para el año 2001, sumados los incrementos y decrementos de los distintos ítems que componen los ingresos de la Corporación, el reajuste en relación al presupuesto del año 2000 alcanza a 1.6%. Con ello, se puede otorgar un reajuste a las remuneraciones base de la Universidad de un 4.3%, para este esfuerzo es necesario destinar $300 millones para que las Facultades los asignen directamente al desarrollo de académicos jóvenes, dejando un remanente de $100 millones para similar propósito en el presupuesto del DID. Los estudios de la Vicerrectoría indican que algunas unidades académicas y los servicios centrales presentarán problemas para proceder a este ajuste. En el caso de las primeras, será necesario que reduzcan sus índices de morosidad, que se mantienen altos respecto del resto de las universidades; para los segundos es necesario reseñar que los servicios centrales han tenido una profunda reducción presupuestaria, que alcanza ya a más de 600 millones, que han acudido a respaldar actividades de las Facultades o de CEAC.
El presupuesto 2001 presenta varios problemas que deben atenderse con seriedad, y que no constituyen materias nuevas para la institución, a pesar de estar este año mostrándose con particular fuerza. Por una parte, el tema de la deuda que es de gran significancia para la Universidad, y que demanda un notable esfuerzo para cancelar los intereses. A pesar que el Consejo Universitario ha decidido no contraer nuevas deudas para llenar los déficits de operación, y al primar también la decisión de pagar deuda para disminuir el compromiso y mostrar la disposición a enfrentar el problema en forma concreta, el volumen de deuda ha disminuido solo en forma marginal. Esto hace necesario que debamos continuar con los esfuerzos en orden a que la autoridad pública nos ayude con este problema sobre la base de un paquete de reestructuración de deuda. Esta situación ha derivado en un segundo problema, que es la debilidad de nuestros programas de inversión, que están siendo cada vez más dependientes de fondos concursables, afectando a la ejecución de tareas nacionales de las cuales la Universidad es responsable, aún en forma contradictoria con su financiamiento esencialmente privado. Un tercer problema es la existencia de una brecha operacional que no ha podido ser llenada con más recursos del Estado, y no podrá serlo por la vía de un aumento de los ingresos propios o arancelarios, a menos que se introduzca una desfiguración respecto a nuestra misión en la sociedad chilena. En definitiva, y a menos que exista un cambio en las reglas que se nos aplican en materia de financiamiento, se hace urgente que en las distintas unidades se prepare un plan de acción basado en las orientaciones estratégicas que este Consejo debatió largamente, y en la necesidad de introducir una mayor compatibilidad financiera con la nueva realidad. Estamos solicitando al Ministerio de Educación, se estudie la posibilidad de adelantar recursos financieros a la Universidad con el objeto de otorgar condiciones más adecuadas para el retiro de quienes estén en situación de jubilación, como asimismo estamos insistiendo en la necesidad de considerar el traspaso de nuestros funcionarios al INP para reparar la pérdida previsional creada hace algunos años.
En este contexto, e independientemente de nuestras aspiraciones legítimas al cambio en las políticas financieras que se nos aplican, resulta urgente que se modifiquen las reglas internas que han operado en materia de asignación presupuestaria. Como sabemos, funcionamos con un presupuesto histórico en cuanto a su distribución, cuya revisión en forma estructural no ha sido llevada a cabo por varias razones. La primera es que, como resulta obvio, una nueva estrategia de asignación no crea mayores recursos, por lo que la misma se debe atener a la necesidad de entregar los recursos por aranceles y AFI a cada unidad, mientras que el AFD debe repartirse en función del cumplimiento de objetivos de investigación y/o metas de tipo nacionales. La segunda es que, hasta ahora no se ha contado con indicadores para proceder a este cambio en los criterios de asignación, ya que se requiere noción acerca de la productividad académica, medida con indicadores pertinentes y relevantes. Luego de más de un año de trabajo para elaborar este tipo de indicadores, hemos iniciado esa etapa del análisis, que nos permitirá poner en juego nuevas reglas de presupuestación del AFD basadas en resultados académicos y de gestión de los recursos, creando así el incentivo para que se utilice más adecuadamente el tiempo académico y los recursos disponibles para las actividades centrales de la Universidad en docencia, investigación y extensión.
No es independiente lo planteado anteriormente de nuestra propia conducta y austeridad en el manejo de nuestras responsabilidades directivas. Aquí, como se ha planteado en innumerables oportunidades, se está poniendo en riesgo el futuro de la Universidad de Chile, que se debate además en medio de políticas inapropiadas, de profundos sentimientos contrarios a la institución, y de grandes recelos en el contexto de otras instituciones de Educación Superior. La actitud lógica es la de aunar esfuerzos para enfrentar estas contingencias en forma proactiva, y dar al país una señal sobre nuestra preocupación y situación, sin con ello deteriorar innecesariamente una imagen que, por otra parte, es vital para el éxito de la institución como atractivo para los jóvenes chilenos y para quienes desean apoyarnos.